En medio de la euforia rescatista, pocos recuerdan en Chile a Manuel Martínez Vega, un minero sepultado en la mina Juanita de Antofagasta. Enseguida lo dieron por muerto, aunque sus familiares pensaban lo contrario. Las autoridades nunca se sacaron las dudas. El derrumbe ocurrió en octubre de 2008, sus 16 compañeros salieron, pero él quedó atrapado a 300 metros bajo 500 toneladas de rocas y tierra.

El rescate era tan caro como riesgoso y sólo algunos medios de prensa regionales mencionaron la historia, hubo un operativo de rescate que duró sólo cinco días, cuando las autoridades decretaron la muerte del minero. El empresario responsable se llama Alfredo González Gutiérrez y, según una investigación del Ciper (Centro de Investigación e Información Periodística), “pese a haberse acreditado su responsabilidad, continúa operando con todas las de la ley”.

Como Martínez Vega no estaba casado legalmente con su mujer Rosala Thomson, ella no pudo hacerse parte de la investigación del Ministerio Público. Nunca supo en qué terminó la causa. Tampoco fue indemnizada. Y lo peor: si bien las deudas no se heredan, su mujer aún debe saldar las del minero porque puede estar muerto para los rescatistas, pero no para los bancos.