El Servicio Fiscal de la Corona británica acusó al ex agente ruso Andrei Lugovoi del asesinato del espía Alexander Litvinenko en Londres, el pasado noviembre. La Fiscalía cursará el pedido de extradición de Lugovoi por “envenenamiento deliberado” con una sustancia radiactiva, el polonio-210. El Kremlin respondió que la Constitución rusa no permitía la extradición, abriendo una crisis en las relaciones bilaterales que recuerda a la del caso Profumo a principios de los ’60.

El mundo y la historia seguramente recordarán la imagen de Litvinenko postrado en una cama de hospital y sin cabello, agonizando lentamente, mientras alrededor de él se empezaba a tejer una red de sospechas digna de las novelas de John Le Carré. Desde un comienzo, los hilos de la investigación confluyeron en Moscú y dos ex agentes del KGB muy vinculados con el gobierno de Putin: Andrei Lugovoi y Dimitry Kovtun. En cuanto al primero, el Servicio Fiscal de la Corona no tiene dudas sobre su participación en el envenenamiento de Litvinenko. “A fines de enero de 2007, la policía envió a esta Fiscalía un expediente como para que nosotros pudiéramos tomar una decisión sobre si debían presentarse cargos criminales. Creo que las pruebas son suficientes para acusar a Andrei Lugovoi por el envenenamiento deliberado de Litvinenko. He dado instrucciones a nuestros abogados para que soliciten una pronta extradición de Andrei Lugovoi”, precisó al hacer el anuncio el director de la Fiscalía, Ken Mc Donald.

Ayer la negativa del gobierno ruso no sorprendió a nadie. El Kremlin ya le había anticipado a la canciller británica, Margaret Beckett, que la Constitución rusa no contempla la extradición de sus ciudadanos. Además, en diciembre pasado, el gobierno de Putin le recordó a Londres que el Reino Unido se había negado a extraditar a exiliados rusos como el multimillonario Boris Berezovsky, quien amasó su fortuna durante el caótico salto al capitalismo de la era Yeltsin. El “affaire” ha tensado la relación bilateral. En los días previos al dictamen de la Fiscalía, se habló de presiones del gobierno de Tony Blair para que la Fiscalía no solicitara una extradición que perjudicaría las relaciones bilaterales. La especie fue desmentida categóricamente por el Foreign Office.

La crisis se inscribe en el marco de un claro empeoramiento de la relación de Rusia con Estados Unidos y la Unión Europea. En lo que muchos analistas califican de “miniguerra fría”, el presidente Vladimir Putin recientemente llamó a resistir los intentos hegemónicos de Estados Unidos con el mismo espíritu con que se luchó contra el nazismo y la cumbre de Rusia y UE la semana pasada ni siquiera dio como para llegar a un tímido comunicado conjunto. Rusia ve con profunda desconfianza un plan estadounidense de instalar un sistema antimisiles en Polonia y la República Checa que, según el gobierno de Bush, es esencial para la defensa contra Corea del Norte e Irán.

Es difícil que en este clima de enfriamiento el caso Litvinenko no se convierta en un peón de la larga batalla de voluntades entre ambas partes. Como en todo ajedrez diplomático, otros destinos están en juego. Estados Unidos ya anunció que seguirá adelante con el despliegue del sistema antimisiles en Polonia y la República Checa. En respuesta, Rusia podría bloquear sanciones contra Irán por el presunto programa nuclear militar del gobierno de Mahmud Ahmadinejad. Por el momento, queda claro que las relaciones entre el Reino Unido y Rusia volvieron a las gélidas épocas de la Guerra Fría.