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“Quieren paralizar o entorpecer el Juicio por la Verdad”, aseguró Antonia Segarra, miembro de Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata. La mujer y varios abogados de organismos de derechos humanos de esa ciudad viajaron a Buenos Aires para presentar una queja ante la Cámara de Casación. Ese tribunal les quitó el expediente en el que se investiga el destino de los desaparecidos a los jueces que lo llevaron adelante durante un año y medio.
Las audiencias del Juicio por la Verdad de Mar del Plata comenzaron el 5 de febrero del año pasado y se realizaron todas las semanas ante el Tribunal Oral de Mar del Plata hasta que el 15 de mayo pasado la sala IV de la Cámara de Casación reclamó la remisión de toda la causa para resolver un recurso que había presentado la Armada. El abogado Ricardo Horacio Rivarola, en representación de la Marina, había apelado una medida de no innovar sobre los terrenos en los que había funcionado el centro clandestino de detención de la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM). Los jueces Gustavo Hornos y Ana María de Durañona y Vedia revocaron la decisión del Tribunal Oral de preservar el predio del ESIM y además resolvieron quitarle la competencia a los jueces Roberto Falcone, Mario Alberto Portela y Néstor Rubén Parra, y enviar el caso a la Cámara Federal de Mar del Plata.
“En su momento, hubo un incidente sobre este tema y la Cámara desistió su competencia, por eso Casación sólo parece querer entorpecer el juicio. En Mar del Plata se avanzó sobre las responsabilidades de los civiles durante la última dictadura y esto provocó revuelo y reacciones”, explicó Juan Carlos Wlasic, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Mar del Plata, quien junto a sus colegas Gloria León y Susana Nudelman y María Luisa Turón de Toledo, de Familiares de Detenidos Desaparecidos, acompañaron a Segarra a Buenos Aires.
Los organismos de derechos humanos de Mar del Plata, junto con la Universidad y el Colegio de Abogados de esa ciudad, presentaron un escrito el viernes ante la Cámara de Casación en el que protestaron, entre otras cosas, por la “vulneración de la garantía de defensa en juicio y debido proceso”.
En una conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, León destacó que “esta actitud de la Cámara de Casación coincide con otras medidas que se realizaron en distintos lugares del país, como la recusación del juez de Resistencia, Carlos Skidelsky. Son maniobras para detener este tipo de juicios”. La presidenta de Abuelas, Estela Carlotto, respaldó los reclamos de los marplatenses y reiteró la exigencia de la anulación definitiva de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final “para poder juzgar a todos los responsables”. “Esta lucha es para siempre”, aseguró.
Durante el transcurso de la audiencia, el Tribunal Oral de Mar del Plata procesó a tres militares por negarse a declarar y al suboficial Gregorio Molina por homicidio y violaciones reiteradas. Este hombre fue reconocido por dos mujeres como un torturador y violador de “La Cueva”, donde se escondía bajo el alias de “Charly”. Las víctimas de Molina lo señalaron como uno de los responsables de los asesinatos de Jorge Candeloro y Norberto Oscar Centeno, dos de los abogados desaparecidos en La Noche de las Corbatas. El Tribunal consideró que Molina debía ser investigado penalmente, sin las restricciones que tienen los juicios basados en el derecho a la verdad y denunció el caso ante un juez de primera instancia. Nueve días después, la Cámara de Casación reclamó el expediente y paralizó el Juicio por la Verdad.