El contador del Instituto Nóos, la fundación que está en el centro de la trama de corrupción que sacude a la monarquía española, confesó que el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su ex socio Diego Torres mantenían el control absoluto de los negocios ilegales, acusación que, por otro lado, podría beneficiar a su esposa, la infanta Cristina de Borbón. Marco Antonio Tejeiro acusó al marido de la infanta Cristina y a Torres de diseñar una red corrupta que funcionó a través de facturas falsas y contratos irreales para generar beneficios fiscales. Diseñaron un entramado de empresas que operaban como un grupo, indicó el arrepentido. La confesión es toda una sorpresa y se produce después de que el juez del caso Nóos, José Castro, decidiera mantener la imputación contra la infanta Cristina, al considerar que intervino lucrando en su propio beneficio gracias a los negocios ilegales desarrollados por su marido. En este sentido, el magistrado entiende que Cristina cooperó de forma silenciosa en dos delitos fiscales cometidos por su marido.

Tejeiro se convierte en el primer arrepentido del llamado “caso Nóos” y asesta con su confesión un duro golpe a Urdangarin, a quien el juez instructor acusa de nueve delitos, entre ellos prevaricato, malversación, fraude a la administración y falsedad documental. Una semana después de que el juez de instrucción pidiera juzgar a Iñaki Urdangarin, el contador Marco Antonio Tejeiro Lozada, cuñado de Diego Torres, entregó ayer su confesión a la Justicia peninsular, en los tribunales de Palma de Mallorca. Su declaración es fruto de un acuerdo luego de que se mantuvieran negociaciones secretas con la Fiscalía Anticorrupción, que apeló el procesamiento de la hermana del rey Felipe VI por delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal. Su colaboración con la Justicia le valdrá probablemente beneficios penales, según medios españoles. El juez Castro puso fin la semana pasada a la instrucción del expediente. Además del duque de Palma, solicitó que se siente en el banquillo de los acusados a otras 16 personas.

El testimonio de Tejeiro Lozada ratifica los principales indicios delictivos que pesan sobre Urdangarin y Torres y refuerza la posición del fiscal Pedro Horrach, quien sostiene que ambos son responsables absolutos de la trama societaria urdida para apropiarse de unos seis millones de euros de fondos públicos y que la infanta no tuvo ninguna participación. De acuerdo con el testimonio brindado por Tejeiro, Urdangarin y Torres fueron los encargados de diseñar las compañías implicadas en el caso de corrupción y dirigieron su funcionamiento. Según el contador del Instituto Nóos, la fundación deportiva nunca fue una entidad benéfica, sino que siempre funcionó como una sociedad mercantil.

Además, sostiene que Aizoon, la sociedad que Urdangarin comparte al 50 por ciento con su esposa, era pantalla sin actividad alguna y fue creada para desviar los fondos públicos que el duque de Palma y su ex socio se apropiaron indebidamente a través del Instituto Nóos. En cuanto a la forma de apropiación, el contador del Instituto Nóos señala que Urdangarin y Torres dispusieron de “información privilegiada” antes de adjudicarse contratos millonarios con los gobiernos valenciano y balear, en manos del conservador Partido Popular (PP). Tejeiro, quien también está imputado en el caso y cuya confesión le permitirá reducir su eventual pena, detalló cómo se utilizaban facturas falsas entre las empresas de la trama para desviar el dinero público a las cuentas de Aizoon.

También asegura que ambos cabecillas de la trama idearon una estrategia para esconder ese dinero en paraísos fiscales y pagar menos impuestos. En sus conclusiones, luego de tres años de investigación, Castro considera que la hermana del rey Felipe VI debe ser juzgada. Por otra parte, la fiscalía y la defensa, que se oponen firmemente a que el trámite judicial contra la infanta avance en ese sentido, presentaron recursos de apelación en contra de su procesamiento.

En el último intento por evitar que la infanta se convierta en la primera integrante de la familia real española en ser juzgada por delitos de corrupción, la fiscalía cuestionó la imparcialidad del magistrado de la causa, mientras la defensa insistió en que la hermana del rey no participaba de los negocios de su marido y que no existen hasta el momento pruebas de lo contrario. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que ya levantó una vez la imputación contra la infanta, deberá decidir ahora si la hija del abdicado rey Juan Carlos y hermana de Felipe VI deberá sentarse o no en el banquillo de los acusados por delitos cuyas penas van desde los dos años y medio a los dieciséis años de prisión.

El escándalo de corrupción Nóos generó un gran daño a la imagen de la corona española, al punto de ser uno de los detonantes de la abdicación de Juan Carlos de Borbón. Consciente de la grave amenaza institucional que supone el juicio a su hermana, en términos de desprestigio para la corona, el rey Felipe VI prometió en su discurso de proclamación que iba a encarnar una monarquía renovada y acreedora de la autoridad moral que exigen los ciudadanos.