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El juez Carlos Cerda sometió ayer a procesamiento y ordenó el arresto domiciliario del ex dictador Augusto Pinochet por cuatro delitos de corrupción relacionados con las millonarias cuentas secretas que mantuvo en el exterior, y le concedió la libertad bajo fianza, previa aprobación por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago y el pago de una fianza cercana a 23 mil dólares. Pinochet fue notificado del procesamiento, que su defensa apelará, y por tercera vez en su vida quedó arrestado en el país, aunque esta es la primera ocasión en que la causa es su enriquecimiento ilícito. Cerda procesó al ex dictador por los cuatro delitos por los que la Corte Suprema concedió su desafuero: evasión tributaria por poco más del equivalente a 2,4 millones de dólares; confección de cuatro pasaportes falsos y uso de dos ellos; elaboración y extensión en un acto público “jactanciosamente ejemplarizador” de una declaración jurada falsa en la que omitió bienes y falsificación de dos certificados atribuidos a la Subsecretaría de Guerra, según estableció el juez en su resolución.
Durante la mañana, la secretaria de la Corte de Apelaciones, Silvia Papa, fue a notificar de su arresto a Pinochet en su domicilio del barrio La Dehesa, el más lujoso de Santiago. Mientras la Corte no conceda la libertad bajo fianza, Pinochet sólo podrá salir de su domicilio por prescripción médica, previa autorización del juez. Cerda resolvió otorgar la libertad provisional al ex dictador porque, explica en su resolución, la vida cotidiana de un nonagenario “no es peligrosa para la seguridad de la sociedad” mientras sigue el proceso. Argumenta también que las diligencias están avanzadas y que advierte ánimo de las partes para que progresen, por lo que la libertad no es un riesgo.
El jefe del equipo jurídico de Pinochet, abogado Pablo Rodríguez, afirmó que apelarán tanto el monto de la fianza, puesto que la Justicia mantiene embargados los bienes del general, como el procesamiento. Explicó que éste ocultó sus bienes porque siempre ha sido perseguido “por el marxismo internacional” y consideró una “vergüenza” procesar a una persona de 90 años e incapaz de defenderse por su demencia senil. De la celeridad con que la Corte resuelva su situación dependerá si Pinochet pasa mañana su 90 cumpleaños bajo prisión preventiva domiciliaria, aunque se espera que el tribunal se expida, a más tardar, el mismo viernes. Pero los ánimos no están para festejar entre los pinochetistas.
La sociedad chilena no tembló como en otras ocasiones al abrir el proceso a Pinochet. Aunque todavía hay quienes justifican los crímenes de la dictadura por el contexto político, nadie se atreve a defender su corrupción. La resolución se consideraba inminente por los interrogatorios previos de Cerda al general y su decisión de usar el informe médico que lo declaró apto para enfrentar un juicio, emitido para otro juez, Víctor Montiglio, que investiga paralelamente la responsabilidad de Pinochet en 15 casos de detenidos desaparecidos. El ministro portavoz del gobierno, Osvaldo Puccio, afirmó que el caso demuestra la independencia del Poder Judicial y que se aplica la ley, mientras el ejército permaneció inicialmente en silencio ante la situación del ex jefe de la institución. La honestidad y el honor son fundamentales para los militares, comentó la candidata presidencial de la coalición gobernante y ex ministra de Defensa, Michelle Bachelet, por lo que este procesamiento “debe haber sido muy duro para la gente que creyó, que quiso a su comandante en jefe”.
La detallada encargatoria de reo de Cerda, basada en buena medida en la investigación previa que realizó el juez anterior a cargo del caso, Sergio Muñoz –ahora juez de la Suprema Corte (ver aparte)– establece los manejos ocultos de Pinochet de sus cuentas, con el apoyo de su familia y camarilla cercana. En 1999 y 2000, mientras estaba detenido en Londres por petición de la Justicia española, el ex dictador se comunicaba con una ejecutiva del Riggs Bank en esa ciudad, Martha Shepard, usando códigos para mover el dinero o saber sus saldos. En una carta le daba instrucciones para que sus parientes retiraran dinero: “Querida Martita. Le presento a mi hija, a quien, conforme a la llamada telefónica, entregar con doc 10 para canje, entregar a ella 10 verdes 10E y estado C/C’, firmando con uno de sus nombres, ‘José’. Esta ejecutiva le responde a Pinochet: ‘Querido José: CS-%L-104 D S-111 S-4493 S-1000, S-1619. Reciba saludos afectuosos, y mil felicidades por su cumpleaños”.
Según la resolución, Pinochet amasó en cuentas en el exterior un total de 25,9 millones de dólares. Los pasaportes, agrega el juez, fueron extendidos con diversas irregularidades: nombres distintos de los de Pinochet, como “Augusto Ugarte”, o con números de identidad que no corresponden al suyo, o firmas diferentes de la propia, y con la frase “autorización de viaje conforme”, que se utiliza para viajes de menores de edad sin compañía de mayores. A los pasaportes también les faltan páginas.
En la declaración de bienes que hizo Pinochet meses antes de dejar el poder, en octubre de 1989, bajo juramento y ante notario, con difusión como un acto de probidad, “ocultó deliberadamente cuantiosa fortuna”, sostiene el juez. Entre ellos, su fortuna en el exterior y varios de sus inmuebles en Chile. Los certificados de ingresos falsos de la Subsecretaría de Guerra son un “embuste” destinado a “la autoridad de un país extranjero que investigaba el origen de los haberes (de Pinochet)”, agrega la resolución de Cerda. La reacción de los querellantes fue de amplia satisfacción. La abogada Carmen Hertz, viuda de un detenido desaparecido, quien interpuso la querella por el caso Riggs, afirmó que la investigación debe concentrarse ahora en el origen de la fortuna de Pinochet, cuya parte más turbia son las comisiones pagadas al ex dictador en compras de armamento, y pidió cooperación a la justicia de otros países.
A menos de tres semanas de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el ex dictador no tuvo voces en la derecha que se alzaran en su defensa, pero sí para apoyar su encausamiento o la labor de la Justicia. Uno de los candidatos presidenciales de la derecha, el ex alcalde Joaquín Lavín, que fue funcionario de la dictadura, lamentó que a su edad Pinochet deba pasar por esto, “pero la ley pareja no es dura”, mientras el otro postulante de este sector, el millonario Sebastián Piñera, apoyó el juicio contra el ex dictador.
Pinochet quedó procesado en este caso al igual que su esposa, Lucía Hiriart, y su hijo menor, Marco Antonio, ambos encausados como cómplices del fraude tributario; su secretaria privada, Mónica Ananías y su ex albacea, Oscar Aitken. El juez Montiglio, que investiga los crímenes de Pinochet, ya lo ha interrogado y careado con quien fuera su brazo derecho, el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general Manuel Contreras, está también en condiciones de someterlo a proceso.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.