El gobierno de Colombia desmilitarizará durante 45 días los municipios de Pradera y Florida, al suroeste de Bogotá, para crear una “zona de encuentro” en la que negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) un acuerdo humanitario para poder liberar a 63 secuestrados por la guerrilla. El anuncio lo hizo ayer Alvaro Leyva, delegado del gobierno para buscar un acercamiento con los comandantes de la guerrilla. El presidente Alvaro Uribe había asegurado la víspera que tenía la voluntad “de aceptar una zona de encuentro con las FARC, con condiciones propicias para la eficacia del acuerdo humanitario”.

El anuncio se produce cuatro días después de difundirse una grabación de video en la que 12 ex diputados secuestrados en abril de 2001 reclaman que se cree una zona de encuentro, y apenas dos días después de que las FARC anunciaran que cortaban todo contacto con los delegados del gobierno y con los países amigos que actúan como mediadores: España, Francia y Suiza. Estos tres países pusieron sobre la mesa, a finales del año pasado, una propuesta para sacar del punto muerto los acercamientos entre las dos partes: una zona desmilitarizada de 180 kilómetros cuadrados, en el área de Florida y Pradera, y la veeduría internacional para garantizar la seguridad de los negociadores. En ese momento el gobierno dijo sí, y renunció, por primera vez, a su posición férrea de no desmilitarizar ni un milímetro de territorio. En este caso se plantea desmilitarizar 800 kilómetros cuadrados. Las cosas, sin embargo, no están del todo claras. “Las Farc quieren primero el despeje y luego fijar las condiciones de funcionamiento de la zona; el gobierno al revés”, dice el experto en seguridad Alfredo Rangel. Y recuerda que el punto neurálgico es que Uribe exige que salgan de la zona militares y guerrilleros. Para las FARC la única garantía es que allí esté su tropa y que puedan entrar y salir sus negociadores. Pero sin duda hay un gran avance en el largo tire y afloje. Lo que pretenden las FARC es la libertad de todos sus combatientes en prisión. Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, una de las “canjeables” –en el grupo hay policías, militares, tres norteamericanos y un niño– se mostró optimista. “Quiero estar positiva. Tengo el alma puesta en que se abre un camino ya definitivo”, dijo. Dos de los secuestrados cumplen en diciembre nueve años en las “cárceles” de la selva de las FARC. Juan Manuel Santos, ministro de Defensa, fue parco al referirse a esta decisión: “Hemos venido discutiendo esta posibilidad los últimos días. Los altos mandos están enterados”. Pero lo condicionó a la existencia de “condiciones propicias” para que la zona no se convierta en lugar para fortalecer el terrorismo.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.