El dictador Jorge Rafael Videla pretendía ser juzgado por el sistema escrito en la causa en la que está acusado como “autor mediato” de la sustracción sistemática de menores durante la dictadura. A pesar de haber usado esta chicana judicial durante diez años, ahora la Cámara Federal ratificó que será juzgado en forma oral y pública, y confirmó la ampliación de su procesamiento por ese delito. En esta causa ya fueron elevados a juicio 32 hechos de los que están imputados los represores Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Reynaldo Bignone, Jorge “Tigre” Acosta y Antonio Vañek. Videla se sumaría a ellos.

El caso del dictador Videla tramitó siempre por separado porque su detención, ordenada por el juez Roberto Marquevich, fue realizada bajo el código antiguo que se manejaba con el juzgamiento por escrito. Tanto los querellantes como el Juzgado Federal 7 intentaron unificar ese expediente con el que tenía a los demás represores como imputados de ser los autores intelectuales del plan para el robo de los hijos de los desaparecidos, pero la Cámara siempre se había opuesto. Videla había sido procesado como “autor mediato” de cinco sustracciones, retenciones y ocultamiento de hijos cuyos padres estuvieron en centros clandestinos, y ahora sumó otros 21 casos del “plan sistemático”.

La Sala I de la Cámara –integrada con un miembro de la Sala II porque el camarista Eduardo Freiler fue el fiscal del caso– volvió a rechazar planteos de “cosa juzgada” y “prescripción” de la defensa de Videla y sostuvo que no se debía aplicar el procedimiento vigente al momento de los hechos, sino el que rige al momento del juzgamiento. Los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Farah expusieron que “puede considerarse autor (mediato) de un hecho criminal al jefe que, a través de un aparato de poder, domina la voluntad del ejecutor (subordinado al jefe)”. Agregaron que “en el caso puntual de Videla su posición en la cúspide de la cadena de mandos le ha permitido el manejo del aparato de represión ilegal, herramienta para que estos delitos fueran cometidos”. Según los jueces, “han existido órdenes secretas impartidas por los ex comandantes para que se sustrajera violentamente a los menores y fueran entregados a matrimonios vinculados con las fuerzas de seguridad”.