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“Es una situación parecida a la que se generó con las AFJP: había coincidencia de que el sistema era defectuoso, pero a todos preocupó semejante masa de recursos a disposición del Gobierno.” La sentencia de Ignacio de Mendiguren, secretario de la Unión Industrial Argentina, sintetiza a la perfección una idea que hermana la visión patronal respecto del Fondo del Bicentenario: es un buen recurso en la medida en que sirva para disminuir deuda, pero resulta peligroso al liberar fondos presupuestarios que podrían utilizarse con otros fines sin estricto control.

Aunque el Fondo del Bicentenario respetara el propósito que inspiró su creación –garantizar el pago de deuda–, disponer de 6500 millones de dólares para ese fin otorgaría mayor margen de maniobra al poder político para utilizar los recursos del Presupuesto para otras aplicaciones hoy no precisadas. Por esta vía indirecta, el gobierno nacional podría encontrarse durante el ejercicio con algo más de 25 mil pesos adicionales para gastar a su arbitrio, una posibilidad que los hombres de empresa miran con antipatía.

Esa chance es, en definitiva, la contracara de un recurso que sí les apetece, como es el Fondo del Bicentenario en su concepción original. En la medida en que el poder central avance en soluciones de la deuda pública, las propias empresas tienen mayores chances de conseguir financiamiento barato. Es lo que ayer explicaba el presidente de una prestadora de servicios públicos, lamentándose de haber tenido que postergar la colocación de una obligación negociable a la espera de obtener crédito con un interés menor, ya que el 14 por ciento que le reclamaron le resultó un dislate frente al “6 por ciento que puede pagar una firma uruguaya”.

La Unión Industrial Argentina aún no fijó posición sobre el tema, y sus dirigentes recién discutirán cara a cara lo que por ahora sólo conversaron telefónicamente en la reunión de Comité Ejecutivo del martes. Mientras esa posición corporativa madura, De Mendiguren plantea claro uno de los dilemas de la política pública, originado en la necesidad de conseguir el dinero para cancelar la mitad de los vencimientos del año. “La deuda hay que pagarla. O se usan las reservas o se va a un ajuste ortodoxo, achicando el gasto público y enfriando la economía”, sentencia el dirigente fabril, sugiriendo que es mejor lo primero que lo segundo.

Desde el sector bancario también hay preocupación por la escasez de fondos estatales para afrontar los vencimientos externos del Gobierno, al punto de que algunos banqueros especulan con que la Nación pueda colocarles compulsivamente un bono contra sus depósitos en dólares si la recaudación flaquea. Ante esto, aplauden con ganas el uso de reservas para afrontar las obligaciones públicas.

“Si no se compromete la estabilidad de la política monetaria, porque el Central tuviera reservas excedentes a las que necesita para defender el tipo de cambio, no está mal que se utilicen los dólares para el pago de deuda y así se libere dinero para alentar la economía”, se animaba ante este diario Enrique Wagner. Como titular de la Cámara Argentina de la Construcción, su visión está lejos de ser desinteresada. El Presupuesto de este año para obra pública es un 20 por ciento superior al del año pasado, pero el salto podría ser aún mayor si la Nación está más suelta de caja.

“Todo depende de para qué se va a usar el dinero”, relativiza el titular de la Cámara de Comercio, Carlos de la Vega, rubricando la idea eje del pensamiento patronal: pago de deuda sí, aumento de gastos corrientes, no.