Aunque caía de madura, la decisión de rescindir la concesión del Metropolitano no fue ajena al caso Skanska. En las últimas horas Néstor Kirchner había transmitido a sus principales laderos la necesidad de “recuperar la iniciativa política”. El Presidente no quería volver a despertarse con tapas de diarios –como las que primaron a lo largo de mayo– que pusieran nuevamente al Gobierno en la difícil tarea de dar explicaciones.

En la Casa Rosada recordaron el difícil derrotero oficial detrás del conflicto de Santa Cruz, los desbordes de la estación Constitución y la avanzada judicial contra el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por presuntas amenazas a un funcionario del Indec para que revele datos confidenciales.

A todo esto se sumó la citación a indagatoria de Fulvio Madaro y Néstor Ulloa, ex titulares del Enargas y Nación Fideicomisos. El juez federal Guillermo Montenegro sospecha que esos dos funcionarios pudieron haber cobrado coimas para la construcción de gasoductos.

–Estamos como los bomberos, todos los días vamos apagando algún incendio –se quejó ante Página/12 un ministro K en estricto off the record. Al fin y al cabo, un mea culpa por haber resignado la agenda política a manos de una realidad que en este mes ha desbordado al Gobierno.

En rigor de verdad, al Gobierno no le fue del todo bien en su propósito: ayer mismo, poco después de tomar una decisión que lo devuelve al centro del escenario político en un rol activo, Kirchner debió asumir el costo de una renuncia en el Ministerio de Planificación que comanda Julio De Vido. Fue cuando el subsecretario de Obras Públicas, Raúl Víctor Rodríguez, decidió dar un paso al costado al verse salpicado en el caso Skanska.

El día se completó con versiones de otra dimisión, la del secretario de Energía, Daniel Cameron, que fue negada rotundamente a este diario por la cartera de Planificación. Y también hubo especulaciones de una avanzada oficial contra Carlos Stornelli, el fiscal a cargo de causas sensibles al Gobierno, entre ellas Skanska. Es más, el abogado Ricardo Monner Sanz, quien se contactó recientemente con Stornelli, consideró ante Página/12 que la embestida provendría de la Cámara de Diputados.

Por eso, al aludir sobre la rescisión del contrato del Metropolitano, durante un acto de obras públicas para la provincia de Formosa, Kirchner eligió un marco de misterio para sus palabras. “Me tienen que atacar y me van a atacar fuertemente los que no quieren que la Argentina cambie”, dijo ayer sospechando de una confabulación en su contra. No dio nombres.

No fue la primera vez que el Presidente se puso en el lugar de víctima. En el 2004 había denunciado la existencia de un complot contra el Gobierno cuando quemaron en Constitución el servicio de señales. Casualidad o no, alrededor de esas denuncia aparecieron los mismos protagonistas que por estas horas.

Kirchner apuntó entonces contra Sergio Taselli, accionista del Metropolitano. Y lo hizo desde los mismos Yacimientos Fiscales de Río Turbio, que supieron ser explotados por la familia del empresario de la discordia. A la embestida se sumaron De Vido y Cameron, quienes ya habían enfrentado a Taselli cuando eran funcionarios de Santa Cruz.

Por aquel fantasma de complot, Stornelli –sí, el fiscal de Skanska– inició una causa y al presidente, como se dice ahora, se le soltó la cadena. “Quiere judicializar las ideas”, se quejó Kirchner de Stornelli, antes de hacer una aclaración que creyó pertinente. “Algunos sectores están trabajando para volver al pasado, y no hablo de complot o conspiración, digo que algunos dentro de la democracia quieren volver a los privilegios de ayer.”

Ayer, en la Rosada, en su deseo de retomar la iniciativa política, prácticamente repitió el textual. “Mi lucha permanente es contra los intereses que quieren seguir teniendo privilegios.” Otra coincidencia.