Desde Madrid

El atentado cometido por ETA en la madrugada del viernes contra un cuartel de la Guardia Civil en el País Vasco terminó por provocar el encendido de motores de las principales fuerzas políticas españolas, de cara a la campaña electoral que culminará con las elecciones generales de marzo del próximo año.

Ayer, el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero volvió a pedir la unidad “de los demócratas” contra el terrorismo, mientras el opositor Partido Popular no dejaba pasar la oportunidad de enrostrarle al líder socialista el fracaso de su política antiterrorista, atribuyéndole al voluntarismo de su posición negociadora durante la pasada tregua el supuesto fortalecimiento de la banda. Pero la insistencia de la derecha en utilizar el tema terrorista como baza electoral sólo pone de manifiesto su frustración ante los resultados negativos que anticipan las encuestas a los populares, liderados por Mariano Rajoy. La eficacia demostrada por las fuerzas de seguridad en los últimos meses, luego de que Zapatero decidiera endurecer la lucha contra ETA teniendo también en vista la proximidad de las elecciones, le quita al Partido Popular uno de sus principales argumentos de campaña.

El primero en arrojar el guante ayer fue el propio Mariano Rajoy exigiéndole al gobierno que proponga la ilegalización de ANV (Acción Nacionalista Vasca), la sigla electoral utilizada por el entorno político de ETA para presentarse a las últimas elecciones municipales. Según Rajoy, el simple hecho de que ANV se negara el viernes a condenar el atentado etarra es causa suficiente para llevar a la organización a los tribunales y quitarles la legitimidad jurídica junto con el más de un centenar de concejales obtenidos democráticamente. Pero el gobierno ignoró el pedido y volvió a reclamar que no se use el tema terrorista como argumento electoral, algo que los populares no están dispuestos a hacer a pesar de la tradición en ese sentido que ha mantenido la democracia española desde el fin del franquismo.

Después de que ETA anunciara el fin de la tregua, a principios del pasado mes de junio, la suerte de Zapatero parecía estar sellada. La banda no sólo lo había dejado a la intemperie con su rastrero atentado del 30 de diciembre contra la terminal del aeropuerto de Barajas, producido cuando se desarrollaban las negociaciones secretas entre emisarios del gobierno y algunos de sus representantes en el exterior, sino que parecía haberse fortalecido durante la suspensión de las acciones armadas y amenazaba con retornar con fuerza a la escena política cometiendo una serie de ataques que el gobierno, sin embargo, frustró. El éxito de estas acciones policiales preventivas sumado a las detenciones de miembros importantes del aparato logístico llevadas a cabo en Francia y España terminaron sin embargo, y contra todo pronóstico, por salvarle la cara al ejecutivo socialista en un momento en el que la política antiterrorista amenazaba con borrar de la agenda pública sus logros en materia social y económica. Desde que los socialistas llegaron al poder España no ha parado de crecer a tasas cercanas al 4 por ciento anuales, muy por encima de la media europea. Aprovechando la bonanza Rodríguez Zapatero se atrevió incluso a ampliar el estado de bienestar con leyes como la que otorga un subsidio a las familias que tienen discapacitados a cargo, en un momento en el que la mayor parte de los demás países de la Unión se desviven por disminuirlo. Todo esto, sumado al giro de 180 grados en política exterior que lo llevó durante las primeras horas de su gobierno a sacar intempestivamente las tropas de Irak por considerar que participaban en una guerra ilegítima a la que la mayoría de los españoles se había opuesto en las calles, le daba a Zapatero un capital político como para asegurarse con comodidad un segundo mandato. Pero ETA se interpuso en su camino. Y lo que es peor, ante la ausencia de otros argumentos, el PP decidió romper la tradición e introdujo el tema etarra en la lucha política de cada día.