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El Congreso de México aprobó una reforma energética que abre el sector al capital privado. Se trata de una de las iniciativas más resistidas por la oposición, por la que bregó el presidente Enrique Peña Nieto (foto), y que demandó más de tres meses de intensos debates y polémicas. El paquete que reglamenta la reforma constitucional en materia energética aprobada en diciembre abarca 21 leyes, de las cuales nueve son totalmente nuevas y doce son modificaciones. Las nuevas disposiciones permiten el desembarco de empresas privadas nacionales e internacionales en el negocio de hidrocarburos y energía eléctrica, después de más de 75 años de dominio estatal a través de dos monopolios públicos, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Peña Nieto sostuvo que con la aprobación de las leyes reguladoras de la reforma energética “se ha sentado las bases para una nueva etapa de desarrollo y bienestar para las familias mexicanas”.

Los partidos de izquierda, que son los que más se opusieron a la reforma, alegan que se están poniendo en venta los bienes de la nación, lo que es rechazado por el gobierno. “La reforma energética no está privatizando ninguna empresa ni bien público”, afirmó el ministro de Hacienda, Luis Videgaray, en el contexto de los debates. México es el décimo productor mundial de crudo, pero su producción cayó en los últimos años desde un record de 3,38 millones de barriles diarios en 2004 a unos 2,5 millones en la actualidad debido a la falta de inversiones.

Según el director general de Pemex, Emilio Lozoya, el sector requiere de inversiones de 60.000 millones de dólares anuales y este año se invertirán 28.000 millones, una cifra record. Aunque el Estado mantiene la propiedad sobre los recursos naturales, Pemex tendrá que abrirse a la competencia. A cambio se le dará una mayor autonomía de gestión, el sindicato dejará de formar parte del consejo de administración, se reducirán sus obligaciones fiscales del 79 por ciento actual a un 65 por ciento de sus ganancias y el gobierno asumirá parte de su gigantesco pasivo laboral.

“Hoy se da un gran paso para el futuro de los mexicanos. Aprovecharemos mejor y de forma sustentable nuestros recursos energéticos. Produciremos energía limpia y de bajo costo, empleos bien remunerados y garantizaremos la protección de nuestro medio ambiente”, escribió Peña Nieto en su cuenta de Twitter. Tras pasar el último trámite en el Senado, el paquete completo de reformas quedó en manos del presidente para su promulgación, que se cree se instrumentará la próxima semana.

“La legislación pone en riesgo la renta petrolera, privilegia a empresas extranjeras, mientras endurece la carga impositiva a Pemex”, cuestionó la senadora de izquierda Dolores Padierna. Además, objetó que no se fija “el tope máximo de la renta petrolera que se podrán llevar los consorcios extranjeros”. Las nuevas leyes permiten otorgar contratos y asignaciones a petroleras privadas en exploración y extracción de hidrocarburos. Cuando se trate de yacimientos fronterizos, deberá haber al menos un 20 por ciento de participación estatal.