La mayoría de las iniciativas que el Gobierno tomó con las privatizadas tiene ese sabor agridulce de avanzar sobre situaciones insostenibles, pero sin cambiar el funcionamiento de un sistema que ha probado ser un gran negocio para los privados con resultados pésimos para los usuarios. El retiro de la concesión de los ramales Roca y Belgrano Sur a Sergio Taselli es un ejemplo de esa política. Puede ser que esa estrategia haya sido la posible en estos cuatro años de reconstrucción. También puede ser que la estatización no sea una de las principales demandas de la sociedad. O, simplemente, puede ser que el Gobierno tenga una política gradualista, conservadora, que reacciona cuando se produce un estallido, como el de Constitución, o la relación con el grupo privado no tiene retorno. El modelo estatal “puro” de gestión de servicios públicos en Argentina, que tuvo su esplendor en las décadas del ’60 y ’70, en coincidencia con la corriente mundial de predominio del Estado de Bienestar, entró en crisis en los ochenta. Desinversión, corrupción y deterioro de la infraestructura derivaron en una caída en la eficiencia y en la provisión de mediocres servicios. Ese cuadro allanó el camino para el modelo privado “puro” en la década siguiente, proceso que se desarrolló en un contexto internacional de preponderancia del neoliberalismo. Esta etapa se caracterizó por una inversión focalizada en nichos rentables, corrupción, tarifas dolarizadas, incumplimientos de contratos y crisis en la calidad del servicio. Un esquema que reveló sus límites con la debacle del 2001, con la pesificación y el congelamiento de tarifas. Desde entonces no ha emergido un nuevo modelo de gestión, sino arrebatos según las circunstancias, con inversiones para expansión orientadas por el Estado a través de controvertidos fondos fiduciarios. Pelea con Macri: estatización de Correo; conflicto con Suez: estatización de Aguas; enfrentamiento con petroleras: creación de Enarsa; rebelión de pasajeros: caída de la concesión de trenes de Taselli; incumplimientos: canje de deuda por acciones en Aeropuertos Argentina 2000 y Aerolíneas Argentinas; y puja con multinacionales: “argentinización” de los grupos de control. Frente a esa ecléctica política, con resultados diversos, se requiere construir otro modelo de gestión, ni estatista ni privatista “puros”, sino uno donde la propiedad y gestión de la infraestructura y de todos los bienes sean estatales en un esquema de gestión y control social, con un directorio donde participan el Estado, el sindicato, usuarios, operadores privados y la industria proveedora. Los trenes serían un interesante caso para probarlo.