En una operación conjunta de la Justicia francesa y española fueron detenidos durante la madrugada de ayer 12 miembros del aparato del grupo separatista ETA encargado de cobrar el famoso “impuesto revolucionario” con el que los etarras financiaban sus actividades clandestinas. Entre ellos se encuentra Julen Madariaga, uno de los fundadores del grupo. El golpe llega en un momento delicado, cuando las negociaciones de paz entre ETA y el estado español para acabar con casi medio siglo de lucha armada están a punto de comenzar.

La operación judicial conducida por la nueva estrella de la Audiencia Nacional, el juez Fernando Grande-Marlaska, una especie de Baltasar Garzón contemporáneo que ha labrado su fama gracias a la dureza de sus actuaciones contra ETA, tuvo inmediatas repercusiones políticas. El ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba dio una rueda de prensa durante la tarde en la que se congratuló por la buena noticia, dejando en claro que la caída de este grupo de históricos de la banda (la edad de los 12 detenidos supera en la mayoría de los casos los 60 años) no altera la hoja de ruta del proceso de paz.

No lo ve de esa manera la llamada “izquierda abertzale”, brazo político de ETA ilegalizado durante los años del gobierno del derechista José María Aznar. Su principal referente, Arnaldo Otegui, calificó a la operación de “ataque frontal al proceso de paz”, al tiempo que se preguntaba “¿buena noticia para quién y para qué?” mientras defendía a los detenidos: “son luchadores por la autonomía del pueblo vasco”.

La operación ha cobrado relevancia no sólo por afectar a figuras históricas del grupo separatista, sino porque ha golpeado la columna vertebral de ETA en un momento en el que sus únicas posibilidades de supervivencia dependen de los fondos que el grupo recauda, o mejor dicho recaudaba hasta el inicio del proceso de paz, gracias a la extorsión de empresarios a ambos lados de la frontera hispano-francesa.

El centroderechista Partido Popular, acérrimo opositor al proceso de paz abierto por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no ha dejado de mencionar durante estos días que esas extorsiones continuaban a pesar de la anunciada tregua etarra y algunos empresarios han mostrado a la prensa y la justicia mensajes amenazadores expedidos por ETA supuestamente después del comienzo de la tregua. Los servicios de Inteligencia españoles han negado con contundencia que esa correspondencia haya sido emitida con posterioridad al anuncio del alto el fuego y el gobierno del PSOE sospecha que detrás de las acusaciones de la oposición sólo se oculta un interés político de tinte electoralista tendiente a hacer naufragar las negociaciones. Al PP le aterroriza que Zapatero concluya con éxito las negociaciones y acabe para siempre con esa extraña anomalía terrorista española en la que se ha transformado ETA durante los últimos años.

Las detenciones producidas ayer son el resultado de un sumario abierto en 1998 por la Justicia española y el Ministerio del Interior sabía desde hace una semana que el juez Grande-Marlaska se aprestaba a dar otro golpe de escena en un momento tan poco oportuno. Pero el ejecutivo socialista no tenía mucha opción: o se sumaba al golpe judicial y lo calificaba de positivo a pesar de los esperados reproches de la izquierda vasca pro etarra, o se arriesgaba a mostrarse ante la sociedad española como demasiado conciliador con la banda, regalándole a la derecha una victoria política innecesaria.

Para complicar aún más la trama, el más conocido de los detenidos, el cofundador de la banda en 1959, Julen Madariaga, concedió una entrevista, curiosamente mantenida inédita hasta ayer, al ultraopositor diario El Mundo, vocero de la derecha fundamentalista católica y vinculado al núcleo más duro del PP que se reúne en torno del ex primer ministro José María Aznar. El Mundo destapó ayer de improviso la entrevista, en la que Madariaga afirma no arrepentirse de nada, critica los últimos años de actuación de ETA, afirma que abandonó su brazo político, el partido Herri Batasuna, luego de que la banda asesinara al líder del PP en la provincia vasca de Guipúzcoa, Gregorio Ordóñez, en enero de 1995, y se pregunta sobre qué será del futuro de la organización sin el dinero proveniente del “impuesto revolucionario”. Pero Madariaga no abandonó la rama política de la organización porque sus posiciones fueran más moderadas sino más bien por lo contrario. Siempre fue considerado uno de los duros del grupo y su detención alimentará con seguridad los argumentos de los sectores más renuentes al abandono de la lucha armada, razón por la cual la operación protagonizada por el diario El Mundo se vuelve aún más sospechosa. Nada mejor que meter preso a un histórico duro y díscolo, para sembrar dudas entre los numerosos presos etarras que aguardaban ansiosos en las cárceles españolas el desenlace del proceso de paz en el que se está jugando su futuro político José Luis Rodríguez Zapatero.

Mientras tanto, socialistas y dirigentes de la izquierda vasca no pueden disimular la incomodidad que les plantea la nueva situación, ya que ambos quedan atrapados en la peor de las dialécticas posibles. De las actitudes y las declaraciones que el grupo detenido ayer produzca en los próximos días dependerá, con toda seguridad, gran parte de la suerte del proceso de paz que apenas comienza.