[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La Constitución porteña tiene lagunas en su regulación del juicio político. Sin pretender agotar el tema, puede decirse con que algunas son omisiones o errores y otras son más bien delegaciones implícitas al Legislativo, que debieron ser cubiertas antes de estos días de vértigo. Pero nadie se ocupó del tema y ahora todo se intenta hacer contrarreloj en las peores condiciones imaginables. Hoy, el pleno de la Cámara debatirá qué hacer con el reglamento (de momento virtual) de la Sala Juzgadora que tiene cuatro meses improrrogables para dictar su veredicto.
La discusión legal no es sencilla ni suscita posiciones unánimes entre los especialistas, lo que no habilita la socorrida frase de las dos bibliotecas, ya que no hay casi bibliografía sobre el punto específico. Quienes aconsejan acudir al debate constituyente para buscar una pista interpretativa también están en un brete, porque no hubo discusión en comisión sobre los artículos respectivos y también fueron unánimes las posiciones en el recinto. Así las cosas, se está frente a un intríngulis jurídico cuyas implicancias políticas son formidables, lo que exigiría un saber y una ponderación escasos en la Legislatura.
La intervención del presidente del Supremo tribunal, Julio Maier, está impuesta por la Constitución para preservar el equilibrio de poderes en una instancia en que el Legislativo puede tomar decisiones muy graves respecto del Ejecutivo. Por añadidura, Maier es un jurista prestigioso, precisamente en materia procesal. Pero, básicamente, es el representante del tercer poder estatal en un caso de conflicto entre los otros dos. Las aceleradas versiones acerca de intentos de legisladores de recusarlo revelan una irresponsabilidad institucional severa y un grado de radicalidad antidemocrática preocupante. El escenario requeriría sensatez y estudio, pero rezuma exasperación.
En tanto, como se informa en detalle en nota aparte (ver página 6), la Cámara de Casación se apresta a revocar la excarcelación de Omar Chabán. De momento, no se sabe si acogerá el pedido del fiscal Raúl Plee de apartar del expediente a los camaristas penales Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigós de Rébori. El planteo fiscal es una exorbitancia que busca castigar a dos magistrados responsables y capacitados por no plegarse al ala “mano dura” del Poder Judicial. Bruzzone y Garrigós de Rébori fueron fustigados con desmesura por los familiares de las víctimas y el propio presidente Néstor Kirchner, cuando tomaron la decisión que hoy será alterada. En ese momento se puso en tela de juicio su probidad, se vaticinó que Chabán se profugaría y se denunció su garantismo como un camuflaje que encubría vocación por la impunidad. Andando los meses, el empresario no huyó y los camaristas manejaron con calidad el trámite, que avanza con bastante celeridad sin merecer reproches serios de ningún profesional ni ningún analista serio. Los cargos contra Chabán fueron modificados, pero para procesarlo por delitos graves en una sentencia irreprochable.
Pero sus señorías están en la picota y no sólo en Casación. El martes deberán concurrir a “dar explicaciones” (algo parangonable a una indagatoria) ante el Consejo de la Magistratura. La citación fue urdida por el diputado Jorge Casanovas, quien en su momento intentó sin éxito colgarse de los faldones de Juan Carlos Blumberg. Casanovas se valió de una mayoría contingente en el Consejo para hacer la citación, muy solicitada por un grupo minoritario y exaltado de familiares de las víctimas de la tragedia de Cromañón. La intención patente de Casanovas es montar un circo romano para mortificar o amedrentar a los magistrados. No es que su ambición se detenga allí, pero ocurre que está de salida del Consejo, pues su mandato termina el 10 de diciembre. Daría risa si no fuera grave que Casanovas abuse de su poder in extremis mientras, en el mismo tema, nadie se atreve a avanzar con las facultades de la Sala Juzgadora hasta dirimir una cantidad de intríngulis legales.
En un marco enrarecido por la ausencia de reglas legales previas, donde escasea la política y sobreabundan las interpretaciones capciosas, todo parece conducir a la judicialización, que se atisbó con la presta aparición del juez Roberto Gallardo. Ese desemboque, que se redondearía con una persecución injusta a tres jueces de jerarquía inusual, todavía es evitable. Si no se frenara la bola de nieve, ocurriría una frustración que acaso satisfaría a pequeños partidos de izquierda carentes de peso legislativo a los que cada vez parece pintarles más el sofisma “cuanto peor, mejor”. Pero que no sería deseable para las fuerzas progresistas del distrito y tampoco para el macrismo, si quisiera demostrar a la hora de los bifes que no le calza el sayo de golpista que le enrostran sus adversarios.