Con la firma del decreto 189 de 2010, Cristina Fernández de Kirchner confirmó ayer la remoción de Martín Pérez Redrado al frente del Banco Central, como aconsejó por “mayoría” la Comisión Bicameral el martes por la noche de acuerdo con lo que establece la Carta Orgánica de la entidad. La Presidenta dio por terminado el culebrón veraniego con los mismos argumentos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 18 que eyectó a Redrado el 8 de enero y que pocas horas después frenó una fallo judicial: “Por incurrir en mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Para Elisa Carrió, en cambio, el nuevo decreto presidencial fue una forma de “reconocer la ilegalidad y nulidad” del DNU 18.

Aunque había esperado con cierta ansiedad la resolución de la Comisión Bicameral, que emitió el “consejo” no vinculante a favor de la destitución de Redrado, la Presidenta prefirió tomarse unas horas más para definir los pasos legales a seguir. El decreto simple firmado ayer tiene apenas dos artículos. “Confírmase la remoción del licenciado Hernán Martín Pérez Redrado del cargo de presidente del BCRA, dispuesta en el artículo primero del decreto 18/2010, por incurrir en mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, dice el primero. El segundo es de forma.

La elaboración del decreto estuvo en manos del secretario general de la Presidencia, Carlos Zannini. De esta manera su cumplieron todos los pasos previstos en el artículo 9 de la Carta Orgánica del Central para la remoción de su presidente: la conformación de la Comisión Bicameral que elabore un consejo no vinculante –que no condiciona la decisión final del Ejecutivo– y el decreto simple que ratifique la remoción.

El discurso presidencial de ayer dejó en claro que la decisión de desplazar al presidente del Central es una atribución del Ejecutivo. También ratificó en el nuevo decreto, los mismos argumentos que utilizó en el DNU 18 para echar a Redrado, publicado en el Boletín Oficial el 8 de enero y frenado apenas unas horas después por un fallo de la jueza María José Sarmiento, que hizo lugar a un amparo interpuesto por el propio Redrado. La magistrada argumentó que debía convocarse a la Comisión Bicameral en cumplimiento de la Carta Orgánica del Central. Aunque, huérfano del apoyo opositor que había recibido al comienzo de su resistencia, el ex Golden Boy decidió renunciar antes de que la Bicameral respaldara la decisión de echarlo.

Ante la decisión de la Justicia, la Presidenta solicitó entonces a la Cámara de Diputados que convoque a las comisiones de Presupuesto y de Finanzas y que éstas eligieran sus autoridades, cuyos presidentes (el kirchnerista Gustavo Marconato y Alfonso Prat Gay, respectivamente) integrarían la Bicameral, que no contó con senadores porque la Cámara alta postergó, ante la falta de acuerdo entre oficialismo y oposición, la sesión preparatoria para conformar sus comisiones hasta fines de febrero. Incluso, Cristina Kirchner solicitó a Julio Cobos que ponga en funcionamiento la Bicameral, que también de acuerdo con la Carta Orgánica del BCRA debe presidir el presidente del Senado.

Cuando se puso en marcha la tarea legislativa, la mayoría de las fuerzas parlamentarias opositoras reclamaron la anulación del DNU presidencial que echó a Redrado con el argumento de que “la Comisión Bicameral no podía expedir un consejo al Ejecutivo sobre una decisión ya tomada”.

Varios estrategas del oficialismo, consultados por Página/12, recurrieron a la misma larga explicación para afirmar que no hacía falta anular el DNU 18. “La Presidenta recurrió al DNU porque el Congreso estaba en receso y las comisiones, cuyos presidentes deben componer la comisión especial que establece el artículo 9 de la Carta Orgánica del Central, porque las mismas no estaban conformadas ni tenían autoridades, aunque el DNU también tiene que ser ratificado por el Parlamento. Pero como la resolución final de la Justicia (que adoptó la Cámara tras la apelación del fallo de Sarmiento) dijo que para nombrar al reemplazante de Redrado había que recurrir a la vía ordinaria que establece la Carta Orgánica, que es habilitar la intervención parlamentaria, así se hizo”, afirmaron, palabras más o menos, todos ellos.

Ayer ningún dirigente opositor cuestionó los pasos legales del Gobierno. Aunque Carrió salió a criticar los pasos previos de la Presidenta y justificar su postura política, que terminó presionando a Prat Gay para que revierta su postura y vote en contra de la destitución de Redrado en la Bicameral, tomando distancia del Gobierno y de Cobos.

A través de un comunicado, la presidenta de la Coalición Cívica y jefa de su bloque de diputados afirmó que el nuevo decreto de Cristina Kirchner fue una forma de reconocer la “ilegalidad y nulidad” del DNU y “demostró de qué manera se hubiera evitado semejante desastre jurídico y político”. “Es un acto administrativo que al invocar el cumplimiento de la Carta Orgánica del BCRA en relación con el consejo de la Comisión Bicameral del Congreso, deja sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia que suspendía tales normas”, argumentó Carrió en su comunicado. La única coincidencia con el Gobierno, pero que aleja cualquier posibilidad de volver a judicializar la decisión.