Para delitos comunes, tribunales comunes. A esa conclusión llegó la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que ordenó que el jefe del Ejército, Roberto Bendini, sea investigado por la Justicia ordinaria en una causa en la que está acusado de desviar fondos públicos a través de una cuenta bancaria que habría sido creada para eludir controles. El fallo revoca la decisión del juez federal de Santa Cruz, quien había dispuesto que el caso pasara al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, un ámbito mucho más amigable para el teniente general.

“Las conductas bajo análisis habrían perseguido, en principio, la obtención de beneficios patrimoniales particulares con fondos estatales, lo que indica que el hecho delictuoso investigado no constituye uno de aquellos que deba ser juzgado por los tribunales militares”, asevera el fallo de los camaristas Hebe Corchuelo de Huberman, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, al que accedió Página/12.

La causa había llegado al despacho del juez santacruceño Gerardo Caamaño en 2004, a partir de una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA). El organismo sostenía que había pruebas de que Bendini, cuando fue jefe de la Brigada Mecanizada de Río Gallegos, abrió una cuenta en el Banco de la Provincia de Santa Cruz destinada a recibir fondos provenientes de recursos propios del área, como los productos elaborados en la “panadería militar”. Ese depósito, a la vez, quedaba fuera del control de la Tesorería General de la Nación, de manera que no se conocía el destino del dinero, según los investigadores. El mecanismo legal habitual era que la recaudación fuera a una Cuenta Unica del Tesoro, desde donde se transfería a la Contaduría del Ejército para ser repartida en el interior del país.

El expediente señala que la cuenta también era manejada por el jefe de Finanzas de la Brigada, Carlos Espósito. Por ella pasaron 524.049 pesos. Y habrían existido transferencias bancarias sin documentación que las respalde, varias hacia la cuenta de la esposa de Espósito, Alba Pérez, en el Bank Boston. En la pesquisa, que abarca entre abril de 2002 y mayo de 2003, intervinieron también la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y la Sindicatura General de la Nación.

El juez Caamaño se declaró incompetente en abril de este año. Fue una decisión sorpresiva porque ya había indagado a Bendini. El magistrado sostuvo que el expediente debía ser enviado a la Justicia militar por “la condición militar” de siete de los ocho imputados y porque los fondos provenían de la actividad del Ejército. Por esa decisión, Caamaño –a quien se vio en más de un acto junto a Néstor Kirchner y al propio Bendini– fue denunciado con un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura, que sólo analiza una posible falta disciplinaria.

La Cámara advirtió que el jefe del Ejército y los demás implicados deben ser juzgados en los tribunales comunes por el delito de peculado, que fija hasta diez años de prisión para quienes malversen fondos públicos que estén bajo su custodia. Señalaron que la calidad de “funcionario militar” no cambia el carácter del delito. La intervención de la Justicia militar, dijeron, implicaría crear un “fuero personal” y eso es inconstitucional.