Desde la clandestinidad, posiblemente en Brasil, el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, justificó la masacre. “Toda la población de El Porvenir y todo Pando conocen que los seudocampesinos que provocaron el tiroteo venían con armas, venían con una intención muy clara y las circunstancias hicieron que se produzcan los muertos que ahora estamos lamentando”, declaró.

El decreto que dicta el estado de sitio sugiere que Fernández sería detenido por su supuesta participación en la matanza de al menos quince campesinos en las afueras de la ciudad de Cobija. Anoche, otro Hércules llevó más militares al aeropuerto de la capital pandina. Allí montaron su campamento, mientras en la ciudad habría grupos armados dispuestos a resistir la intervención militar. Pese al “diálogo”, la violencia continúa en las ciudades del oriente boliviano.

“Incluso ofrendaremos nuestra vida. No voy a huir, voy a ir al despacho prefectural y no vamos a permitir un estado de sitio que no tiene nada que ver en estos tiempos, estamos retrocediendo 20 años con estas políticas. No va a ser en Pando que se dé esto”, dijo Fernández al canal PAT. Este departamento, ubicado entre Perú y Brasil, es una ruta estratégica para los narcotraficantes de la región. Cobija es una de las ciudades del país con mayor índice de asesinatos, generalmente vinculados con el ajuste de cuentas entre narcos. Según el gobierno nacional, de este gremio se habría nutrido Fernández para efectuar una matanza cuyos muertos aún aparecen por el río Tahuamanu.

El prefecto aprovechó el aire: “A mi pueblo le digo que estoy tranquilo, sereno, con la convicción de que nuestra lucha es por una causa noble, porque queremos un mejor país para nuestra región, que siempre ha estado postergada. Por ello no vamos a claudicar por la lucha por los recursos del IDH, que servirán para impulsar del futuro del departamento”. En Pando el 70 por ciento de la población es pobre.

El llamado “cacique” pandino comenzó su militancia en Acción Democrática Nacional (ADN), partido fundado por el difunto dictador Hugo Banzer durante uno de sus períodos democráticos. Luego se pasó a Poder Democrático Social (Podemos), un rejunte de partidos de derecha dirigidos por el ex vicepresidente de Banzer, Jorge “Tuto” Quiroga. Previsor, una vez en la prefectura se desligó de Podemos, que hace semanas fue declarado legalmente muerto porque sus partidarios no llenaron en término los libros de firmas ciudadanas que lo avalarían.

El publicitado “diálogo” entre el gobierno nacional y la Media Luna no pudo detener la violencia en el oriente boliviano. En Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) fue a desbloquear el cerco que la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos del departamento (Fsutc-SC) comenzó en Tiquipaya, a 40 kilómetros de esta ciudad. No les fue bien. “Les dimos su zurra, se tuvieron que escapar. Donde el bloqueo quedaron cinco unionistas de rehenes. Ahora la policía fue a buscarlos, pero los compañeros se niegan a entregarlos hasta que no se presenten los medios de comunicación. Quieren que queden filmados los testimonios de esos chicos: cuánto les pagan, quién los manda. Son chicos humildes que hacen violencia por un sueldo”, dijo a PáginaI12 Salustio Flores, secretario ejecutivo de la Fsutc-SC.

“Tenemos informes de Inteligencia de que en la plaza se paseaban 60 hombres armados. Dicen que esperan al ejército para emboscarlo. Se calcula que en esta zona hay 500 hombres de la prefectura armados. Tenemos miedo de que vengan a atacarnos al bloqueo”, dijo Flores.

En San Julián, donde los campesinos venidos de occidente son mayoría, decidieron “usar las armas del campesino, su machete, su escopeta y su salón (rifle calibre 22). No vamos a dejar que rompan nuestro bloqueo y no vamos a dejar que nos hagan lo que hicieron en Cobija. Damos al Comité Pro Santa Cruz plazo hasta el lunes para que abandonen los edificios públicos. O San Julián va a ir a la ciudad para recuperarlos”, dijo Félix Martínez, dirigente de los campesinos.

En Santa Cruz, grupos cívicos y prefecturales mantienen ocupada la sede de la Coordinadora de los Pueblos Etnicos de Santa Cruz (Cpesc) sólo para demolerla. Hasta ayer habían sacado los techos, puertas y ventanas. Hoy derrumbarían las paredes.

También fue tomada la sede de la Delegación Presidencial. “Ya se fueron los de la UJC. Pusieron candado y una bandera de Santa Cruz. Tenemos que trabajar en otro lado porque allí nos exponemos a un riesgo altísimo”, dijo a este diario Gabriela Montaño, delegada cruceña.

Cuando llegó a Santa Cruz para participar del Conalde, el prefecto de Beni, Ernesto Suárez, acusó al gobierno por las muertes. “El gobierno compró a gente de Riberalta, en Beni, para que fuera a Cobija a tomar la prefectura. El gobierno los armó, por eso es el único culpable de las muertes”, opinó.

El prefecto de Tarija, Mario Cossío, pidió la participación de Morales en las negociaciones. “El estado de sitio complica el diálogo. Y en todo caso, si hubiera más reuniones, no serán más con el vicepresidente. Deberá participar el presidente”, afirmó.

Según sus declaraciones televisivas, Fernández pidió a Cossío “que evaluara la pertinencia o no de continuar el diálogo”.

En Santa Cruz, 500 efectivos del ejército recuperaron ayer la planta de procesamiento de gas de Samaipata, ocupada por los cívicos. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que existen dificultades para pasar gas a Argentina tras el atentado a gasoductos en el Gran Chaco. Calculan que en los próximos días se normalizará el envío.