El Congreso de los Diputados español aprobó ayer una reforma del Código Penal para combatir el terrorismo, que introduce la cadena perpetua y tipifica como delito el desplazamiento a zonas de conflicto. La reforma nació de un “pacto de Estado” firmado el pasado 2 de febrero en La Moncloa entre el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el líder del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, quienes se comprometieron a reforzar la lucha contra la violencia jihadista tras los atentados ocurridos en París a principios de enero. La iniciativa fue aprobada con los 277 votos a favor del PP, PSOE, Foro Asturias, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, mientras que hubo 27 votos en contra y 19 abstenciones.

Los demás partidos opositores, por su parte, se negaron a apoyar la reforma por su carácter bipartidista, y consideran que sólo responde a fines electoralistas, según argumentaron durante la sesión que debatió la reforma, aprobada en solitario por conservadores y socialistas. La pena de cadena perpetua se aplicará a los “homicidios terroristas”, los cometidos contra el rey o el príncipe y contra jefes de Estado extranjeros. También aplican casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. En cuanto a la tipificación de delitos, la reforma incluye nuevos tipos de penas para poder conseguir y condenar a los “lobos solitarios”, como se denomina a los jihadistas que actúan sin estar directamente relacionados con una organización extremista. También penaliza la captación y el reclutamiento a través de Internet y los viajes a zonas de “iniciación” a zonas de conflicto, donde los jihadistas adiestran a sus combatientes. El texto tiene que ser ahora tramitado en el Senado.

En general, con las nuevas medidas se busca dar otro enfoque al tratamiento penal de terrorismo que hasta ahora estaba orientado fundamentalmente a combatir grupos organizados. Durante su intervención en el debate, el portavoz del PP, Rafael Hernando Fraile, tuvo palabras para Convergencia i Unió (CiU), la mayor fuerza política de Cataluña, a la que animó a borrar las diferencias mostradas la semana pasada con respecto a la reforma. “Les animo a ser capaces de alcanzar unidad para actuar con responsabilidad en una materia como el terrorismo. Ofrecemos a su grupo seguir dialogando en el Senado”, dijo Hernando Fraile, quien defendió la necesidad del pacto para dar una respuesta más eficaz al terrorismo. Por su parte, el portavoz del PSOE, Antonio Hernando Vera, señaló que el sistema penal es obsoleto. “En los últimos años ha habido importantes operaciones policiales de detención de 15 y 20 personas, y luego había que ponerles en libertad porque no había un tipo penal para condenarles, aunque se supiese lo que estaban haciendo. Claro que no teníamos un Código Penal adecuado”, explicó el diputado socialista.

El portavoz de Interior de CiU, Jordi Jané, denunció que el PP y el PSOE no invitaron al diálogo. “Hicieron un acuerdo bipartidista en el que una vez solemnizado y publicitado se invitó al resto”, dijo Jané. Tras denunciar que nadie los haya llamado para negociar enmiendas, advirtió que hay aspectos que su grupo no está en condiciones de avalar. El portavoz se refirió en particular a la prisión permanente, que la entienden como una definición desmesurada de terrorismo. También se refirió al concepto de adoctrinamiento pasivo: “Condenar a quien difunda contenidos, sí; a quien navegue por Internet, no”, opinó el vocero.

El diputado del Partido de Izquierda Republicana de Cataluña, Joan Tardá, denunció que la reforma penal apunta a los independentistas vascos, catalanes y gallegos y manifestó su rechazo concreto a los puntos específicos en relación con los artículos sobre el enaltecimiento del terrorismo. “Hay que castigar la incitación a la violencia, pero no puede ser considerado como terrorismo”, sentenció el parlamentario. El diputado nacionalista vasco Emilio Olabarría también denunció la reforma. “No se concede la presunción de inocencia a nadie sino que se criminaliza a todo el mundo”, dijo el diputado del Partido Nacionalista Vasco.

Por su parte, el portavoz de la coalición política vasca de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo, también expresó su rechazo al texto y centró sus críticas en la figura de la prisión permanente revisable, recordando los Grupos Antiterroristas de Liberación. “¿Están diciendo acaso que condenarían a Felipe González a cadena perpetua como máximo responsable de terrorismo de Estado por haber causado decenas y decenas de muertos?”, ironizó Errekondo.

El PP y el PSOE vienen limando su acuerdo inicial y el pasado lunes presentaron una serie de enmiendas para, entre otros motivos, acotar los supuestos en que desórdenes públicos puedan considerarse terrorismo. De este modo se reforma el código y los desórdenes sólo podrán ser considerados terrorismo cuando los cometa una organización, grupo terrorista o un individuo amparado en ellos. En otra enmienda, introducen un cambio en la redacción de los delitos de captación, adoctrinamiento y adiestramiento para incluir también la trata de mujeres con la finalidad de obligarlas a contraer matrimonio o explotarlas sexualmente por parte de una organización terrorista o de quienes colaboran con ella.