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El martes, Chile amaneció conmovido por la noticia de que había recobrado la libertad el ex agente secreto Enrique Arancibia Clavel. Clavel había sido condenado en el 2000 a reclusión perpetua en la Argentina por asesinar en 1974 al ex comandante del ejército chileno Carlos Prats y a su mujer Sofía con una bomba que estalló en el auto del matrimonio, frente a su casa de la calle Malabia, cumpliendo órdenes de la dictadura que por entonces encabezaba Augusto Pinochet. En el 2003 Clavel fue condenado otra vez, en este caso a 12 años de reclusión, por secuestrar y torturar a las estudiantes chilenas Laura Helgueta y Sonia Díaz, cuyo caso había surgido del testimonio en el juicio anterior.

En los juicios quedó demostrado que Clavel no era el insignificante agregado de prensa de la embajada chilena que decía ser, encargado de recortar noticias de los diarios para informar a la Cancillería desde su escritorio en la sucursal porteña del Banco de Chile, donde ocupaba un cargo gerencial en los años de plomo. Ni siquiera fue uno más de los tantos represores que mancharon sus manos con la sangre de los desaparecidos. Fue peor que eso. Fue uno de los ejecutores del siniestro plan Colombo, por el cual los militares chilenos y argentinos se pusieron de acuerdo para hacer “aparecer” en la Argentina a 119 desaparecidos chilenos, mediante la utilización de cadáveres irreconocibles de desaparecidos argentinos, a quienes les plantaban documentos de los desaparecidos chilenos. El montaje se hacía para apoyar la versión de Pinochet de que los desaparecidos en realidad habían huido a la Argentina y habían muerto en enfrentamientos internos entre los supuestos exiliados.

El plan fue desbaratado por la valiente denuncia del entonces cónsul adjunto chileno en Buenos Aires, Eugenio Mujica, quien luego testificó en el juicio por el asesinato de Prats. Explicó que en 1975 había aparecido en Pilar un Peugeot 504 incendiado con dos cadáveres calcinados en su interior. “En el lugar, sobre un paño blanco que decía ‘Somos del MIR’ cerca de los cadáveres, estaban sus cédulas de identidad. El cónsul me mandó al lugar de los hechos. Dijo que tenía interés consular porque eran ciudadanos chilenos, pero no era cierto. Yo tenía contacto con el suegro de uno de los dos (que figuraban en los documentos) que me había dicho que su yerno tenía una placa de platino en su cadera. Por esa razón pude determinar que el cuerpo era de otra persona... Entonces decidí decir la verdad y desenmascarar el hecho. Como castigo me trasladaron del consulado de Buenos Aires al de Esquel”, testificó Mujica en el juicio de Prats, según el libro Los Crímenes del Cóndor, que el abogado Alejandro Carrió escribió sobre el caso.

El burdo montaje del auto quemado en Pilar tenía la firma de Clavel. Cuando fue detenido en Buenos Aires por primera vez en 1978 y acusado de espionaje en medio el conflicto por el canal de Beagle, a Clavel le encontraron seis documentos de desaparecidos chilenos. En esa ocasión, para defenderse, Clavel arguyó que más que un espía era un amigo de los militares que gobernaban la Argentina, y que su misión era seguir los pasos de los militantes chilenos que habían buscado refugio en el país antes del golpe del ’76. Y para que no quedaran dudas, Clavel invitó a las autoridades argentinas a que allanasen su casa y su oficina.

Así apareció la única lista de desaparecidos argentinos compilada por la dictadura militar conocida hasta el momento, producto de las visitas de Clavel al Batallón 601 de Inteligencia, tal como él mismo contó en una carta a sus superiores secuestrada en los allanamientos. En esa carta, Clavel informaba que en el 601 había 22.000 nombres de guerrilleros y militares que habían muerto desde 1975, y que él enviaría los nombres a sus jefes chilenos. Al momento de ser detenido, la lista de Clavel, prolijamente escrita en su máquina de escribir, contenía los nombres de unos 800 muertos y desaparecidos entre 1975 y 1976. Se ve que Clavel tuvo acceso a información privilegiada, porque junto a la anotación de dos cadáveres N.N. y la fecha y lugar en que fueron encontrados, escribió de su propio puño y letra: “Sin manos y sin cabeza”. O sea, en condiciones ideales para sustituir a un desaparecido chileno. Por los servicios prestados, los militares argentinos lo indultaron en 1981, cuando aún no había sido juzgado por espionaje.

Clavel volvió a ser detenido en 1996, esta vez por el asesinato de Prats y por pertenecer a una asociación ilícita dedicada a delinquir en el marco del Plan Cóndor, un sistema para coordinar la represión ilegal entre las dictaduras latinoamericanas de los años ’70. En el 2000 fue condenado a reclusión perpetua por la jueza federal María Servini de Cubría por el asesinato del matrimonio Prats. En el 2004 la Corte Suprema confirmó la pena por asociación ilícita en el caso Prats (para el Tribunal de Casación había prescripto) en un fallo histórico que reafirmó la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

Quizás lo más repugnante de este Clavel podrido es que nunca dio muestras de arrepentimiento. En el juicio de Prats sólo habló dos palabras en la apertura para proclamar su pretendida inocencia. Escuchó su sentencia inmutable, como si le estuvieran hablando a una estatua. Finalmente rompió su silencio el viernes, con un reportaje que le dio al diario chileno La Segunda, envalentonado por el fallo que lo dejó libre. Entonces volvió a decir que no mató a Carlos y Sofía Prats y aseguró que guarda secretos de lo que pasó, burlándose de la memoria de las hijas de sus víctimas.

Dada la calaña del personaje y la severidad de las penas aplicadas, las primeras noticias de su silenciosa liberación hace tres semanas dieron lugar a todo tipo de especulaciones en Chile. Se habló de la supuesta vigencia del viejo aparato represivo latinoamericano surgido del Plan Cóndor y de la valiosa información sobre los desaparecidos argentinos y/o chilenos que Clavel habría revelado (o callado, según las distintas versiones), a cambio de su libertad.

Por todo eso el Estado chileno le pidió a Carrió, su abogado en el caso Prats, que tomara cartas en el asunto, averiguara por qué salió libre Clavel e hiciera lo necesario para devolverlo al calabozo todo el tiempo que sea posible.

No es que Carrió no crea en conspiraciones, pero no cree que éste sea el caso. Tiene un buen concepto del Tribunal Oral 6 que dejó en libertad a Clavel y cree que gran parte del enojo chileno se debe a un desconocimiento de las leyes argentinas. Por ejemplo, la que dice que ninguna condena puede superar los 20 años. O la que borró la distinción entre “prisión perpetua” y la más severa “reclusión perpetua”. O la ley del 2 x 1, por la cual después del segundo año de detención, cada día que pasa sin condena firme se cuenta doble.

Pero nada de esto justifica que Clavel haya salido en libertad, se apura en aclarar Carrió. Según sus cálculos debería seguir preso hasta al menos finales del 2009. Para Carrió, el tribunal cometió un error serio al contar como prisión preventiva el tiempo que pasó desde la sentencia hasta la condena definitiva en el caso de las estudiantes, por dos razones. Primero, porque cuando empezó ese juicio la ley del 2 x 1 ya había sido derogada. Segundo, porque en ese entonces Clavel ya estaba cumpliendo una condena firme por el caso Prats.

“De esta manera se logró algo tan absurdo como esto: en razón del secuestro de Laura Elgueta, Clavel logró adelantar la fecha en que debía salir de prisión por la condena firme del caso Prats. Con ese criterio, los presos con condena firme tendrían incentivo para volver a delinquir y así acumular prisiones preventivas y acortar sus condenas”, explica Carrió. El abogado ya prepara su apelación en nombre del Estado chileno. Se podría pensar que es exagerado el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Michelle Bachelet para que Clavel vuelva a la cárcel por unos pocos meses. Después de todo, el agente purgó once años de prisión –si bien casi todos los pasó en la cárcel VIP de Gendarmería– en un país donde reina la impunidad. Carrió dice que lo que importa es hacer justicia.

“Yo preferiría que cumpla los 20 años de condena, pero existió la ley del 2 x 1 que a mí no me gusta y por algo fue derogada, pero corresponde aplicarla en el caso Prats y hay que aceptarla. Lo que no acepto es que se extiendan los beneficios más allá de lo que la ley permite. El cómputo de la pena debe hacerse de manera legal, no arbitraria”, explicó.

Los represores no tienen coronita. Ya no. Al menos no deberían tenerla. Por eso Arancibia Clavel debe volver a la cárcel, aunque sea hasta finales del 2009: porque Chile lo exige amparado en la ley, y porque Argentina lo necesita para reconstruir la credibilidad de su sistema judicial. Y porque las brujas no existen, pero a veces un exorcismo viene bien.