Con el espíritu de apertura al “diálogo” anunciado el jueves, el Gobierno empieza a ceder ante la oposición y, en el rubro judicial, da señales de permeabilidad frente a los reclamos de re-reforma del Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y sanciona a los jueces. Cristina Kirchner le encomendó al nuevo ministro de Justicia, Julio Alak, que “analizara la ley existente” y que escuchara los planteos de “todos los sectores” para evaluar modificaciones en la relación interna de fuerzas. Esto incluye a la casta judicial, que pugna por recuperar poder en el cuerpo y hasta ahora había sido cuestionada por el oficialismo. En este clima, legisladores y agrupaciones de jueces ya cocinan proyectos. El PRO presentó el suyo esta semana, los radicales y la Asociación de Magistrados preparan otros, y hasta el presidente actual del Consejo, el juez Luis María Bunge Campos, delinea el propio.

Este enmarañado organismo de nombre solemne tiene detrás de esa apariencia una responsabilidad enorme a la hora de elegir o investigar a quienes imparten justicia y suele ser escenario de peleas feroces entre los sectores que lo componen: son siete políticos, tres jueces, dos abogados y un académico. La norma que redujo sus integrantes de 20 a 13 y le dio su forma actual fue promulgada en febrero de 2006 por el gobierno de Néstor Kirchner en medio de una lluvia de críticas. Les dio capacidad de veto a los miembros oficialistas, eliminó a la tercera minoría parlamentaria y les quitó influencia a los jueces. Sus Señorías fueron quizá los más golpeados, ya que antes poseían la presidencia del Consejo en forma permanente (la ejercía el titular de la Corte Suprema) más cuatro representantes, lo que les daba un gran dominio en las negociaciones si querían defender a colegas o propiciar nombramientos. Los políticos, en cambio, ganaron terreno y hoy son mayoría.

Concesiones

El “desequilibrio” en el reparto de lugares fue lo que desató las objeciones de todo el arco ideológico dentro y fuera del mundillo del Derecho. La Corte, calladita, sigue estudiando su presunta inconstitucionalidad. Frente al resultado electoral del 28 de junio, la Asociación de Magistrados –la entidad que por tradición aglutina a la gran familia judicial– salió con reflejos a pedir la reforma de la reforma del Consejo, con el argumento de que tal como está es una usina de presión a los jueces conformada por políticos que rosquean pero no trabajan porque, en el mejor de los casos, no pueden estar en dos lugares a la vez.

En estos años la corporación judicial como tal, radiada en el Consejo y desprestigiada ante la sociedad, no fue un gran tema para el Gobierno, que la ninguneó. Incluso el ex ministro de Justicia y ahora jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ni se molestó en aplacar la tirante relación con el titular de la Corte, Ricardo Lorenze tti. Los nuevos vientos ya empezaron a mover el tablero. El día de la jura ministros, el nuevo timonel de la cartera judicial, “el turco” Alak, dijo que la Presidenta le había dado instrucciones para tender un diálogo con los supremos y los magistrados en general. En los días que siguieron, desde el ministerio reforzaron el mensaje: “Vamos a dialogar con todos los organismos que nuclean a los jueces, con los colegios y la Corte”. “Optimizar” el Consejo de la Magistratura, aseguraron cerca del ex intendente platense a Página/12, va a ser “prioridad”, igual que cuidar la “independencia judicial”. Hay una “actitud de apertura” al dar un paso atrás.

“Estamos dispuestos a analizar los planteos de reforma y revisar todo pero hablando sin hipocresías”, dijo a este diario la diputada y consejera kirchnerista Diana Conti. “Hay que mirar cómo se vota en el Consejo: los consejeros jueces siempre son reticentes a votar los dictámenes acusatorios contra sus pares. Si ahora quieren tener más número para bloquear acusaciones van a tener que sincerarse. Lo que molesta es que los malos jueces hayan dejado de tener impunidad política”, se apasionó Conti. “El oficialismo –pidió aclarar– tiene poder de bloqueo pero no de imposición.”

Quién quiere qué

La entidad de los magistrados anunció que va a presentar su proyecto de ley con la intención de volver al Consejo de 20 bancas presidido por el titular de la Corte Suprema y la opción de que en lugar de diputados y senadores, lo integren representantes de los legisladores. “Llevaremos la alternativa de máxima, después veremos”, dijo Ricardo Recondo, titular de la Asociación.

El radicalismo, que tiene actualmente dos hombres en el cuerpo de consejeros, les deslizó a los jueces la opción de compartir ese proyecto. Pero los hombres y mujeres de toga prefieren avanzar por su cuenta. Frente al desaire, en la UCR ahora hablan de agregar uno o dos abogados y académicos al Consejo actual. Jueces, se verá. La meta, señalan voceros partidarios, es quebrar la capacidad de veto del kirchnerismo, “que genera dependencia política excesiva de los jueces con el poder de turno”. En otro rubro, plantearían un sistema de concursos permanentes para juez que evite la multiplicación de vacantes.

Por su lado, el actual presidente del Consejo, Bunge Campos, pergeña su propia idea sobre cómo debería ser el organismo. Este juez está enrolado en un grupo opositor (lista celeste) al que lidera hoy en día la Asociación de Magistrados, aspira a que el órgano tenga “por lo menos igual cantidad de jueces que de políticos”, según le dijo a Página/12 (ver aparte).

El PRO se anticipó y ya echó a rodar esta semana por el Congreso un proyecto del diputado Luis Galvalisi que cambia el eje de la discusión. “Queremos que el Consejo de la Magistratura tenga el carácter de un órgano de control y por eso proponemos volver a la composición vieja pero que la mayoría quede en manos de la oposición. El objetivo es que sea un cuerpo más técnico y controlado, que deje de ser una herramienta de extorsión y prebendas”, señaló Galvalisi, consultado por este diario.

Para modificar la ley que diseña y regula el Consejo de la Magistratura hace falta el voto de la mayoría absoluta de las cámaras, lo que anticipa negociaciones reñidas: si bien la oposición marca el temario, ninguna fuerza tiene los números garantizados para triunfar.

El nuevo ministro Alak empezará a delinear su agenda la semana próxima. Planea un encuentro con los secretarios que dejó su antecesor y que por ahora no piensa cambiar. Entre ellos, por lo pronto, seguirá la viceministra Marcela Losardo, cuyo know-how quiere aprovechar, ya que es precisamente la delegada del Poder Ejecutivo en el controvertido Consejo. Por lo demás, se avecinan algunas concesiones y el eterno desafío de que no sea un maquillaje más.