La mano de George W. Bush ya no alcanza al Senado. Su visita ayer no surtió efecto sobre sus correligionarios, que no sólo no le dieron más poderes para interrogar a los sospechosos de terrorismo, sino que en cambio aprobaron un proyecto de ley para darles más derechos a estos detenidos, en su mayoría extranjeros. El presidente estadounidense se había reunido por la mañana con los legisladores republicanos que forman parte del Comité para las Fuerzas Armadas de la Cámara alta. “Les he recordado que la tarea más importante del gobierno es la de proteger al país”, había dicho Bush al salir del Capitolio. Antes de esta reunión, otra importante figura de la política estadounidense se había comunicado con el líder de los senadores republicanos disidentes, el presidenciable John McCain. El ex secretario de Estado Colin Powell le advirtió que el mundo está empezando a dudar de la moral de Estados Unidos.

El proyecto fue aprobado por 15 votos a favor y nueve en contra. Los senadores republicanos que se opusieron al proyecto del gobierno fueron McCain, de Arizona; John Warner, de Virginia, y Lindsey Graham, de Carolina del Sur. Bush les había pedido el respaldo para un proyecto de ley que satisficiera la petición de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y aclarara las obligaciones de sus agentes a la hora de interrogar a los sospechosos. El objetivo es legitimar a través de la vía legislativa métodos más severos de interrogatorio, que contradicen las garantías consignadas en las cuatro convenciones de Ginebra. “Trabajaremos con el Congreso con el fin de aprobar una buena legislación para que podamos hacer nuestra tarea”, había explicado el presidente.

El proyecto de ley, aprobado por el Comité ayer, le concede algunos derechos legales a los prisioneros, que el presidente prefería obviar. Por ejemplo, si esta propuesta se convierte en ley, las cortes estadounidenses ya no podrán utilizar documentos y evidencias clasificadas en los juicios contra los sospechosos de terrorismo. Esta era una de las prerrogativas previstas en el nuevo proyecto de tribunales ad hoc, presentado unos meses atrás por el gobierno para procesar a este tipo de detenidos. Según este plan, la secretaria de Defensa podría incluir pruebas clasificadas, es decir, que no podían ser difundidas públicamente.

El gobierno de Bush se vio en la necesidad de crear este nuevo mecanismo después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional las cortes militares que habían venido juzgando a los presuntos terroristas desde 2001. Apoyando a este fallo, nueve jueces retirados acusaron ayer al gobierno de Bush y al Congreso de privar de sus derechos básicos a los detenidos en la base de Guantánamo, Cuba. Esta prisión se hizo famosa con la publicación de una serie de fotos, en la que se veía a soldados estadounidenses torturando y humillando a los detenidos.

Fue a partir de este escándalo que un sector de los republicanos comenzó a fortalecer y hacer pública su oposición a los métodos del gobierno para luchar contra los terroristas. McCain se convirtió así en el principal rival del gobierno dentro del Congreso en este tema, legitimado además por su pasado de combatiente en la guerra de Vietnam. El senador, que desde ese momento empezó a ser señalado como uno de los posibles candidatos para ocupar la Casa Blanca, consiguió imponer el año pasado una enmienda dentro del presupuesto militar, en la que rechazaba explícitamente la tortura como una herramienta para los interrogatorios. Powell, ya fuera del gabinete de Bush, apoyó públicamente esta iniciativa.