”En liquidación”, parecen deletrear las luces de la ciudad de Buenos Aires, vistas desde arriba. El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, envió un proyecto a la Legislatura para crear la Corporación Puerta Norte, que administrará un fideicomiso constituido con el dinero de todos los terrenos que planea vender. Entre ellos, está la traza de la ex AU3, que será saldada previo desalojo de las 700 familias que viven allí (cada lote valdría más de 50 millones de pesos). La corporación existirá durante 99 años y estará facultada para asociarse con privados para comprar y vender terrenos y construir edificios. Los vecinos de las zonas afectadas ya pusieron el grito en el cielo y la oposición denunció un negocio inmobiliario multimillonario, que podrá hacer contrataciones por fuera de los mecanismos de control del Estado porteño.

La mirada de Macri está fija sobre la traza de la ex AU3 desde que vetó la Ley de Emergencia Habitacional, una norma votada por toda la oposición que suspendía los desalojos. En ese momento, su jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta graficó la política macrista: “Despacito, en silencio, se van haciendo desalojos”. Por lo menos, no le valió una denuncia ante el Inadi, como le ocurrió a Macri cuando ofreció su visión de los vecinos de la zona: “Empezaron a vender falopa desde ahí y a meterse flacos como aguantadero para el robo”.

La gestión PRO planea que unas catorce manzanas –que van de Villa Urquiza a Belgrano– sean vendidas para la edificación de viviendas. Es el tramo que va de avenida Congreso a Avenida de Los Incas, entre Donado y Holmberg. Esto implica el desalojo unas setecientas familias que ocupan la traza de la ex AU3. Allí se iba a construir una autopista para unir Núñez con Pompeya, para lo que el intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore expropió las viviendas. Pero nunca se hizo y las casas quedaron abandonadas y fueron ocupadas a lo largo de los años ochenta. La mayoría de las familias viven ahí desde hace veinte años.

Cuando Macri vetó la ley que detenía los desalojos, se encontró con un fallo judicial que frenó hasta hoy su avanzada. Ante una presentación de un grupo de vecinos y del legislador de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo, la jueza Helena Liberatori dictó una medida cautelar que detuvo el avance silencioso de la gestión PRO. “No se han tomado recaudos acerca de dónde habrían de ser trasladadas las personas a desalojar, sin contemplar qué sucede con los niños”, advirtió Su Señoría en ese fallo. Para la gestión PRO, era tiempo de intentar otro camino.

Everything must go

“Desarrollar todo tipo de operaciones inmobiliarias relacionadas con los inmuebles que le transfiera la ciudad o que adquiera por el producto de su actividad.” Ese es el objetivo que Macri fija en el estatuto de la Corporación Puerta Norte. Sus atribuciones no podrían ser más amplias: “Tendrá plena capacidad para, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, comprar, vender, permutar, dar en locación, en leasing, fideicomiso, explotar y administrar bienes urbanos y rurales; licitaciones públicas o privadas, viviendas individuales, y colectivas o ampliaciones, la realización de loteos, fraccionamiento y todas las operaciones sobre inmuebles que regula el régimen de la propiedad común”.

Macri le fija a su corporación un plazo de existencia de 99 años. La gestión transmitirá los bienes de las trazas de la ex AU3, ex AU5, ex AU7 y ex AU8 a la corporación a través de un fideicomiso. Su directorio tendrá cinco miembros designados por el gobierno porteño. El proyecto de ley de Macri establece que “los miembros del directorio no recibirán retribución alguna por el desempeño de sus funciones en tanto el fideicomiso no genere beneficios”. Deberán entregar, además, una caución de 20 mil pesos “en garantía del buen desempeño de sus funciones”.

El proyecto de ley autoriza al gobierno porteño a reasignar partidas para crear la corporación y para hacer una transferencia del Presupuesto que sirva para solventar gastos corrientes de esta entidad por seis meses, con una posible prórroga de un año. La corporación podrá, además, recibir donaciones y legados, y “todo otro recurso lícito”. Su capital social inicial será de 600 mil pesos, pero –según las valuaciones actuales de los terrenos que venderá– manejará millones de dólares.

Macri señala que “la finalidad es realizar actividades comerciales que generen mayores ingresos”. Y asegura que esos fondos serán destinados luego a políticas de vivienda, salud, educación y transporte, aunque no establece cómo. Y hace un auto de fe sobre las ventajas de la gestión privada sobre la pública: la corporación tendrá una “capacidad de actuar en el ámbito del derecho privado, desarrollando actividades comerciales con mayor eficiencia y flexibilidad que la administración central”.

Página/12 consultó a diversos funcionarios de primera línea del gobierno porteño, que no quisieron hacer comentarios sobre el proyecto. Sí lo defendió el presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura, Cristian Ritondo. “Intenta dotar de agilidad a un tema muy postergado. Y como tenemos en el directorio de la Corporación Sur representantes de la oposición, seguramente los tendremos aquí”, dijo.

El PRO planea un paso fast track de la ley por la Legislatura: llegará a Obras Públicas y pasaría directo a Presupuesto, sin atravesar las comisiones de Vivienda y Planeamiento, como hubiera ocurrido con el proyecto anterior del macrismo para desalojar a los vecinos.

Sin control

“Es un atajo para poder gestionar con controles débiles, porque este tipo de sociedades se rigen por la Ley de Sociedades Comerciales y eluden todas las reglas de la administración pública. Por ejemplo, la ‘ley Michetti’, que es la ley de compras de la ciudad. Tienen la posibilidad de crear sus propios reglamentos. Tampoco aplicaría la ley de obra pública, que hace a la transparencia”, advirtió la auditora general de la ciudad, Paula Oliveto, quien sostuvo que esta práctica ya es común en el macrismo: “En el caso de Corporación del Sur, el régimen de contrataciones es más amplio y con menos controles de lo que implica la ley de compras. En el caso de AUSA, también”. “Si se vende un bien del gobierno sin hacerlo a través de esta corporación, hay que llamar a licitación del Banco Ciudad, aplicar un remate y esto implica muchos controles. No se lo puede vender a cualquiera”, explicó la dirigente de la CC.

“Bajo el imperio de sus ideas, le preguntaría a Macri si estaría de acuerdo en postergar esto para después del 10 de diciembre”, ironizó el kirchnerista Juan Cabandié. “Así como condicionó el presupuesto para la infraestructura escolar vendiendo las torres de Catalinas Norte, no sorprende que Macri ahora haga esto”, sostuvo. “Me parece un accionar errático, porque venía con un planteo de desalojar a la gente a través de un decreto y una ley. Frenó de golpe y decidió mandar esta nueva ley que muestra la intención final”, analizó Di Filippo, presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura. “A los vecinos por fuera de la traza les decían que iba a ser un emprendimiento donde todos iban a participar. Y en lugar de eso van a hacer esta corporación que tiene un fin claramente inmobiliario”, cuestionó. “Dicen que los directores no iban a cobrar para evitar el gasto político. Y se olvidaron a decir que van a tener una comisión de la ganancia. Es casi un McDonald’s”, graficó.

El presidente del bloque de Diálogo por Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, sostuvo que “podría haber un mecanismo para obtener votos de algunos diputados cuyos mandatos vencen a fin de año a cambio de cargos en esa corporación”. Por su parte, el legislador de la CTA, Martín Hourest, remarcó que “no es menor lo del fondo fiduciario. Con esos emprendimientos con terceros, están esperando que haya condiciones en el mercado para asociarse con un privado. Y allí la dirección estratégica del territorio la va a marcar el privado, como ocurre en la Corporación Sur, que se convirtió en una inmobiliaria para lavar dinero”.