El juez en lo penal económico Julio Brugo dejará la causa de los autos con franquicias diplomáticas truchas. Tras un conflicto de competencia, la Cámara Penal Federal decidió unificar las causas que hasta ahora estaban en fueros separados. A pedido del abogado del ex funcionario de Cancillería Jorge Matas, le dio la competencia al juzgado federal de Norberto Oyarbide, donde se había iniciado la causa. La decisión beneficiaría a Matas, porque la Justicia Federal no le imputa el delito de contrabando, sino el incumplimiento de los deberes de funcionario público, un delito excarcelable y con menores penas previstas.

La resolución de la Sala A de la Cámara terminó ayer con un largo planteo por el pedido de inhibiciones y competencias que empezó en marzo. En representación de Jorge Matas y del gestor Pablo Rodríguez, los abogados Diego Pirota, Martín Poy Queirolo y Cristina Golombo le solicitaron al juez Oyarbide la unificación de las causas que hasta entonces se investigaban simultáneamente –pero por delitos distintos– en el juzgado de Brugo, del fuero penal económico, y en el de Oyarbide, del fuero federal. En el primer caso, la acusación era por contrabando, un delito no excarcelable y con penas de prisión previstas por un mínimo de cuatro años y un máximo de diez. Y, en el segundo caso, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público para Matas, a quien el fiscal federal Patricio Evers pretendía sumarle “cohecho”, un delito muy difícil de probar. Los abogados pidieron que la causa quedara sólo en el juzgado de Oyarbide, con el argumento de que sus defendidos estaban siendo sometidos a una “doble persecución penal”.

En seis carillas, con la firma de Eduardo Freiler y Eduardo Farah, la Cámara dio por válidas las razones de la defensa. Sugirió que la causa no es sólo una investigación por “contrabando agravado”, como pedía Brugo, sino que pueden llegar a tener lugar otra serie de delitos, como adulteración de documentos públicos, cohecho o asociación ilícita. Como esos delitos exceden la competencia del fuero penal económico, sostienen que debe investigar la Justicia Federal.

Algo similar se planteó con otro argumento: la entidad de los imputados. La investigación sobre diplomáticos extranjeros es competencia en el país de la Justicia Federal, e incluso de la Corte Suprema de Justicia. Por eso, al inicio de la causa, Oyarbide declinó su competencia en favor de la Corte. La Corte le devolvió el expediente, porque todavía no había motivos para sospechar de la intervención de extranjeros, pero con el tiempo se señaló a un funcionario administrativo de la embajada rusa, Mikhail Moskin. Todo el proceso a Moskin, como el resto de la investigación de Oyarbide, nunca llegó a avanzar porque el problema de competencia paralizó la causa. Ahora la Cámara dispuso que la presencia del diplomático extranjero es otro motivo para que sea la Justicia Federal y no la ordinaria la que siga con el expediente.

Ahora Oyarbide tiene que enviarle un oficio a Brugo para pedir la causa. Se supone que Brugo tiene que aceptarlo. La pelea por el expediente de los autos truchos entre Oyarbide y Brugo se plasmó desde el comienzo del caso: uno y otro se disputaron el mérito de haber empezado primero. En esa saga intervinieron también los abogados. Ellos aseguran ahora que fue Oyarbide y no Brugo, por ejemplo, el que citó por primera vez al ex director de Franquicias. Según esa versión, Oyarbide lo citó 30 días antes que Brugo. Sólo cuando faltaban 7 días para que declarara, Brugo le mandó una notificación urgente, lo convocó y lo detuvo. Matas se pasó un día preso y, al siguiente, consiguió la prisión domiciliaria. Ante Brugo no declaró. Su abogado presentó un pedido de inhibición y aseguran que declarará cuando lo llame Oyarbide.