Desde México, D. F.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ejercer la facultad de averiguar hechos graves violatorios de derechos fundamentales en Oaxaca, pese a los intentos de último minuto del gobernador Ulises Ruiz para evitar que se creara una comisión que investigue los asesinatos, desapariciones y detenciones sumarias que se registraron entre mayo de 2006 y enero de 2007. La indagatoria abarcará no sólo al gobierno estatal y a gobiernos municipales de ese estado del sur de México, sino que incluirá a las administraciones del presidente Vicente Fox y de Felipe Calderón para deslindar responsabilidades en caso de violaciones graves a las garantías individuales por excesos de los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Luego de cinco días de deliberaciones, la SCJN votó 8 a 5 en favor de iniciar las investigaciones sobre las denuncias de violación de garantías individuales de personas que hayan visto afectado su derecho a la vida, a la seguridad y al respeto de sus propiedades, así como la probable violación de garantías generalizadas a la libertad de tránsito, de trabajo y de acceso a la información. Por unanimidad, decidieron que la investigación –centrada originalmente en la capital oaxaqueña y en los municipios conurbanos– se extienda fuera de los límites donde se registró la mayor parte de los enfrentamientos durante el año pasado.

Este caso –que fijará precedente para cualquier otra intervención de la SCJN en la que ejerza su facultad de atracción, de acuerdo con sus facultades constitucionales– logró vencer la actitud tradicionalmente conservadora de buena parte de los ministros, que en principio mostraron sus reservas ante la petición que les hizo la semana pasada la Cámara de Diputados. El viernes, las posturas a favor y en contra mostraban un empate. Uno de los argumentos que abrió la puerta a la investigación fue planteado por el ministro Genaro Góngora: “Si bien Oaxaca no continúa en llamas, está ardiendo internamente. Las consecuencias del conflicto siguen presentes. La sociedad oaxaqueña está esperando justicia. Hay heridas que no han cerrado y es un foco que en cualquier momento puede estallar. El trance social no ha concluido y es necesaria nuestra intervención”.

Algo hay de eso. En los últimos días, luego de cumplirse el aniversario de la represión policíaca que desató un enfrentamiento de ocho meses, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los maestros de la sección XX volvieron a tomar las calles de Oaxaca y mantienen plantones en puntos estratégicos de la ciudad desde hace una semana.

Pero para el gobernador Ulises Ruiz, el conflicto está más que resuelto, y la madrugada del martes presionó a la Corte para impedir la formación de la comisión especial investigadora. Mediante un documento, Ruiz alegó que las recomendaciones planteadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) habían sido ya cumplidas. Pero la ministra Margarita Luna Ramos lo desmintió: de ninguna manera pueden considerarse cumplidas; si acaso, han sido aceptadas.

La CNDH presentó recientemente un informe en el cual confirmó que en Oaxaca sí existieron violaciones a las libertades personales, de reunión, de expresión, de información, a la integridad y a la seguridad personal por actos de tortura, a la propiedad y posesión por ataques a la propiedad privada, a la legalidad y seguridad jurídica por incomunicación y por insuficiente protección de personas, así como al derecho a la vida.