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El Gobierno consiguió ayer el respaldo de los gobernadores y jefes parlamentarios para cumplir con las condiciones que exige el Fondo Monetario. El acuerdo quedó plasmado en un texto de doce puntos que firmaron todos los participantes del encuentro en Olivos con excepción de los menemistas, que se fueron enojados por el principal consenso alcanzado ayer en materia política: que por esta vez quedarán suspendidas las internas abiertas y simultáneas y la fecha de las elecciones generales se correrá para el 27 de abril del 2003. Si bien en el “Acuerdo Político, Económico y Social”, el Gobierno, los gobernadores y los legisladores atendieron punto por punto los reclamos de los organismos de crédito también, quisieron dar síntomas de vida propia al anunciar el lanzamiento de un Plan de Emergencia en materia social o respaldar la baja de dos puntos del IVA dispuesta por el ministro Roberto Lavagna.
Mientras los gobernadores se iban pasando de mano en mano el acuerdo para firmarlo, el presidente Eduardo Duhalde garabateaba las palabras que iba a decir en un papel. El clima era muy serio. “Estamos ante una encrucijada histórica”, dijo, luego. “Un momento muy importante en el cual debemos decidir si seguimos avanzando en lo social, político y económico o si ponemos el país en riesgo de retroceder”, siguió. Y agradeció a los gobernadores su actitud “patriótica”.
Anoche, en la Rosada, el clima era de triunfo aunque con moderación. Si bien el Gobierno consiguió con rapidez y sin mayores contratiempos un acuerdo que asomaba complicado, también es cierto que muchos puntos aún deben pasar el tamiz del Congreso, por no hablar del visto bueno de Anne Krueger y compañía. “Ganamos 20 a 4”, resumía un vocero, en referencia a las cuatro provincias rebeldes: tres menemistas –La Rioja, Salta y La Pampa– más San Luis, el feudo de Adolfo Rodríguez Saá. El ministro del Interior, Jorge Matzkin, aseguraba que “ahora sí” aspiraban a cerrar el acuerdo con el Fondo, un anuncio que el Gobierno viene haciendo casi desde que asumió.
A propósito de expectativas frustradas, varios recordaron ayer los 14 puntos que los gobernadores habían firmado en abril pasado, también a pedido del Fondo y luego de la salida de Economía de Jorge Remes Lenicov. El propio Duhalde puntualizó que los gobernadores también habían “puesto el hombro” en aquel momento. Los 14 puntos son el antecedente inmediato del acuerdo de ayer pero, al decir de los firmantes, éste se distingue por ser notoriamente más “cumplible”.
Lavagna, ya avezado en las rispideces de la política, en su primer análisis destacó que en el acuerdo se hubieran reforzado las políticas sociales y despejado las dudas que existían en torno del cronograma electoral. El ministro había sorprendido a los gobernadores cuando al hacer un resumen de sus conversaciones con el FMI, les explicó que en Washington estaban más interesados en ver gestos políticos de consenso que llegar a un acuerdo total en los detalles técnicos económicos.
La reunión de ayer se desarrolló en dos partes. Comenzó el domingo a las 10 de la noche y se prolongó hasta la 1 de la madrugada del lunes. La reanudación fue ayer al mediodía y el acuerdo se anunció a las 6 de la tarde. Sin embargo, pese a tantas horas, no hubo un debate muy intenso. Las principales divergencias surgieron en la noche del domingo, cuando los menemistas, encabezados por el salteño Juan Carlos Romero y el riojano Angel Maza, dejaron en claro que no firmarían ningún cambio de fecha para las elecciones. A su posición se sumaron el pampeano Rubén Marín y la gobernadora de San Luis, Alicia Lemme. Una curiosidad: la fecha original para las elecciones era el 20 de abril, pero ayer se dieron cuenta de que era justo Semana Santa.
Con todo, algunos gobernadores y legisladores puntualizaron sus diferencias con un par de puntos del acuerdo. El precandidato presidencial y gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, suscribieron “con reservas” la modificación de la Ley de Entidades Financieras porque piensan que por ahí se puede colar la inmunidad para las autoridades del Banco Central, uno de los más añejos reclamos del Fondo. También se opusieron a que el tema de las ejecuciones hipotecarias no pase por el Congreso, pero en eso Lavagna fue inflexible. El ministro aseguró que si se aprobaba el proyecto que prórroga por 180 días las ejecuciones de los deudores bancarios, las negociaciones con el Fondo se caerían y no las levantaban más.
Algo que los gobernadores, aun los más díscolos, quisieron dejar en claro fue que el pacto de ayer no significaba más ajustes porque cada uno ya se había comprometido a equilibrar sus cuentas en los compromisos que fueron firmando por separado con el Gobierno a lo largo del año. Otro de los puntos acordados, el incremento del 10 por ciento de las tarifas de los servicios públicos, finalmente no quedó plasmada en el texto porque no está definido de qué manera saldrá. En Economía siguen hablando de un aumento por decreto y escalonado. Sorpresivamente, la eliminación de los planes de competitividad que creó Domingo Cavallo no generó resistencias.
Luego de la exposición del gobernador de Tucumán, Julio Miranda –muy cuestionado por la muerte de seis chicos por desnutrición en su provincia– se resolvió que el tema social ocupara un lugar destacado en el acuerdo. Los gobernadores opositores no querían que lo electoral terminara acaparando las repercusiones del encuentro por lo que la idea de lanzar un plan social de emergencia con una amplia participación y que apunte a “las poblaciones más desamparadas” fue muy bien aceptado por todos.
El Gobierno no tiene mucho margen para el festejo. Hoy mismo debe iniciar una nueva negociación para que el acuerdo supere el filtro del Congreso, algo que no será sencillo pese al aval que ayer dieron los jefes de bloque. “No hay problema en recortar mil millones más, pero de dónde los sacamos”, se preguntaba un importante diputado justicialista sobre el Presupuesto 2003. “Nos comprometimos a tratarlo pero no a votarlo”, aclaraba por su parte el radical Horacio Pernasetti.