Si la cabeza que se pondrá la gorra es de un agente de Control de Transporte del Gobierno porteño, entonces costó 49,90 pesos. En cambio, si la usa un flamante policía metropolitano, el precio habrá sido de cien pesos. Los pantalones de sarga que visten los agentes de tránsito le costaron 107 pesos a la gestión PRO, mientras que los de la Policía Metropolitana salieron 280 pesos. Según un estudio del legislador Eduardo Epszteyn, las diferencias entre una licitación de ropa para el Cuerpo de Control de Tránsito y de una compra sin licitación para la Metropolitana llegan hasta un 180 por ciento de sobreprecio.

“No es sólo el sobreprecio: se creó la policía en octubre del año pasado por ley. Hasta junio, no hicieron nada. ¿No sabían que necesitaban patrulleros, ropa, armas? En junio convocaron a un concurso privado de amigos, que se anotaron como proveedores pocos días antes. Concursan y tienen precios cien por ciento más caros que si los hubieran licitado. Esto pareciera ser una compra amañada”, aseguró Epszteyn a Página/12. “Montenegro se tiene que ir y llevarse a los espías que tiene contratados para espiar a la política porteña”, denunció el jefe del bloque ibarrista en la Legislatura.

Macri anunció que por la “escasez de recursos” va a priorizar la seguridad, el transporte y el desarrollo social. Su discurso parece hablar de una época de ajustarse los cinturones. Sin embargo, Macri flexibilizó los mecanismos para compras a través del decreto 329/08 (que, curiosamente, no se encuentra en la web del Gobierno porteño). Allí el jefe de Gobierno estipuló que los gastos que “por la celeridad con la que deben llevarse a cabo no puedan ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o mediante el régimen de cajas chicas” tendrán mayor flexibilidad: el Ministro de Hacienda podrá autorizar pagos y transferencias sin limite, y aprobar “gastos de imprescindible necesidad” también sin limitación. El requisito que fijó Macri es que “se trate de operaciones impostergables”. Con este decreto se hicieron las compras de ropa, motos y patrulleros de la Metropolitana.

Con la divisa mágica de “carácter de imprescindible y urgente”, el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, autorizó el 19 de junio la compra de 15 motos y 15 patrulleros que costaron prácticamente lo mismo: 990 mil pesos. El 22 de julio, aprobó la compra de ropa para 600 agentes de la Policía Metropolitana por 935.400 pesos. En todos los casos, mediante el decreto de Macri. El 27 de julio compró 850 armas por cuatro millones de pesos a la única empresa que provee las Beretta PX4 Storm con mira nocturna que añoraban.

Cadetes, última moda

En el caso de la compra de vestimenta para los reclutas del Instituto Superior de Seguridad Pública, el equipo de Epszteyn hizo una comparación contra una licitación que se hizo dos meses antes para el Cuerpo de Control de Tránsito y Transporte (ver cuadro). Un par de guantes con polar costaron para la Metropolitana 68 pesos el par, mientras que en la licitación de Tránsito la empresa Alfagrama los proveyó a 24 pesos, lo que representa más de 180 por ciento de sobreprecio. Una tricota (pullover) estaba a 129 pesos en mayo para Tránsito, pero en julio le costó a la Metropolitana 260 pesos. Una inflación del cien por ciento.

Los pantalones institucionales de sarga costaron 173 pesos más que en la oferta que existía hace dos meses de la empresa La Bluserie. Sin embargo, en las estimaciones de precios que había presentado a Montenegro el comisario retirado Carlos Kevorkian, los pantalones iban a costar 308 pesos y el monto total de la compra excedía el millón. Voceros del ministerio se limitaron a responder que “se siguieron todos los pasos para la compra, que se hizo así por la urgencia, y la denuncia es poco seria”.

“Todo el mecanismo de compra pareciera estar preparado para comprarles a amigos. No se justifica de ninguna manera la urgencia. Hay un abuso de un decreto de Macri que, de por sí, roza la ilegalidad, porque elimina los límites para que los ministros compren por concurso privado”, advirtió Epszteyn, quien cuestionó, además, “las compras dirigidas de armas, patrulleros y motos”.

Según reveló Montenegro en un reportaje después de la renuncia de Jorge “El Fino” Palacios, el ex jefe de la Policía no fue ajeno a ninguna de esas licitaciones: “El Fino no puede denunciar nada porque estaba al tanto de cada compra, de los autos, de las armas y de las evaluaciones que hizo la Policía, de todo”, aseguró Montenegro. Así, Palacios intervino en otra compra controvertida, como la de pistolas Beretta PX4 Storm. La compra directa se hizo con la empresa Trompia, la única que vende la marca Beretta en la Argentina, cuyo propietario Juan Carlos Modestini no estaría en malos términos ni con Palacios ni con el nexo entre ambos: el ex ministro del Interior menemista Carlos Corach, cuyo hijo trabaja en el Ministerio de Justicia porteño.

Esta semana, el abogado Ricardo Monner Sans presentó una denuncia penal contra Montenegro por la compra de las motos y los patrulleros, cuya similitud en el precio es sorprendente; cada Meriva costó 66.380 y cada moto Honda, 66.149,59 pesos. Las empresas ganadoras se inscribieron al registro de proveedores en abril, poco antes de la compra. El equipo de Epszteyn advirtió que los requisitos para las motos fueron excesivamente puntualizados: únicamente aceptaron motos de más de 650 cm3 de cilindrada, con especificaciones técnicas que sólo cumplía el modelo “N t700” de Honda.

En su denuncia, Monner Sans señaló, además, que ambas compras se habrían desdoblado para eludir los mecanismos de control previstos para contrataciones de más de un millón de pesos: las motos costaron 992.243 y los patrulleros, 995.700 pesos. También pidió que se investigue una posible violación en la Ley de Compras porteña, en el inciso que plantea que los oferentes no pueden “dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva” a los involucrados en la licitación.

Como informó Página/12, Palacios se compró por 176.700 pesos un Mercedes Benz C-200 Kompressor Avantgarde en la concesionaria Ciglutti-Guerini, de la que es directora Isabel Ciglutti Seijo. Ciglutti integra junto con Rubén Alfredo Loiácono la empresa Roycan S.A. que, a la sazón, ganó la compra de patrulleros. El vicepresidente de la concesionaria en la que Palacios compró el Mercedes Benz es Leonardo Ciglutti, socio de Loiácono en una concesionaria Hyundai de Olivos. En el ambiente fierrero, se comenta que Loiácono corre en Turismo Nacional con Chevrolet Astra (ocupa el puesto 41). Y Palacios no se pierde ni una carrera.