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El gobierno de José María Aznar contrató por dos millones de dólares, en diciembre de 2003, tres meses antes de las elecciones en España, los servicios de la firma de abogados Piper Rudnick, lobbistas en Washington, para difundir su imagen en EE.UU. y lograr las firmas necesarias para que le concedan la medalla de oro del Congreso. La información fue difundida por la cadena de radio SER y confirmada por el ex secretario de Exteriores, Ramón Gil Casares, aunque se negó a responder si el contrato incluía la promoción de Aznar.
La ex ministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio también confirmó la existencia del contrato, pero aseguró que son muchos los países que contratan en Estados Unidos servicios similares y que el gobierno del PSOE mantiene la relación con la firma. Según la cadena SER, el contrato fue firmado en secreto y se financió con fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores a través de un cauce extraordinario que garantizaba la confidencialidad. Los fondos se desviaron a través de la Secretaría de Estado para Asuntos Exteriores e Iberoamérica. Javier Rupérez, entonces embajador de España en Washington, intervino como representante del gobierno y en el contrato firmado con los abogados se convino un pago inicial de 700.000 dólares y pagos mensuales de 100.000, hasta completar dos millones.
La cadena SER tiene la documentación que acredita el contenido de la información, en especial el recibo de los 700.000 dólares, y lo colocó en su página de Internet. Aunque en el contrato inicial se establece que el objetivo era asistir al gobierno de España en cuestiones de diplomacia pública y comunicación estratégica, las facturas giradas –tan minuciosas como para desglosar un gasto de 6,63 dólares en estampillas– demuestran gestiones específicas de los abogados por la medalla de oro del Congreso.
El tema llegó al Congreso el 2 de febrero. En las semanas anteriores, los abogados redactaron una carta en nombre del embajador Rupérez “para describir los logros del presidente Aznar durante sus ocho años de presidencia” y contactaron despachos de congresistas para “rogar la asistencia” al discurso que pronunció Aznar. La asistencia fue tan escasa que fue necesario llenar los asientos vacíos con empleados y turistas.
El detalle de las facturas especifica las gestiones en despachos de congresistas y senadores para pedirles la firma de apoyo a la concesión de la medalla de oro. La propuesta fue aprobada el 15 de mayo de 2003 y a finales de año había logrado unas pocas decenas de firmas, de modo que su promotor, el diputado Jim Gibbons, urgió a sus colegas en una sesión de la cámara para que aprobasen la iniciativa. Tres meses después de iniciarse las gestiones de Piper Rudnick, la resolución contaba con las 290 firmas necesarias para que se tramitase en el pleno de la cámara. Hasta el jueves, según la misma información, se habían conseguido 306 firmas, pero en el Senado, cuya intervención es preceptiva para la concesión de la medalla, ni siquiera se ha iniciado la tramitación de la propuesta.

De El País de Madrid. Especial para Página/12.