Comenzó como una polémica que no trascendía los pasillos de la Legislatura bonaerense y bares aledaños. Pero el debate, que involucra sumas millonarias de recaudación, fue superando el microclima político. La revelación del tema obligó a varios dirigentes a opinar sobre el asunto, entre ellos al gobernador Felipe Solá. Se trata de la intención oficial de renovar las licencias de los bingos –de los 32 que hay en la provincia, muchos tienen sus permisos a punto de vencer– y aprovechar la renovación para incrementar los ingresos fiscales. Legisladores del oficialismo y la oposición coinciden en que el impulso al proyecto viene del gobierno provincial y que el objetivo principal es darles a los bingos 15 años más de explotación. El propio Solá reconoció que va a enviar una ley a la Legislatura para tratar el tema, aunque cerca suyo negaron que el plazo previsto sea de 15 años.

El negocio de los bingos en la provincia de Buenos Aires implica cifras y ganancias muy importantes. Según datos que manejan en la Legislatura, la actividad de las casas de juego –la mayoría vinculados al grupo Codere, corporación española con presencia en toda América latina– implicaría unos 3000 millones de pesos al año. Los números que se manejan son tan altos que los bingos se han ido convirtiendo en uno de los principales aportantes –sino el que más– para las arcas provinciales. La contribución fiscal se incrementó aún más tras el aumento de impuestos y canon que dispuso Solá hace tres años, cuando se conectó on-line a las máquinas tragamonedas con la Dirección provincial de Loterías y Casinos. Los antecedentes demuestran que la explotación de los bingos es un negocio muy lucrativo y en la política se sabe. Uno de los primeros en entenderlo fue Eduardo Duhalde, quien acercó a Codere al club Banfield, el equipo de sus amores. Así fue que durante las últimas dos copas internacionales que jugó el Taladro, la corporación española fue sponsor de la camiseta oficial. “Desde Codere argentina quisimos mostrar nuestro agradecimiento hacia la gente que nos ayuda a crecer día a día”, dijo en aquel momento el presidente de la filial argentina de Codere, Héctor Luna. Pero la influencia de Codere (aunque no es el único grupo que se dedica al rubro. Le están surgiendo competidores como Casino Club) llega también hasta el presente. En una de las visitas de Néstor Kirchner a Nueva York, el director financiero de Codere América, Roberto Gray, prometió invertir en la Argentina 600 millones de dólares en los próximos años.

Según la ley vigente que regula el juego en la provincia, la recaudación de los bingos se debe distribuir de la siguiente manera: un 58 por ciento para pagar los premios de los participantes, el 23 por ciento como ganancia para el titular que está autorizado por licencia para explotar el juego (deben ser entidades de bien público), el 4 por ciento para el municipio donde está radicado el bingo, el 2 por ciento para el ministerio de Desarrollo Humano provincial, el 8 por ciento para dividir entre los municipios que no cuentan con un bingo en su territorio, y el 5 por ciento para la Dirección provincial de Lotería. El prorrateo parece no ir en detrimento de las ganancias. Sino no se entendería por qué las empresas que explotan el juego tienen tanto interés por renovar sus licencias.

De los 32 bingos que están autorizados para funcionar, muchos tienen sus licencias próximas a vencer. A partir de ese dato en la Legislatura bonaerense el tema se fue convirtiendo en el centro de varias conversaciones, algunas colectivas, otras más cerradas. Se comenzó a comentar que habría un proyecto de ley en estudio para prorrogar los permisos por un plazo notoriamente extenso: quince años. La versión ganó más interés luego de que en el informativo de la radio Red 92 de La Plata aseguraran al aire que algunos legisladores tendrían intereses económicos personales detrás de la aprobación de una nueva ley. El diputado provincial Raúl Pérez, del Frente para la Victoria, negó esa versión y la atribuyó a intereses económicos perjudicados por la actual legislación y que quieren ingresar a la explotación del juego.

“Hay sectores que históricamente han peleado por tener máquinas (tragamonedas) y han presionado a la Legislatura y a los distintos gobernadores y no han obtenido licencias. Hay muchos sectores involucrados en el juego, como también los hubo en su momento en el juego clandestino”, dijo Pérez a Página/12. Lo que nadie desmintió –tampoco Solá– es que haya un proyecto para extender las licencias y, de paso, incrementar la recaudación del fisco. Consultado por periodistas, el gobernador reconoció que enviará un proyecto de ley para extender los permisos. “Yo voy a enviar una ley y esa ley se va a decidir acá (en la Legislatura). Lo que me motiva es que el Estado requiere de ingresos. En segundo lugar, que la experiencia de ingresos con el juego ha sido más que buena”, aseguró.

La oposición, en tanto, relaciona el proyecto con la búsqueda de la reelección que están intentando los allegados al gobernador. “Solá entrega la recaudación del juego de los bonaerenses de los próximos quince años para que le cierren las cuestas del último trimestre y pueda presentar una propuesta de reelección. Necesita que las empresas le adelanten el canon para que le pueda cerrar el último trimestre económico”, acusó Sebastián Cinqurreguy, del ARI.

Página/12 pudo saber que la extensión de las licencias ya comenzó a avanzar en la Legislatura. El viernes, un grupo de legisladores se reunió con Solá en la sede porteña del Banco Provincia. “Hablamos de la ley de adopción, la ley de infancia, que está suspendida por la Procuración y sigue vigente la ley de patronato, y de la ley de los bingos”, contó a este diario un legislador oficialista.