El estado brasileño de San Pablo sigue bajo un fuerte dispositivo de seguridad, aunque ayer comenzó a recuperar su vida normal, tras una semana de violencia extrema, en razón de los ataques adjudicados al grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC). Se confirmó en forma oficial que hubo 172 muertes. En ese total figuran 109 presuntos delincuentes, 33 policías, 18 presos, ocho agentes penitenciarios y cuatro civiles, informó la Secretaría de Seguridad. Al menos dos fuentes oficiales, con reserva de nombres, reconocieron que se investiga la posibilidad de que “una buena parte” de los 109 supuestos delincuentes asesinados en las calles puedan ser personas “totalmente ajenas a los hechos de violencia”.

En total, en las calles se produjeron 299 ataques, de los cuales 82 fueron contra autobuses, 58 a residencias de policías y 17 a agencias bancarias. En las operaciones policiales fueron decomisadas 149 armas y fueron detenidos 125 sospechosos. Además, se produjeron motines en 73 presidios del estado. La Secretaría de Seguridad confirmó que por segunda noche consecutiva no hubo incidentes vinculados a los ataques.

El comandante general de la Policía Militar, coronel Elizeu Eclair Teixeira, sostuvo que la situación está normalizada. A pesar de la ola de violencia, las autoridades decidieron mantener la convocatoria de un gran acontecimiento masivo llamado “Virada Cultural”. Se trata de 24 horas de espectáculos culturales en numerosos puntos de la ciudad, que comenzaron en la tarde de ayer y finalizarán hoy con las primeras horas de la noche. “Llamo a la población a que no deje de lado el ocio”, dijo el comandante Teixeira. “Será una forma de demostrar que San Pablo no se rinde a los bandidos”, coincidió el presidente de São Paulo Turismo, Caio Luiz Carvalho. La Policía advirtió, de todos modos, que la ciudad permanecerá bajo un fuerte esquema de seguridad policial.

Entre las medidas dispuestas figura la anulación temporaria de las visitas familiares en los presidios donde se produjeron incidentes, con el fin de evitar nuevos motines con rehenes. En esas cárceles, los principales líderes del PCC que desató la violencia fueron aislados y la señal de telefonía móvil bloqueada, para evitar que organicen nuevos ataques. Las organizaciones de derechos humanos reclaman explicaciones, ante el saldo de 109 presuntos delincuentes muertos en los últimos días. Las autoridades dijeron que no darán a conocer sus nombres.

El auditor de la Policía, Antonio Funari Filho, admitió que “todos los homicidios no aclarados que la Policía no asume pueden ser de un comando paralelo o de policías vengando las muertes de sus colegas”. Un portavoz de la Secretaría de Seguridad Pública afirmó por su parte que “no hay ninguna denuncia contra policías”, pero de todos modos las investigaciones seguirán su curso, en base a los informes de la morgue.

Ante la presión de los organismos de DD.HH., fiscales y abogados que reclaman la identificación de las víctimas, el portavoz policial aseguró que la reserva se debe a “una operación de inteligencia” destinada a lograr la detención de otros de los implicados en los ataques contra objetivos del Estado. El gobernador de San Pablo, Claudio Lembo, dijo a la prensa que los nombres no serán divulgados para preservar “la intimidad de la familia”. Hasta el momento, las autoridades permitieron la realización de los sepelios de 64 de los fallecidos. En todos los casos, sin revelar sus nombres.