Para algunos fue el último intento, absurdo e irracional, de salvar la convertibilidad. Para otros el último gran negocio de los acreedores extranjeros que timbeaban con los bonos de la deuda argentina. En el verano de 2001, empezó sigilosa la corrida bancaria de los grandes depositantes; pero por sobre todo el riesgo país –la tasa adicional que pagaba el Gobierno por refinanciar los vencimientos de la deuda pública– comenzó a empinarse sin freno. José Luis Machinea, que meses antes había ensayado con el “Blindaje” del FMI, fue eyectado del Ministerio de Economía, pasó el efímero López Murphy y en marzo de 2001 regresó Domingo Cavallo, visto por algunos radicales desesperados y por el propio Carlos “Chacho” Alvarez, ya fuera del gobierno, como el único que podía mantener la convertibilidad.

A poco de asumir, Cavallo recibió la idea de su amigo David Mulford, ex subsecretario del Tesoro y por entonces vicepresidente del Credit Suisse First Boston, uno de los bancos que más negocios hizo con la emisión de bonos de la deuda argentina en el mundo durante la década del noventa. Todas las semanas, el Gobierno tenía que salir a pedir prestado al “mercado”, emitiendo nuevos títulos públicos, a un costo financiero cada vez más elevado, para cancelar el vencimiento de los viejos. Era la única manera de no caer en default, ya que con la recesión las cuentas fiscales se deterioraban día a día y había que patear para adelante vencimientos no sólo de capital sino también de intereses de la deuda.

El megacanje ideado por Mulford lucía atractivo: refinanciar de una sola vez la mayor parte de la monumental deuda argentina que vencía a corto plazo a mediano y largo plazo, de manera voluntaria; es decir, sin que los inversores percibieran ese trueque como algo compulsivo. Pero la lógica más elemental anticipaba que, si no se decretaba la cesación de pagos, la única forma de tentar a los acreedores para que se desprendieran de sus títulos de corto por otros de más largo plazo era ofreciendo una rentabilidad más alta por los nuevos bonos.

Así fue: en junio, 46 títulos viejos fueron reemplazados por sólo cinco bonos que implicaban asumir compromisos por 171.000 millones de dólares de deuda, 55.500 millones más que antes del canje. La decisión fue ruinosa por donde se la mire y no evitó que se cayera en default meses más tarde.

De la Rúa dijo que fue una decisión política “equivocada”, tomada por el mal asesoramiento de los técnicos cavallistas de Economía. El juez Ballestero afirma que “los imputados obraron con absoluta conciencia de que actuaban en perjuicio de los intereses nacionales” y en favor de los grandes inversores, que al postergarse el default ganaron tiempo para fugar más divisas del país. Dice que “no se trata de revisar una decisión de política económica, como pretenden las defensas, sino de develar la existencia de un grave caso de corrupción”.

De las 35 páginas del fallo, el juez describe magistralmente una de las peores decisiones de política económica de la historia argentina, que una vez más favorecieron a los grandes capitales especulativos. Pero es muy discutible que haya probado un caso de corrupción. Si quisiera despejar las dudas debería ahondar la investigación sobre los 150 millones en “comisiones u honorarios” pagados a los bancos designados para concretar la operación. Ese club fue liderado por el C.S. First Boston, del amigo Mulford, a quien ejecutivos de otros bancos acusaron de quedarse con las mayores comisiones, repartidas según la cercanía al Ministerio de Economía.