El Consejo de la Magistratura suspendió ayer su plenario y todas sus actividades. Debía tratar el dictamen acusatorio contra el juez federal Sergio Torres y los miembros del Tribunal Oral 5, a cuya disposición estaba el asesinado Héctor Febres. Víctimas de este represor y organismos de derechos humanos acudieron al edificio de Libertad y Viamonte, pero se encontraron con un doble cordón policial que impedía el acceso.

“Estaba la Infantería, eran unos 25, además de otro montón de chaleco naranja y otros de civil”, describió Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA. Según relató, unas diez personas, entre organismos de derechos humanos, víctimas y familiares, pensaban participar del plenario del Consejo, que es público. Lordkipanidse escuchó que los policías comentaban que esperaban un escrache. Entró al edificio y los empleados le dijeron lo mismo. “Todo esto es por ustedes, por el escrache.” Fue inútil que el sobreviviente intentara explicarles que iban a hacer lo mismo que cuando se debatía el futuro del ex juez Víctor Brusa.

Al rato, Javier Rodríguez Use ofició como vocero del Consejo: informó que la audiencia “se había levantado” y postergado para el 17 de julio. “¿Por qué?”, quiso saber Lordkipanidse. “Y, por todo esto”, respondió Use. El sobreviviente le preguntó si el Consejo había pedido el operativo. “No, vamos a preguntarle al jefe”, propuso Rodríguez Use. Juntos escucharon que un policía, de apellido Botar, les decía que habían acudido por orden del Ministerio del Interior. “Y si el 17 hay escrache, tendremos que volver”, agregó. A esa altura Lordkipanidse marcó los números de Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas para avisarles que no fueran.