Luego de las lamentaciones porque el Senado de Estados Unidos congeló la reforma migratoria, México volvió a la retórica para condenar la construcción del muro fronterizo entre las dos naciones y las deportaciones masivas de trabajadores indocumentados. Tanto el presidente Felipe Calderón como el ex presidente Vicente Fox acusaron a la administración de George Bush de no entender el fenómeno migratorio. En la disputa, hasta Mijail Gorbachov terció poniendo en duda la eficacia de la política migratoria estadounidense. “No va a servir”, dijo.

Calderón declaró a la cadena de televisión ABC que tanto el muro como las deportaciones son deplorables. “Todo gobierno tiene derecho de aplicar la ley en su país, pero al mismo tiempo veo que el mundo se está abriendo, tendiendo nuevos puentes y (Estados Unidos) construye muros en vez de puentes y eso es un problema para nuestra región.”

Para Fox, Bush no es otra cosa que un “cowboy de parabrisas” y aseguró que “estar reprimiendo no es de una nación democrática y libre”. “Estar haciendo redadas, persiguiendo a los mexicanos, no es lo correcto. Estados Unidos debe tener más argumentos que la represión o que las armas o que la violencia.” Durante una gira por ese país para presentar un libro que escribió en inglés, Fox advirtió que los sectores más intolerantes dominan la toma de decisiones en Estados Unidos, particularmente en el tema de la inmigración. “Los xenofóbicos, los discriminadores, los que se sienten raza superior: ésos no deben decidir el futuro de esta nación.”

Estas declaraciones surgen luego de que Estados Unidos redoblara las redadas y deportaciones de trabajadores indocumentados. Desde que el Senado estadounidense congeló la reforma migratoria a finales de julio pasado (pese a que un mes antes los presidentes de México, Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Panamá le había pedido “abordar el fenómeno migratorio desde una perspectiva de responsabilidad compartida”), Calderón ha cuestionado esta medida “equivocada”, como lo hizo en una reunión de gobernadores fronterizos de ambos países a la que asistieron los responsables de los gobiernos de Arizona, California, Texas y Nuevo México, en septiembre pasado.

Pero Estados Unidos ni se inmuta, sino que, además de intensificar redadas y deportaciones, endurece aún más sus políticas migratorias. Apenas el miércoles pasado, el Senado aprobó 794 millones de dólares adicionales para mantener hasta seis mil efectivos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera con México, que se agregan al proyecto de asignación para defensa de casi 460 mil millones de dólares para el año fiscal que comenzó el lunes.

El mismo día, en el sur de Texas, el Premio Nobel de la Paz y ex presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mijail Gorbachov, afirmó que la construcción de un muro en la zona fronteriza no detendrá la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. “La historia ha demostrado que un muro no servirá (...) no fue efectivo ni en Berlín ni en China, así que seguro que tampoco lo será aquí.”

Mientras el presidente Calderón endurece el discurso en defensa de los trabajadores indocumentados perseguidos en Estados Unidos, su gobierno brinda un trato similar a los inmigrantes que cruzan su frontera sur. La Secretaría de Gobernación reforzará el registro de los indocumentados que ingresen a las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), mediante una “ficha de filiación” del detenido que incluye fotografía e impresión de huella digital. Los formatos, que se aplicarían a partir de este mismo mes, incluso distinguen entre personas sin papeles de Centroamérica y de otros países.

La comisionada del INM, Cecilia Romero, dice que no es una ficha, sino “un avance importante para la seguridad y el respeto a sus derechos”, pero la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos advirtió que esto abre la puerta a que los indocumentados puedan ser sujetos de sanciones si insisten en cruzar la frontera, pues con ello se les trata como criminales.

Paradójicamente, el embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, declaró hace tres meses al diario estadounidense The Washington Times que a menos que México corrija las violaciones a los derechos humanos contra los centroamericanos que cruzan por el país, es difícil exigir a Estados Unidos que proteja los derechos de los mexicanos.