El ex intendente de Pinamar Roberto Porretti fue sobreseído por el juez de garantías de Dolores Gastón Giles. Los dueños de un complejo bailable habían denunciado que el ex funcionario y su secretario de Gobierno, Aldo Leonián, los habían querido extorsionar y como prueba de la acusación presentaron una filmación, que fue impugnada por el magistrado. “Creo en la Justicia”, dijo Porretti luego de que se difundiera el fallo. También apuntó contra la fiscal del caso y afirmó que espera recuperar la intendencia, medida que deberá resolver la Corte Suprema bonaerense.

El juez Giles consideró que “la modalidad desplegada por los denunciantes, es decir, provocar una reunión con el señor intendente para comparecer a la misma con una cámara oculta y un grabador digital disimulado para filmar y grabar lo que sucediera, sin que mediara autorización o control judicial necesario ni otra prescripción normativa habilitante, genera sin dudas violación del derecho de intimidad garantizada por nuestra ley fundamental”.

La causa fue iniciada por los empresarios Rubén Cameroni y Javier Porjolovsky, del complejo bailable Ku-El Alma, que acusaron al jefe comunal y a su secretario de exigirles 400 mil pesos para evitar el cierre de la discoteca. Por este caso, Porretti estuvo 26 días preso y fue destituido. Ahora, el mismo juez que ordenó su detención consideró que el video no era válido como prueba y rechazó el pedido de la fiscalía de enviar a Porreti y Leonián a juicio oral por extorsión. El ex secretario de Gobierno de Pinamar sigue involucrado en la causa, pero quedó acusado por un delito más leve: exacciones ilegales.

“La filmación se anuló por problemas técnico-jurídicos, es decir por la forma en que fue obtenida, y por problemas técnico-técnicos, porque no se escuchaba ni se veía nada y le agregaron subtítulos con palabras que no están en el audio”, señaló el abogado Daniel Llermanos, representante de Porretti. El defensor aseguró que prepara una presentación judicial por “falsa denuncia” contra los empresarios Cameroni y Porjolovsky y que confía en que la Corte Suprema bonaerense restituya a Porre-tti en la intendencia.

El obstáculo del ex intendente para recuperar su cargo es que el Concejo Deliberante no se basó, para destituirlo en junio, en la causa penal que en ese momento lo involucraba en el supuesto pedido de coima. La acusación comprendió transgresiones consideradas “graves o muy graves” de su gestión, que en ese momento llevaba cuatro meses. Se incluyeron desde la prórroga por decreto de un contrato de recolección de residuos hasta autorizaciones por uso del espacio público. Como se trata de acciones de su gestión, la Justicia no podría revisar la decisión del Concejo. Pero los abogados de Porretti argumentan que aquellos motivos no fueron los “reales”. “La verdadera causal no fue la invocada sino la ocultada”, aseguró Llermanos.

El fallo aún no está firme. La fiscalía y los denunciantes apelarán la decisión del juez cuando se reanude la actividad judicial después de la feria. “Estamos sorprendidos. Tristes e indignados. No entendemos qué pasó. No cambió nada en el expediente y son las mismas pruebas por las que hace menos de un año Porre-tti tenía orden de detención”, señaló el abogado Raúl López Presa, representante de los dueños del complejo Ku-El Alma.

Por el momento, Porretti festeja. “Por fin la Justicia me dio la razón, para mí y mi familia esto fue una pesadilla de la que recién nos estamos despertando”, aseguró después de criticar a la fiscal que condujo la investigación.

Porretti llegó a la intendencia de Pinamar como representante del Frente para la Victoria el 10 de diciembre pasado, tras desplazar del poder a Blas Altieri, quien había dirigido el municipio durante los últimos dieciséis años. Para ganar las elecciones contó con el apoyo de Rafael De Vito, del PJ, pero esa alianza se terminó luego de la asunción de Porretti. El escándalo de las supuestas coimas y la destitución de Porretti convirtieron a De Vito en intendente.