Desde Santiago

El próximo jueves se conmemora un nuevo 11 de septiembre, quizá la fecha más nefasta en la historia moderna de Chile. Ese día, hace 41 años, los militares perpetraron un golpe de Estado que terminó con el presidente Salvador Allende muerto al interior de un bombardeado Palacio de La Moneda y el país entró en un proceso donde los derechos humanos fueron borrados a punta de torturas, desapariciones y muertes. Con los años, la verdad ha ido apareciendo a cuentagotas y son muy pocos los oficiales detenidos por su participación en la barbarie. De los detenidos desaparecidos que aún faltan por encontrar se sabe muy poco, tanto es así que son muchas las voces que piden desde hace años al ejército que entregue información para avanzar en justicia y reconciliación y terminar con el denominado “pacto de silencio”.

En esta línea, la presidenta Michelle Bachelet, quien participó ayer en la inauguración del memorial de los detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), instó a quienes tienen “información relevante” sobre casos de violaciones a los derechos humanos a entregarla. En un acto en el frontis del edificio Tucapel Jiménez (dirigente de la ANEF asesinado en la dictadura), la doctora socialista dijo que “todavía tenemos tareas pendientes en materia de verdad, justicia y reparación. Han pasado más de 40 años, cada día vemos nuevas condenas, avanzamos, es cierto, pero no al ritmo que la sociedad y los familiares de las víctimas nos exigen”.

Bachelet agregó que “necesitamos que se haga justicia, necesitamos que esa justicia sea pronto, y necesitamos para que ello sea posible que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen. En este sentido, citó al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, al asumir la coordinación nacional de las causas de DD.HH. “De aquí a 40 años más la sociedad nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho, y yo añadiría, y de lo que no hemos hecho también.”

Dijo además que “es el momento de poner fin al silencio y la impunidad, es el momento de hermanarnos en la verdad, por Chile, por sus hijos, sus hijas, nietos y nietas, por el futuro de esa patria nuestra, de los hombres y mujeres que hoy rememoramos, y dignificaron y sirvieron con tanto amor”.

Acto seguido, Bachelet pidió a los tribunales de justicia más celeridad al investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar e instó a “poner fin al silencio” a quienes tengan información sobre el paradero de detenidos-desaparecidos.

Las palabras de la presidenta llegan unos días después de una entrevista dada por el comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, quien negó que exista “un pacto de silencio” institucional para ocultar información sobre el paradero de detenidos-desaparecidos.

“Yo puedo dar fe de que en el ejército que me ha tocado comandar hoy día no existe ese pacto de silencio”, declaró Oviedo, subrayando que la institución ha colaborado con la Justicia “para entregar la información que esté disponible”.

El pasado domingo, la semana en la que Chile conmemora el 11 de septiembre, la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) marchó en memoria de las víctimas, y exigió el fin de la impunidad y del “pacto de silencio” que a su juicio existe en las fuerzas armadas para no facilitar información o detalles que ayuden a dar con el paradero de las personas aún desaparecidas.

En respuesta a ello, Oviedo destacó que “ha sido sistemática la necesidad de actuar con las autoridades de justicia para entregar la información que esté disponible en el ejército. Distinto es con aquellas personas que están en condición de retiro que, por efectos de su defensa y conforme a la ley se los permita, puedan entregar o no los testimonios que ellos estimen convenientes... Pero eso no es un pacto que tenga la institución y menos con ellos, sería irresponsable y además que no se podría”, agregó.

La dictadura de Pinochet dejó 3200 muertos y más de 38.000 detenidos y torturados, según datos oficiales. Actualmente unos 60 militares cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.