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El ex dictador chileno Augusto Pinochet deberá explicar con qué dinero adquirió los once bienes inmuebles estimados en un valor de un millón y medio de dólares, a pedido del juez Juan Guzmán Tapia. Este acogió la petición formulada por abogados de organizaciones de derechos humanos y que apunta a conseguir el embargo de los bienes de Pinochet, mientras se investiga el origen de los depósitos entre cuatro y ocho millones en las cuentas del Riggs Bank, en Washington. El abogado defensor del militar, Pablo Rodríguez, dijo que “había una persecución contra Pinochet”. El pedido de Guzmán se suma a la querella por fraude presentada por los abogados Hertz e Insunza, y a la denuncia del Consejo de Estado de Defensa.
Juan Guzmán Tapia, que investiga las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen del general Augusto Pinochet, ordenó a la policía especializada que indague la cuantía de los bienes del ex dictador. La acción de Guzmán es paralela a las investigaciones que inició el juez Sergio Muñoz, para determinar el origen de las cuentas secretas que Pinochet mantuvo en Estados Unidos. Según la consultora privada Dicom, el dictador posee once bienes inmuebles por un valor estimado en 1,3 millones de dólares. El patrimonio del militar incluye dos departamentos en Viña del Mar, una residencia en la norteña ciudad de Iquique, un extenso terreno con casa en El Melocotón, al sudeste de Santiago, además de una lujosa residencia que mantiene en el exclusivo barrio capitalino de La Dehesa.
Pinochet es propietario además de una casa de descanso en Los Boldos, en la zona costera de Bucalemu, 120 kilómetros al oeste de Santiago, en la que suele descansar durante el verano y los fines de semana, desde que se retiró de la vida pública en julio de 2002. “Son principalmente los bienes en El Melocotón, Valparaíso y otras ciudades del país”, dijo la abogada Julia Urquieta, al referirse a los antecedentes entregados al juez.
El pedido de embargo de los bienes del ex dictador fue planteado por los juristas Julia Urquieta, Fabiola Letelier, Hiram Villagra y Hugo Gutiérrez, que desde hace cuatro años intentan enjuiciar a Pinochet por los más de 3000 muertos y desaparecidos que dejó su régimen. Aunque la Corte Suprema liberó de cargos a Pinochet hace dos años, al considerar que padece una demencia moderada, la Corte de Apelaciones de Santiago lo privó de su inmunidad el pasado 28 de mayo y lo dejó expuesto a un nuevo proceso por los crímenes de la “Operación Cóndor”, que investiga el juez Guzmán Tapia. La Corte Suprema deberá ratificar o revocar el desafuero, posiblemente en agosto, después de examinar los antecedentes que vinculan a Pinochet con el plan de las dictaduras sudamericanas de los años ‘70 para eliminar a sus opositores.
Tras la orden de investigar los bienes del ex presidente de facto, su abogado defensor Pablo Rodríguez afirmó que todas las peticiones tienen por objeto “castigar, molestar y hostilizar al general Pinochet”, en alusión a los abogados de las organizaciones humanitarias.
“No ha habido ningún acto que sea reprochable ni de corrupción que pueda atribuirse al general Pinochet”, insistió Rodríguez.
El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, manifestó por su parte su deseo de que “se aclare” el origen de las cuentas en el Riggs Bank, con el que su institución también realizó operaciones. Los antiguos aliados políticos de Pinochet le dan la espalda ante las sospechas de corrupción que pesan sobre el general. El presidente del Senado, Hernán Larraín, del derechista partido Unión Demócrata Independiente, que sustentó la dictadura de Pinochet, afirmó que no “pondría las manos en el fuego” por él, en referencia a su inocencia por las acusaciones del origen ilícito del dinero en las cuentas secretas en Washington.