El sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba denunció que durante la represión del martes integrantes del gremio fueron llevados por la policía al interior de la Legislatura, donde “los esposaron, los molieron a patadas y les martillaron armas en la cabeza”. Uno de los agredidos fue el hijo del secretario general del LyF, Juan Leyría. El joven debió ser internado en un centro médico de la capital provincial, donde le hicieron estudios por los golpes que recibió en la cabeza. El sindicato hizo una nueva marcha a la Legislatura para repudiar la quita en las jubilaciones, lugar en el cual volvió a haber escarceos con los policías. Mañana arrancan con los cortes de ruta para pedir la derogación de la ley.

Los incidentes, de menores proporciones que los del martes, volvieron a ocurrir en las cuadras que rodean el edificio del Parlamento, cuando los manifestantes lanzaron piedras y bombas de estruendo contra la guardia policial y fueron reprimidos con balas de goma. También hubo una ruidosa manifestación frente a la sede alternativa que el gobierno provincial tiene en la ciudad de Río Cuarto, en cuyo interior el gobernador Juan Schiaretti mantenía su habitual reunión mensual de gabinete.

Al volver a la capital, el mandatario tuvo su primer encuentro con la prensa tras la sanción del ajuste. En él convocó a los gremios a dialogar e insistió en que la responsabilidad por la crisis la tiene el gobierno nacional. El mandatario aseguró incluso que si la Anses envía los fondos que reclama, enviará un proyecto al Parlamento para derogar la emergencia previsional (ver aparte). La reforma aplicó una quita de entre el 22 y 27 por ciento a las jubilaciones mayores de 5 mil pesos y puso en marcha un nuevo sistema para calcular el monto de las futuras. Los estatales cobraban hasta ahora el 82 por ciento de un promedio sobre el último año trabajado, pero con las modificaciones a la ley ese promedio se calculará en base a los últimos cuatro años, lo que reducirá los haberes. Con la nueva ley, los estatales perderán también otros derechos, ya que se modificó por ejemplo el modo de computar los aportes extras a los treinta años. Los apremios contra los manifestantes serán denunciados penalmente, según anticipó Leyría. El dirigente detalló que la golpiza fue propinada en la Alcaidía de la Legislatura; “la policía golpeó ferozmente a los compañeros, hasta les martillaron la pistola varias veces a cada uno de los demorados”. En ese marco contó que a su hijo “le pegaron en la cabeza”.

Una acusación de Schiaretti que no tuvo confirmación fue la de que en los disturbios habían participado grupos de “infiltrados” enviados desde Buenos Aires por el kirchnerismo. Algunos funcionarios de su gestión incluso hicieron nombres y señalaron a Luis D’Elía y Hugo Moyano como quienes habrían enviado algún colectivo con manifestantes. Sin embargo, el jefe de la Policía de Córdoba, Alejo Paredes, señaló que hasta el momento no tienen nada concreto sobre el tema. “Había un rumor, pero no pudimos corroborarlo. Hasta el momento no tenemos elementos de prueba de que tengamos infiltrados de otras provincias”, dijo el comisario. También desde los sindicatos se desmintió la posibilidad: “No vimos ningún infiltrado”, sostuvo Santiago Clavijo, de Luz y Fuerza.

Como parte de las acciones gremiales en contra del ajuste, los sindicatos que nuclean a los trabajadores del Estado presentarán ante la Justicia recursos de amparo denunciando la “inconstitucionalidad” del recorte, que afecta derechos adquiridos. Ayer realizaron además una denuncia penal contra los funcionarios a cargo de la Caja de Jubilaciones desde el 2004 hasta la fecha, a quienes acusaron de administración fraudulenta ante la Fiscalía Anticorrupción.

La denuncia, que abarca los tres últimos años de gestión de José Manuel de la Sota y la actual de Juan Schiaretti, señala que los funcionarios no presentaron jamás un balance de la Caja y desviaron el fondo complementario. Ese fondo es un aporte extraordinario del 7 por ciento que debieron resguardar en una cuenta especial pero que según los gremios “lo despilfarraron en gastos corrientes”.

A partir de mañana los estatales realizarán cortes de ruta en la localidad de Sinsacate, punto donde durante el lockout agrario los ruralistas instalaron uno de sus piquetes, con el apoyo y la protección de Schiaretti. Los gremios quieren marcar que este respaldo a los intereses sojeros, y su contraste con la quita a los jubilados, es un factor que agravó el mal clima social en la provincia. Con el plan de lucha los estatales apuntan a que la ley aprobada el martes sea derogada, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.