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La Casa Blanca, luego de semanas de resistencia, llegó ayer a un acuerdo con el Senado sobre la prohibición de la tortura y la reglamentación del trato de los extranjeros detenidos en la lucha antiterrorista. El presidente estadounidense, George W. Bush, que inicialmente se resistió a la medida por considerarla un obstáculo en la lucha antiterrorista, ahora elogió al autor de la propuesta, John McCain, como un paladín de los valores de Estados Unidos. La enmienda prohíbe el trato o castigo “cruel, inhumano o degradante” de los detenidos bajo custodia de Estados Unidos y establece que el manual de operaciones del ejército regule los interrogatorios. El acuerdo cobra especial relevancia ante la polémica creada por la supuesta existencia en Europa de cárceles secretas de la CIA y denuncias de que vuelos de Estados Unidos con sospechosos de terrorismo a bordo hicieron escala en países europeos, además de las acusaciones de malos tratos en la base de Guantánamo, Cuba.
El acuerdo “deja claro al mundo que este gobierno no tortura y se adhiere a las convenciones internacionales contra la tortura, sea aquí o en el extranjero”, dijo Bush. Por su parte, McCain agradeció los esfuerzos y “participación activa” del mandatario estadounidense por “resolver este asunto tan difícil”. “Estoy muy complacido de que alcanzamos este acuerdo y que ahora podamos avanzar para asegurarnos de que el mundo entero sepa, como ha dicho tantas veces el presidente, que nosotros no practicamos la tortura ni el trato cruel o inhumano”, señaló McCain.
Los senadores republicanos McCain y John Warner indicaron que la medida elimina la única traba pendiente en la aprobación definitiva del proyecto de ley de gastos militares para el año fiscal 2006. En un principio, la Casa Blanca había amenazado con vetar el presupuesto si se mantenía la enmienda contra la tortura, exigiendo que la CIA estuviera exenta de la legislación. McCain aseguró, por su parte, que la medida no ofrece excepción alguna y que los únicos cambios en la propuesta están relacionados con el código de justicia militar, que no alteran su objetivo final. Bajo el acuerdo, los interrogadores de la CIA tendrán el derecho –ya extendido entre los militares– de defenderse por cargos de abuso alegando que estaban obedeciendo una orden legal.