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Desde Santa Cruz

Hoy a las cinco de la tarde continuará el diálogo entre el representante de los prefectos de la Media Luna y el gobierno. En la madrugada de ayer, tras ocho horas de reunión, el prefecto de Tarija, Mario Cossío, dijo a la prensa: “Hemos cumplido el objetivo de establecer las conversaciones. Esperemos que en las próximas horas se convierta en un proceso sostenido de diálogo que concluya en un acuerdo para resolver los problemas en el marco de la reconciliación nacional”.

El Consejo Nacional Democrático (Conalde), que reúne a cívicos y prefectos de Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca, definía ayer cómo actuar ante la intervención del ejército en Cobija, capital de Pando. Pese al decreto de estado de sitio para este departamento, los militares aún no pudieron ingresar a los municipios de El Porvenir y Filadelfia, donde sicarios contratados por la Prefectura –según el presidente Evo Morales– continuarían asesinando a campesinos. Según datos oficiales, 16 personas murieron en Pando por enfrentamientos. Pero se calcula que 30 mujeres y hombres fueron asesinados.

El presidente dijo en conferencia de prensa que para hoy “esperamos que las consultas avancen. La semana pasada consulté a los sectores sociales del país, reunidos en el Pacto de Unidad, si estamos de acuerdo en compatibilizar el capítulo de autonomías de la nueva Constitución, y ellos me dieron la autorización de revisarla. Hay que debatirlo pero no sabemos cómo se puede compatibilizar. Hay total apertura”. Morales estuvo unos minutos en la reunión y se fue. Luego Cossío siguió el diálogo con el vicepresidente, Alvaro García Linera, y varios ministros.

El nuevo texto constitucional hace rabiar a los militantes de la autonomía departamental, sobre todo en lo que afecta al régimen de posesión de tierra. Además de los 30 edificios públicos y privados, en los últimos días fueron invadidos varios Territorios Comunitarios de Origen (TCO) del oriente titulados a favor de organizaciones indígenas. Es el caso de la TCO Monteverde, que ocupa un millón de hectáreas en Santa Cruz, cuyo dueño es el pueblo chiquitano.

La Media Luna considera “ilegal” la ley que el Estado boliviano implementó para cumplir con los tratados internacionales suscriptos sobre los derechos de los pueblos indígenas a su territorio.

En un manifiesto difundido ayer, la Organización Indígena Chiquitana (OICH) definió “ratificar nuestra consecuencia y lucha inquebrantable para defender los resultados del proceso constituyente, el cual ha recogido nuestras demandas históricas en el nuevo texto constitucional construidos por los sectores sociales de Bolivia, para que nunca más volvamos a ser esclavos ni sirvientes de los grupos de oligarcas y terratenientes de Santa Cruz que hoy se encuentran desesperados y enloquecidos por mantener sus privilegios y enriquecimientos ilícitos producto del contrabando, narcotráfico y tráfico ilegal de tierras”.

La llamada Asamblea Legislativa cruceña, prevista en el estatuto autonómico votado el 4 de mayo pasado, definió ayer cómo gestionar los edificios del Estado tomados. Esta organización también prepara una ley para la administración de tierras, cuyo repartidor sería el “gobernador” Rubén Costas. Ante esta posibilidad, los chiquitanos advirtieron a las autoridades cívicas y prefecturales que “los territorios indígenas titulados y en proceso de saneamiento, más sus recursos naturales, son intocables, irreversibles e imprescriptibles”.

Sobre la posibilidad de que el estado de sitio se extendiera a otros departamentos, Morales se mostró flexible. “Si los prefectos devuelven las instituciones, dejan de atentar contra el patrimonio del Estado y el pueblo, que son gasoductos y refinerías, no hay por qué pensar en ampliar a otras regiones” la medida decretada la tarde del viernes.

“El gobierno ha tomado la decisión no por debilidad sino por dignidad; por los pueblos indígenas del país que lucharon contra el imperio neoliberal”, dijo Morales. “Donde está el imperio no hay desarrollo, ni superación, ni independencia. Es liberarnos para impulsar el desarrollo. Este estado de sitio es para defender la vida, para defender a la gente que ha sido masacrada, ese fue un delito de lesa humanidad. Lo que pasó en Cobija, con metralletas, sicarios y narcotraficantes brasileños y peruanos operando bajo el mando del prefecto de Pando es muy grave”, señaló.

También se acordó del estadounidense non grato en Bolivia, Philip Goldberg: “No se puede entender que el embajador de los EE.UU. se reúna en forma secreta con un prefecto (por el cruceño Costas) que me dice animal, demonio, macaco, asesino, demente. Cuántas veces se habrá reunido para confabular contra la democracia boliviana. También se reunió con la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, y luego de su reunión (ella) pide mi renuncia. La actitud de Goldberg era muy mala”.

El presidente destacó las diversas movilizaciones que se hicieron en América latina para apoyar al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Quiero agradecer a los países amigos que se solidarizaron con el país en esta lucha para defender la democracia. Bolivia está en proceso de liberación con los pueblos indígenas y sectores sociales. El tener igualdad entre los bolivianos tendrá un costo todavía.”

Anoche no se conocía qué conducta adoptaría Conalde ante el estado de sitio en Pando, departamento de 70 mil habitantes considerado miembro de la Media Luna, pero donde la presidencia de Morales fue ratificada el 10 de agosto pasado por el 53 por ciento del electorado.

Los cívicos y prefectos también se oponen a la quita del 30 por ciento de los recursos que reciben las prefecturas por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Con ese dinero el gobierno creó un bono de 30 dólares mensuales para los ancianos. Morales dijo que propuso al Conalde crear un fondo de compensación de los recursos del IDH que fueron restados para la renta Dignidad. “Pero como en algunas regiones no quieren, se ha paralizado”, agregó. “Lo importante es que las regalías del IDH lleguen a los sectores sociales. Sé que es difícil legalmente pero hay caminos. Si llega a las alcaldías se podrá beneficiar a los movimientos y sindicatos donde aún se siente la ausencia del Estado”, afirmó.