El juez del caso Skanska, Javier López Biscayart, ya no sabía qué hacer para mitigar la ansiedad. Dejó el cigarrillo hace cuatro meses y a su lado, su colega Eduardo Farah, no paraba de fumar. La nube de humo se volvió todavía más densa cuando el abogado Domingo Montanaro encendió un habano. El juez federal Jorge Ballestero compartía la escena con aires de gentleman. Estaban parados al lado de los ascensores, sus trajes impecables, en un pasillo contiguo al salón principal del Consejo de la Magistratura. Allí esperaban ayer a que alguien abriera la puerta y los llamara para la entrevista pública que los pone en la recta final del concurso para dos cargos en la Cámara Federal, el tribunal que interviene en causas de corrupción y sobre crímenes de la última dictadura.

Según los pronósticos que pudo recoger Página/12, Farah y Ballestero tienen altas chances de quedarse con el premio. En las audiencias de ayer ante la Comisión de Selección, tanto ellos como otros cinco concursantes tuvieron que responder preguntas sobre derechos humanos, aspiraciones personales e incluso causas resonantes a su cargo.

A todos, por ejemplo, les pidieron su opinión sobre el fallo de la Corte Suprema que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La mayoría de las respuestas fueron rotundamente a favor, y estuvieron acompañadas de grandes demostraciones de conocimientos. La excepción fue López Biscayart: dijo que no quería pronunciarse sobre temas que le podrían tocar en caso de ser camarista. Al final, tuvo que abundar por la insistencia de la diputada y consejera kirchnerista Diana Conti. Escueto, dijo que el “Estado se comprometió a esclarecer el destino” de los desaparecidos y que “hay que llegar un esclarecimiento pronto”.

López Biscayart no goza de la simpatía del oficialismo, y menos desde que encontró el meollo del caso Skanska. Conti y la representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Marcela Losardo, le dedicaron las preguntas más punzantes. El diputado radical Oscar Aguad se interesó en si su independencia en la causa sobre Skanska se veía afectada por participar en el concurso para camarista, algo que –claro– Su Señoría negó de plano. Al revés que su colega penal tributario, el juez Ballestero, nombrado en los noventa, goza de la antipatía de la UCR. El senador Ernesto Sanz sólo apareció en el recinto exclusivamente en el momento de su entrevista.

–En todos sus años de juez, ¿cuántas veces procesó a un funcionario en ejercicio?–lo desafió Sanz. Ballestero dudó, y dijo que creía recordar que a Víctor Alderete. Después lo paseó desde la antigua causa de la leche podrida en el menemismo, que terminó en sobreseimiento, hasta la del vuelo de Enarsa que trajo a Guido Antonini Wilson, que el magistrado instruye en la actualidad. Por si quedaban dudas, al final el consejero fue bien explícito: “¿Tiene relación con el poder político?”, disparó. “Con ningún partido”, contestó el concursante. La estrategia de Ballestero fue poner sus fichas en demostrar sus conocimientos en materia de derechos humanos. Los radicales, a la salida, insistían por lo bajo con su teoría: “Es un mal antecedente que un juez no pueda demostrar su capacidad de enfrentar al poder político”.

El tono de la audiencia con Farah fue más ameno. Es un juez de Mar del Plata que actúa como subrogante en la propia Cámara para la que concursa. Hasta ahora ocupa el primer lugar en el orden del mérito del concurso, con los 151 puntos de antecedentes y del examen escrito. Ballestero está segundo, con 139, y López Biscayart tercero, con 116. Tres consejeros de Selección vaticinaron que, más allá de las simpatías y rencores, probablemente “ellos tres conforme la terna” que se elevará al Poder Ejecutivo, para que elija dos nombres y luego los apruebe el Senado.

Montanaro, el cuarto, es un postulante crónico. Siempre le va muy bien en los exámenes, pero tiene mucho en contra: fue declarado “no apto” en una prueba psicológica en un concurso previo, se ha pronunciado a favor de la pena de muerte y fue removido como juez subrogante (por el Consejo) por conductas abusivas. En cada nuevo intento, va acomodando el discurso.

En el capítulo derechos humanos, otra pregunta aludió a las condiciones de detención de los represores. La mayoría respondió que deben estar en cárceles comunes. El juez Sergio Delgado, acotó que –de todos modos– deberían estar en libertad hasta el juicio oral, más allá de la gravedad de los delitos. El comentario sorprendió a algún kircherista, pero aún así Delgado se ganó la simpatía de los evaluadores y alguna esperanza de ascender. También desfilaron Luis Roberto Salas y el abogado correntino Jorge Mass. Además de estos dos cargos en la Sala I y II de la Cámara, el gobierno de Cristina Kirchner podrá nombrar un tercer camarista, por el lugar que recientemente dejó Gabriel Cavallo, además de tres jueces federales y seis en el fuero penal económico.