Los diputados opositores de la Comisión de Previsión Social comenzaron ayer una ronda de consultas con miembros de la Corte Suprema de Justicia en busca de una salida que le dé continuidad a la movilidad de los haberes jubilatorios, como estableció el máximo tribunal en su acordada. Después de casi una hora con los legisladores, la jueza Carmen Argibay aseguró que “es facultad del Parlamento la definición de un índice” que garantice esa movilidad. Los supremos Raúl Eugenio Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Elena Highton de Nolasco también recibirán a los legisladores. Pero el oficialismo en la Cámara baja dejó trascender que “este año será difícil que el Congreso resuelva este tema”.

“Obviamente la doctora Argibay no adelantó lo que resolverá la Corte. Lo que sí dijo son estas dos cosas: es facultad del Parlamento la definición del índice de movilidad y hay que seguir sosteniendo la movilidad como criterio fundamental. No prejuzgó, verán ellos cuál es la definición que toman”, dijo a Página/12 el diputado Claudio Lozano.

El legislador de la CTA, junto con la presidenta de la Comisión de Previsión, la arista María América González, y el radical jujeño Alejandro Nievas fueron quienes acudieron a la cita con Argibay en el Palacio de Justicia. El socialista Hermes Binner y la radical marplatense Vilma Baragiola, que también formaban parte de la comitiva, faltaron al encuentro que comenzó a las 15.30 y se prolongó por más de 50 minutos.

Lozano y González presentaron un proyecto propio que establece un coeficiente que incluye los aumentos de los trabajadores en actividad y de la recaudación del propio sistema, que podría llevar el haber mínimo a 678 pesos. A esto también le sumaron la iniciativa de restituir los aportes patronales vigentes al año ’93, que lleva las firmas de buena parte del arco opositor y algunos diputados oficialistas. Aunque en las reuniones con los cortesanos, los diputados presentarán una carpeta que incluye varios proyectos que, con diferentes propuestas y variables económicas, también buscan sancionar una ley que garantice la movilidad jubilatoria.

Pero desde el Gobierno no opinan lo mismo. “Es muy difícil”, admitió una alta autoridad del oficialista bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados que “este año se sancione una ley” que garantice la movilidad de los haberes para los jubilados y pensionados. El legislador oficialista, que prefirió quedar en el anonimato, reconoció que no hay proyectos oficiales en ese sentido ni señales del Gobierno que indiquen lo contrario. Tampoco lo planteó la ministra de Economía, Felisa Miceli, cuando presentó el Presupuesto 2007 ante los diputados, aunque dijo que el sistema previsional sería uno de los beneficiarios de los excedentes que superen los ingresos previstos para el año entrante. Una señal de que el Gobierno seguirá disponiendo el momento y el monto del incremento de esos haberes.

Sin embargo, los legisladores de la oposición insisten que “la Anses ya tiene 6500 millones de pesos en depósitos a plazo fijo y alrededor de 2700 millones más como títulos de la tesorería, además le van a sobrar 3500 millones de pesos este año con los aumentos ya otorgados. Hay cerca de 12 mil millones de pesos disponibles para llevar a cabo una actualización y poner en marcha un reordenamiento del sistema previsional”, aseguraron. La puja promete no tener tregua.