Acostumbrado a madrugar, Aldo Rico apareció en el Juzgado Federal 2 de San Martín a las ocho de la mañana, en una camioneta gris con vidrios polarizados, una hora y media antes de la cita para declarar como acusado del secuestro de la hermana de la dirigente peronista de derecha Norma Kennedy. Estaba tranquilo quizá por la intuición, o la certeza, de que saldría horas más tarde sin haber perdido su libertad. Y así fue: después de dar explicaciones ante el juez Alberto Suares Araujo, el carapintada salió caminando. El resultado de sus esfuerzos argumentativos puede considerarse empate: obtuvo una “falta de mérito”, es decir que sigue vinculado con la causa, pero el magistrado no encontró pruebas suficientes como para procesarlo. Según pudo saber Página/12, Rico negó haber revistado en Campo de Mayo durante la dictadura y afirmó que el día del secuestro de Delia Kennedy estaba en el Estado Mayor del Ejército, en el acto de su propia asunción como policía militar. Algo sustancial cambió la percepción inicial de su abogado defensor, que había apostado a que su cliente quedaba detenido, tal como había trascendido que podía suceder por la gravedad de la acusación. “Me parece una aberración porque en el expediente está probado que él fue el jefe del operativo que secuestró a mi hermana y mi cuñado”, dijo indignada Norma Kennedy a Página/12.

Bien temprano también se diluyeron las especulaciones sobre la posibilidad de que el ex intendente de San Miguel, ex diputado y ex convencional constituyente y ex ministro de Seguridad bonaerense eludiera el accionar de la Justicia y debieran ordenar su captura. “Es un soldado, no un asesino”, dijo su abogado Emilio Moreira ante el asedio periodístico en la puerta del juzgado, repitiendo la frase que Rico les pidió que transmitiera a los medios. Una vez que estuvo ante el juez, Rico respondió las preguntas y entregó un escrito que había preparado con su descargo. De hecho, tal como informó este diario, aun antes de la reactivación de la megacausa sobre los crímenes ocurridos en Campo de Mayo durante la dictadura, se había presentado a pedir fotocopias del expediente. En el texto expuso “una serie de datos que aparecían como coherentes”, comentó a Página/12 una fuente judicial.

Rico aseguró que el 10 de mayo de 1976, cuando se produjo el secuestro de Delia Kennedy y su marido, Américo Sady, “estaba asumiendo una función en el edificio del Estado Mayor del Ejército”, enfatizó que “lo puede probar a través de testigos”, y aportó una lista de estas personas que seguramente serán llamadas a declarar. Según relató, “en ese momento había un acto de ascenso de militares que fue informado por los medios” y en el que asumió como miembro de la Compañía de Policía Militar de la Agrupación Comando y Servicios del Estado Mayor General del Ejército. La fuente consultada indicó que el carapintada acompañó su legajo para acreditar sus dichos e insistió en que “no estaba destinado en Campo de Mayo”. Luego, el imputado abundó en datos sobre lo que hizo aquella jornada. “No lo puedo olvidar, ese día asumí en un cargo”, declaró.

En otro tramo de su extensa declaración, Rico cuestionó los testimonios que lo incriminan al preguntarse por qué “en 30 años” no habían hablado. “Me crucé con Norma Kennedy en un programa de Mauro Viale y cuando fue lo de (el sargento Víctor) Ibáñez y nunca me dijo nada”, adujo el ex teniente coronel que lideró el primer alzamiento militar contra el gobierno de Raúl Alfonsín, en abril de 1987. En aquel momento, aunque se pintó la cara, era el más “limpio”, porque hasta entonces no tenía denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Las fuentes que conocen el expediente evaluaron de manera diferente las pruebas en contra de Rico. “Lo que había era escaso y de poco valor probatorio”, fue el comentario de una de ellas. Para otra fuente estaría acreditado que estuvo en Campo de Mayo, y hay un testigo del secuestro que lo reconoció cuando su figura se hizo pública por el levantamiento de Semana Santa. En su visión, esto alcanzaba para procesarlo, y apuntó que en muchos casos de la ESMA o del Primer Cuerpo con los mismos elementos hubo incluso detenciones. “La falta de mérito requiere que se produzcan nuevas pruebas, sino el caso va camino al cierre”, explicó.

¿Cuáles son estas pruebas? En 2003 se presentó en el juzgado un vendedor de billetes de lotería que afirmaba haber sido testigo del secuestro de Delia Kennedy y su marido, en una esquina porteña, en mayo de 1976. El hombre aseguró que en 1987, cuando Rico fue enfocado por las cámaras de televisión durante el copamiento de Campo de Mayo lo reconoció como parte del grupo que hizo desaparecer a la hermana de la ex colaboradora de José López Rega. Este testimonio habría sido ratificado hace un mes por una vecina de la desaparecida, que hace varios años le había contado a Norma Kennedy su comprobación. Como parte de la reactivación de toda la megacausa Campo de Mayo, el juez Suares Araujo decidió citar a indagatoria a Rico con estos elementos. Sin embargo, ayer tras las seis horas de declaración dijo que “el señor Rico presentó profusa información y pruebas de que nunca prestó servicios en Campo de Mayo”, al momento de justificar su decisión de dictarle la falta de mérito. Para esto no necesitó tomarse los diez días que le permite el código procesal. Suares Araujo aclaró: “Esto no cambia el desarrollo de la causa porque seguimos investigando 140 casos de violaciones a los derechos humanos”.

¿Por qué interviene la Justicia federal de San Martín? Todo surgió con los dichos del sargento primero Víctor Ibáñez, en abril de 1995, cuando afirmó que Delia Kennedy y su esposo estuvieron recluidos dos meses en El Campito. El pedido de investigación lo había formulado Norma Kennedy luego de una conversación telefónica que mantuvo con Ibáñez –transmitida por radio–, en la cual el militar le aseguró que sus parientes había sido arrojados al mar porque “no hubo otro final que los vuelos de la muerte”. Hasta ese momento, Kennedy sólo tenía información de que su hermana había sido asesinada por el capellán del buque “Granaderos” en el que estuvo detenida junto a Carlos Menem. Pero en octubre de ese año, la Cámara Federal de San Martín había cerrado la posibilidad de investigar los hechos ocurridos en ese centro clandestino en virtud de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que precisamente Rico y sus carapintadas lograron arrancarle al gobierno de Alfonsín. Sin embargo, según el legajo del caso Kennedy en la Conadep “no hay testimonio de su paso por un centro clandestino de detención”.

Ese tribunal mantuvo la coherencia en el tiempo porque desconoció la anulación de las leyes de impunidad que determinó el Congreso en 2003, y declaró la inconstitucionalidad de esa decisión. Sin embargo, la Cámara de Casación primero, y la Corte Suprema después, revocaron aquel fallo. Esto provocó la reactivación de este mega expediente, que contiene diferentes casos y entre ellos el de la hermana de Norma Kennedy. Rico es el único imputado y está acusado de privación ilegal de la libertad agravada.

El abogado Adrián Gómez, miembro del equipo de la querella en el caso Floreal Avellaneda que integra la causa madre, rebatió la desacreditación que hizo Rico de los testigos por haberse presentado luego de tanto tiempo transcurrido. “Si la causa no estaba funcionando, ¿a dónde se iban a presentar?”, se preguntó sin ocultar su bronca. “Y encima estaba paralizada por leyes aprobadas como consecuencias de su acciones de presión carapintada”, agregó. Gómez destacó que la reapertura de los sumarios fue producto de la lucha de los abogados querellantes ante la inacción de los funcionarios públicos, y se lamentó de que “San Martín siga siendo un espacio de impunidad”.