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Por Javier del Pino *
Desde Washington

Por segunda vez, el destino político del presidente de EE.UU., George W. Bush, puede depender de la Corte Suprema de Justicia. Los mismos jueces que llevaron a Bush a la Casa Blanca tendrán que decidir a partir de junio próximo sobre la legalidad de la política antiterrorista del gobierno y su decisión de mantener encerrados en Guantánamo a quienes él mismo cataloga como “combatientes enemigos”.
Dado que la sentencia llegará en medio de la campaña para las elecciones presidenciales, el resultado puede acabar inclinando la balanza electoral en favor de la reelección o de la sustitución del actual presidente. De las dos sentencias judiciales recientes en contra de la política antiterrorista del gobierno, una de ellas, formalizada en un tribunal de apelaciones de San Francisco, pone en entredicho la esencia misma de esa estrategia político-judicial de George W. Bush. Un juez determinó que los 660 presos de Guantánamo deben recibir las mismas prerrogativas judiciales que cualquier otro detenido en territorio de EE.UU. El gobierno ha amparado el tratamiento de estos presos en su clasificación como “combatientes enemigos” y, sobre todo, en el hecho de que estén retenidos en un territorio que legalmente no pertenece a este país. EE.UU. paga una especie de alquiler anual al gobierno de Cuba por la base de Guantánamo, aunque históricamente Fidel Castro se niega a cobrar la renta como gesto de desprecio por la ocupación de esa base.
El juez de San Francisco ha determinado lo contrario. Establece que la base de Guantánamo está a todos los efectos bajo la autoridad de EE.UU. y se ve sujeta, por tanto, a los mismos derechos y deberes que se aplican en el territorio de este país. Sentada esa premisa, el tratamiento al que se somete a los presos –incomunicados, sin derecho a abogado y sin acusaciones formales contra ellos– es, según el tribunal de apelaciones de San Francisco, “inconsistente con los principios fundamentales de la jurisprudencia estadounidense”. Además, esa política carcelaria, se dice en la sentencia, “plantea graves preocupaciones bajo las leyes internacionales”. El efecto inmediato es el derecho a un abogado para todos los presos retenidos en la isla, aunque el propio tribunal dejó en suspenso la aplicación de la sentencia porque es consciente de que la Corte Suprema ha aceptado pronunciarse sobre esta polémica.
El gobierno, a través del portavoz de la Casa Blanca, ha recordado que otro tribunal de apelaciones en Washington se pronunció en el sentido contrario al de San Francisco, que es un distrito judicial de principios más liberales que los del resto del país. Otro tribunal, esta vez en Nueva York, había decidido horas antes que la clasificación de “combatiente enemigo” no se puede aplicar a un individuo de nacionalidad estadounidense detenido en el territorio de este mismo país. El caso hacía referencia a José Padilla, detenido en Chicago hace año y medio y acusado -públicamente, no en ningún tribunal– de haber intentado preparar una “bomba sucia” para un atentado. Al final del proceso, la Corte Suprema acabará decidiendo en realidad sobre la constitucionalidad de la política antiterrorista del presidente Bush. Su portavoz, Scott McClellan, calificó las sentencias de “inquietantes y defectuosas”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.