“Seguramente la semana próxima se conocerá el borrador de la nueva ley de Educación para que la población lo discuta. Luego se elaborará el proyecto final para que después el Congreso, el órgano más democrático que tiene el país, lo debata”, aseguró el viceministro de Educación, Juan Carlos Tedesco. Decidido a cumplir con los tiempos que se autoimpuso para adelantarse al 2007, el año electoral, el staff de Daniel Filmus está trabajando contra reloj en la armonización de los aportes de los distintos sectores. Tedesco aseguró que ya está consensuado que se extienda la obligatoriedad al secundario (pasará de 10 a 13 años) y que las resoluciones del Consejo Federal de ministros tengan carácter obligatorio; también se pronunció a favor de que la ley permita algún tipo de injerencia del Estado en los contenidos de la televisión.

“No sería tan pasivo a adaptarme a los mecanismos de mercado sin hacer nada desde la política pública”, precisó el viceministro durante una mesa redonda, organizada por la Editorial Aique, sobre la nueva ley de Educación. La definición fue una respuesta a la intervención de la directora de Flacso, Guillermina Tiramonti, quien puso en duda la efectividad de un organismo que se crearía en el marco de la nueva ley para abordar la relación entre educación y televisión. Tiramonti, en rigor, puso en duda la oportunidad del debate. “Si hubiera sido ministro no hubiera pensado en una ley de educación. Quizá por eso no soy ministra –bromeó–. Después del fracaso del recetario de los ’90 recién empezamos a darnos cuenta de las dificultades para llevar adelante una propuesta educativa”, dijo. También reivindicó la necesidad de recuperar políticas universalistas en contraposición a las políticas focalizadas, compensatorias, que se extendieron en los ’90, pero aclaró que es imprescindible redefinir el aparato del Estado para hacer efectivas esas políticas generales que eviten la estigmatización de los sectores marginales.

El diputado nacional por el Partido Nuevo, Francisco Delich, distinguió como razones del fracaso de la Ley Federal que no se cumplió con el aumento del financiamiento de un 20 por ciento anual en cinco años y que las decisiones del Consejo Federal de ministros de Educación del país no tienen carácter obligatorio para todo el país. El ex secretario de Educación del gobierno de Raúl Alfonsín abogó por otorgarle poder a ese cuerpo. La diputada por el ARI y ex titular de la Ctera, Marta Maffei, consideró que “una ley no modifica la realidad. Si no se cambian las condiciones materiales y simbólicas en que viven los niños y los docentes, no se cambia la educación”, y destacó la necesidad de democratizar el sistema educativo y transformar los institutos de formación docente “que funcionan como secundarias ampliadas sin ningún tipo de participación de los alumnos, a diferencia de lo que sucede en la universidad”.

La ex secretaria de Educación porteña, Roxana Perazza, criticó el documento base elaborado por la cartera educativa nacional. “Este es un debate lavado, signado por la coyuntura”, dijo y, al igual que el resto de los panelistas, puso el acento en la compleja relación Nación-provincias, imprescindible para revertir la desigualdad.

Tedesco concedió que “la ley es un elemento más de la política educativa, pero el Ministerio apela a la ley como elemento fundamental para ejercer su función: ahora, si no cambia la distribución del ingreso, no va a cambiar nada. Pero también es cierto que sin educación es muy difícil conseguir empleo, ejercer la ciudadanía. En esto actuamos sistémicamente”. La semana próxima se conocerá el texto del borrador con el que el oficialismo aspira a lograr consenso para terminar, en lo simbólico, con una herencia de los ’90: la Ley Federal de Educación.