En 1978, la delegación argentina de la Acnur –la agencia para refugiados de las Naciones Unidas– hacía una inédita denuncia en la embajada estadounidense. Veinte refugiados uruguayos habían sido detenidos en Buenos Aires en operativos conjuntos con las fuerzas uruguayas y, meses después, fueron “devueltos” a Montevideo. La reacción de los diplomáticos norteamericanos fue escribir un informe confidencial y enviárselo al Departamento de Defensa en Washington, que por entonces se ocupaba de guardar celosamente todos los detalles de las dictaduras latinoamericanas. Pasaron casi tres décadas y el gobierno estadounidense mantuvo silencio. Hace un mes, el abogado uruguayo Oscar López Goldaracena sacó a la luz el caso y lo llevó a la Justicia, utilizando entre otras pruebas el informe que la inteligencia estadounidense nunca quiso divulgar.

Otros documentos desclasificados de la Embajada de Estados Unidos ya habían comprobado que Washington no era ajeno a lo que sucedía en el Cono Sur. Los diplomáticos y los agentes de inteligencia que en ese entonces circulaban por las embajadas norteamericanas de Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro y Santiago reportaban semanalmente sobre desapariciones, detenciones, denuncias de torturas y de ejecuciones. También explicaban y daban detalles sobre la cooperación entre las fuerzas represivas de la región, más conocida como el Plan Cóndor.

Un documento desclasificado de la embajada estadounidense ya confirmaba la cooperación entre las dictaduras argentina y uruguaya en noviembre de 1976. En un informe dirigido al Departamento de Estado, el entonces embajador Robert Hill destacaba la detención y desaparición de casi 40 uruguayos en Buenos Aires. Más allá de sus declaraciones públicas de aquellos tiempos, en privado Hill sostenía que las versiones oficiales sobre los supuestos guerrilleros no eran creíbles. Según los principales y más antiguos diarios argentinos, los uruguayos habrían fingido sus propias desapariciones para desacreditar a ambas dictaduras.

Pero el informe que divulgó esta semana López Goldaracena se distingue del resto de los documentos desclasificados norteamericanos. Es inusualmente detallado. El sucesor de Hill, Raúl Castro, redactó una lista con nombre y apellido de los 20 uruguayos que habrían sido trasladados clandestinamente de Buenos Aires a Montevideo en abril de 1978. Según el diplomático, la embajada habría obtenido semejante información por medio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). La delegación de la agencia internacional se había acercado a la embajada estadounidense con esperanzas de conseguir la ayuda de la Casa Blanca. La Acnur ya había presentado denuncias en la Cancillería argentina. Por ejemplo, había advertido que una persona había llamado a la familia de uno de los uruguayos desaparecidos en Buenos Aires para pedirle un rescate de ocho mil dólares. Si lo pagaban, sería absuelto de todos los cargos una vez de vuelta en Montevideo. Ni siquiera hoy se sabe cómo terminó esta historia. El Departamento de Estado norteamericano censuró el nombre del detenido-desaparecido uruguayo antes de desclasificar y difundir el documento.

La Acnur también les había informado que las autoridades argentinas habrían avalado operaciones de inteligencia del ejército uruguayo en Buenos Aires entre finales de 1977 y principios de 1978. Esta cooperación entre las dictaduras argentina y uruguaya también se reflejaba en el intercambio de prisioneros políticos. La Acnur, según el documento estadounidense, sospechaba lo mismo que hoy sospecha López Goldaracena. El traslado en avión de los 20 militantes de izquierda uruguayos a Montevideo fue una devolución de favores entre los regímenes de facto. La dictadura uruguaya, entonces dirigida por Aparicio Méndez, hizo su parte y entregó a Oscar de Gregorio. El militante montonero había sido detenido por la Prefectura Naval uruguaya en Colonia unos meses antes. Hoy sigue desaparecido.

El documento que presentó López Goldaracena el martes pasado para confirmar su investigación no sólo complicó aún más la situación de los altos mandos militares uruguayos que en 1977 y 1978 dirigieron el país y la represión ilegal, sino que además confirmó la complicidad del gobierno de Estados Unidos con las dictaduras latinoamericanas. “La embajada agradecería cualquier información acerca de la reaparición o del estado de estas personas”, concluye su informe el embajador Raúl Castro. No sabemos si hubo respuesta. Si los servicios de inteligencia norteamericanos llegaron a develar lo que a López Goldaracena le tomó meses de investigación. Todos los que viajaron en el llamado tercer vuelo de la muerte a Montevideo fueron ejecutados después de pisar territorio uruguayo. Sus cuerpos todavía estarían enterrados en algún predio militar.