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El Colegio bonaerense de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial formuló un cuestionamiento público a las últimas designaciones de jueces de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. “Han recaído en personas sin antecedentes explicitados muy destacables en el ámbito del ejercicio profesional de la abogacía o la función judicial”, advirtieron en el comunicado. En evidente alusión la incorporación al tribunal del senador y ex ministro de Seguridad Luis Genoud, la entidad alertó sobre su “desempeño actual y activo de altos cargos eminentemente políticos en la esfera de los Poderes Ejecutivo y Legislativo”.
Los últimos dos nombramientos para integrar el máximo tribunal bonaerense fueron los de Hilda Kogan, una jueza de origen radical que venía del fuero federal, y el del peronista Genoud, un funcionario que había comenzado su carrera como policía de la provincia y llegó a ser ministro de Seguridad, aunque dejó ese puesto después de la masacre de los piqueteros en Avellaneda que terminó con la muerte de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
En marzo último renunciaron al máximo tribunal bonaerense cuatro de sus integrantes: Guillermo David San Martín, Ernesto Ghione, Alberto Pisano y Homero Elías Laborde. Quedaron cinco jueces: Héctor Negri, Juan Manuel Salas, Eduardo Pettigiani, Eduardo de Lázzari y Juan Carlos Hitters. El Ejecutivo provincial intentó reducir el número de miembros, pero la iniciativa naufragó. Para ocupar los dos primeros cargos vacantes, el gobernador Felipe Solá mandó al Senado los pliegos de Francisco Roncoroni y Daniel Soria, que consiguieron aval rápidamente. Después ingresaron los de Genoud y Kogan.
El Colegio de Magistrados señaló que “dejando a salvo, como no podría ser de otra manera, la honorabilidad de las personas designadas, se permite discrepar con los criterios que informaran los nombramientos y lamentar que, tal vez, haya existido nuevamente en el ámbito institucional, una oportunidad perdida”. Consideran que los antecedentes de los nuevos ministros pueden ser puestos en duda más allá de que sus designaciones “han sido efectuadas por el Poder Ejecutivo y el Senado con respeto de los mecanismos constitucionales vigentes”.
Ya a comienzos de este año, ante las vacantes producidas en el alto tribunal bonaerense, la entidad de los magistrados dejó sentada su “legítima aspiración de que la selección de los nuevos integrantes obedezca a criterios de prudencia y sensatez, donde prevalezcan, además de la indispensable versación jurídica y condiciones técnicas, virtudes tales como probidad, laboriosidad, sentido común, dignidad y concepto de independencia”.