Domingo, 8 de marzo de 2009 | Hoy
EL PAíS › LOS FANTASMAS DE LA AMIA
En el marco de la investigación del atentado a la AMIA de julio de 1994, el fiscal Alberto Nisman dispuso del embargo de varias propiedades a nombre del ex agregado cultural de Irán en la Argentina, Mohsen Rabbani. Tanto la comunidad árabe como el representante diplomático iraní cuestionaron esos embargos. En Página/12, las dos partes exponen sus posturas. El encargado de Negocios iraní, Mohsen Baharvand, por un lado, y el fiscal, por el otro, respondieron a un cuestionario de este diario.
Por Raúl Kollmann
BAHARVAND, ENCARGADO DE NEGOCIOS IRANI
–¿Por qué se opone usted a los embargos de los bienes de Mohsen Rabbani?
–El señor Rabbani es un iraní. Según la ley iraní y el derecho internacional, estamos obligados y tenemos el derecho de defender los intereses de nuestros ciudadanos, y también los postulados de nuestra religión. Más allá de eso, él fue agregado cultural de nuestra embajada y nunca había sido acusado de un acto ilegal en la Argentina. Entonces tenemos que defenderlo.
–El argumento de la Justicia argentina es que como los funcionarios iraníes no se defienden, todo el proceso sigue adelante. ¿Hay alguna chance de que Irán o sus funcionarios se presenten ante la Justicia argentina?
–Un país no puedeser juzgado en un tribunal de otro país. Ese es el primer principio del derecho internacional. Respecto de los individuos, eso es exactamente lo mismo: es imposible que Irán entregue a sus ciudadanos a otro país. Sería olvidarse de todas las reglas y las leyes. Yo le digo que los propios acusados argentinos no creen ni creyeron en el proceso judicial del caso AMIA y no quieren ni presentarse. Los propios representantes de las víctimas han acusado una y otra vez a las autoridades judiciales y los investigadores del caso. ¿No es demasiado pedir a las altas autoridades de otro país que se presenten a un tribunal argentino? A pesar de todo esto, hemos buscado y todavía estamos buscando una resolución, una mediación, para ayudar al tribunal argentino para que pierda más su tiempo en una pista falsa. Entonces nos preguntamos: si presentamos todas las evidencias y toda la documentación probando la inocencia de nuestros ciudadanos, ¿existiría una mínima posibilidad de que el tribunal tome una decisión a favor de un acusado inocente de Irán? Nuestra respuesta es que no. Por eso muchas veces exigimos al gobierno argentino que negociemos y que primero definamos los límites de nuestro conflicto y en segundo lugar que aclaremos y aseguremos las consecuencias legales para los inocentes después de brindar nuestra colaboración. Pero todavía no recibimos una reacción positiva.
–¿Cómo evalúa hoy, desde el punto de vista de las pruebas, la acusación contra Irán y sus funcionarios?
–Para nosotros queda en claro que la pista iraní es una pista falsa. Las acusaciones en contra de mi país aparecieron durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem, impulsadas por él mismo, y siguen hasta el día de hoy sin ninguna evidencia concreta. Como hipótesis, lo que dicen en contra de mi país y los iraníes en este caso es muy raro y sorpresivo. Por ejemplo, embargaron los bienes del agregado cultural, Mohsen Rabbani, por haber participado del ataque contra la AMIA. Ahora, no nos imaginamos un terrorista que en 1994 comete un acto terrorista histórico y en el mismo país en 1995 y 1996 pone su dinero y compra bienes y los registra en Argentina de una manera transparente. Y pese a las acusaciones de un juez que ya fue echado de su puesto, se quedó viviendo en la Argentina hasta 1998. Cuando volvió a Irán tampoco vendió los bienes y ahora, 15 años más tarde, el fiscal lo embarga. No hay prueba más nítida de inocencia que el comportamiento de Rabbani. Tengo que aclarar que el señor Rabbani, como religioso, compró los bienes y toda la rentabilidad, los alquileres, están donados a actividades de caridad y benéficas de la colectividad islámica argentina, que pasa necesidades. En vez de insultar y acusar tenemos que pensar un poco y dialogar para descubrir la verdad. Nosotros tenemos esperanza en un país cuyo gobierno plantea la protección de los derechos humanos y los señala como una política de Estado.
ALBERTO NISMAN, FISCAL DE LA CAUSA AMIA
–Irán y la comunidad árabe argentina, a través de Fearab, denuncian que usted embarga sobre la base de acusaciones falsas y mal intencionadas.
–Mire, los embargos preventivos decretados fueron la culminación de un proceso de estudio que realizó tanto la Fiscalía como el juzgado a raíz de un reclamo de naturaleza patrimonial que formuló un sobreviviente. Ese estudio concluyó que las personas imputadas debían responder civilmente –es decir, con su patrimonio– por los daños que causó el atentado que ellos mismos planearon y ejecutaron. Entonces, no existe ninguna acusación falsa, los embargos solo se tratan de una derivación lógica de la responsabilidad penal de los imputados. En cualquier hecho delictivo, el autor del delito es también patrimonialmente responsable por los daños que causó y en este caso ocurre exactamente lo mismo. Los autores del atentado son patrimonialmente responsables por los daños que causaron y por esa razón se les trabó un embargo preventivo. Esa medida, hasta ahora, se hizo efectiva respecto del ex consejero cultural iraní en la Argentina, Mohsen Rabbani, pero la Fiscalía ya ha iniciado también otras acciones, incluso en el exterior, encaminadas a detectar bienes de otros imputados, que también podrán ser materia de embargos. En cuanto a la alegada mala intencionalidad de la medida, debo manifestar una obviedad, consistente en que el trabajo de la Fiscalía es eminentemente técnico. Va de suyo que no tenemos animosidad contra persona alguna, y menos contra una comunidad entera. Prueba de ello es que desde un primer momento, y respetando las normas legales internacionales, excluimos de los embargos a los bienes de la República Islámica de Irán –pese a que así estaba solicitado– por entender que esa nación, en razón de su soberanía, tenía inmunidad de ejecución. Tampoco hicimos efectivo el embargo preventivo sobre la mezquita Al Imán de Cañuelas, pese a que esa casa está a nombre de Mohsen Rabbani, por entender que estaríamos afectando y menoscabando el libre ejercicio del culto islámico. Le estoy dando ejemplos concretos sobre el modo de actuación totalmente objetivo que tiene la Fiscalía a mi cargo, por lo que la acusación de un actuar mal intencionado es totalmente infundada y falaz.
–¿Qué contesta a quienes dicen que esas propiedades no eran de uso de Rabbani sino que el dinero se utiliza para las actividades de la comunidad árabe?
–Si se quiere presentar esto como un avasallamiento a la comunidad árabe, se incurre en un gravísimo error. De hecho, como ya dije, entre las propiedades que se logró determinar que están a nombre de Rabbani, una estaría siendo usada como mezquita, y sobre ella no se adoptó ningún temperamento. La libertad de culto es un derecho reconocido constitucionalmente y la Fiscalía en todo momento demostró un apego irrestricto a ese principio. Acá las propiedades afectadas tienen un destino comercial y exclusivamente lucrativo, y precisamente, a partir de la investigación emprendida por la Fiscalía, que determinó que su dueño es Rabbani, se trabó un embargo preventivo, primero a partir del reclamo de una de las víctimas, y luego, en una acción que engloba a todos los damnificados. Y quiero poner el acento en esto: acá no tiene nada que ver quién lucraba con esas propiedades o si Rabbani las usaba o no, el embargo tiene como antecedente una acusación sólida, respaldada por un organismo internacional como Interpol, y es la medida procesalmente válida para resguardar el patrimonio.
–Irán sostiene que la investigación es falsa y que no hay un solo detenido ni pista alguna de los argentinos que ayudaron a concretar el atentado.
–Este ha sido el principal argumento empleado, obviamente sin éxito, por las autoridades iraníes para desacreditar el dictamen. De hecho, fue el eje de la posición iraní en el debate que se sustanció ante Interpol, por la oposición que aquel país manifestó ante los pedidos de captura de la justicia argentina. Sin embargo, debo decir que tanto la oficina de asuntos jurídicos de la Interpol como el secretario general de la organización, el Comité Ejecutivo y la Asamblea General, donde el asunto fue examinado en profundidad, establecieron que tales alegaciones eran improcedentes. Le comento esto para que vea que, más allá de mi posición personal al respecto (pues obviamente estoy plenamente convencido de la solidez de las evidencias que respaldan mi acusación), ha habido una larga y sustanciosa discusión en un foro internacional, en el cual quedó en claro que el caso AMIA es un caso judicial, no político. Por lo demás, resulta curioso que Irán, que sistemáticamente se niega a responder nuestros exhortos o a colaborar con la investigación, y que protege y no entrega a la justicia argentina a los máximos responsables del atentado, venga ahora a preocuparse por quiénes fueron los argentinos que colaboraron en el hecho. En la causa no se descartó ninguna hipótesis y, por el contrario, se está trabajando intensamente para determinar quiénes brindaron apoyo local para la comisión del atentado.
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