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La prestación que otorga la Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevó de 180 hasta 220 pesos, según anunció ayer la Presidenta, Cristina Fernández. Es un aumento del 22,2 por ciento, que beneficia a 3.684.000 de chicos y tiene un costo fiscal de 1768,8 millones de pesos anuales, según los datos oficiales de la Anses. Los beneficiarios comenzarán a percibir la actualización en septiembre, es decir que la cobrarán a principios de octubre. Como hasta ahora, cada mes se retendrá el 20 por ciento, a pagar una vez al año a principios del período lectivo, contra presentación de la libreta de vacunación y asistencia escolar. El estipendio para hijos con discapacidad se incrementó de 720 a 880 pesos.

La discusión sobre la movilidad de la Asignación Universal por Hijo se abrió a raíz del avance de los precios, que deteriora en términos reales el beneficio. Sobre todo a partir de la escalada que a principios de año tuvieron los alimentos, empujados por la suba en la carne. Según los datos del Indec, la canasta que mide la indigencia –que reúne en cierta forma el universo de consumo de los beneficiarios del plan– creció en forma anual un 20,5 por ciento, mientras que la canasta básica total lo hizo en 15,8. Para las estimaciones privadas, de desconocida metodología, los incrementos fueron aún mayores.

Frente a este panorama, el aumento en la Asignación Universal por Hijo permite que los inscriptos continúen percibiendo un beneficio similar al que obtenían a fin del año pasado en términos reales. Fue decretado por el Ejecutivo y es una respuesta a parte de la oposición y organizaciones sociales que reclamaban que el subsidio se estaba viendo deteriorado por la inflación. La medida anunciada ayer contempla las pautas que establece la reglamentación del decreto original, que indica que la AUH debe acoplarse al movimiento en las asignaciones familiares, que también aumentaron (ver aparte).

La AUH supone la extensión de las asignaciones familiares hacia los hijos de desocupados y trabajadores no registrados que cobren por debajo del salario mínimo, aunque en la práctica esta restricción no se cumpla, por ser de difícil constatación. Además, el régimen se amplió para las empleadas domésticas y monotributistas sociales. El beneficio pasará a ser de 220 pesos mensuales desde septiembre y de 880 el destinado a los chicos con discapacidades. De ese monto, el 20 por ciento –igual que antes del aumento– es retenido por la Anses y el beneficiario lo puede cobrar una vez al año, sólo si cumple con las condicionalidades sanitario-educativas. Requiere poseer el certificado de vacunación al día, haberse inscripto en el Plan Nacer y acreditar la asistencia escolar. El beneficio llega a 3.684.441 chicos, con un impacto fiscal, antes de esta suba, mayor a los 7 mil millones de pesos. En forma mensual, el aumento supone erogaciones por 147,4 millones de pesos, con una estimación anual de 1768,8 millones.

El impacto de la AUH es muy importante en diferentes aspectos. En primer plano resalta que la indigencia por ingresos habría bajado alrededor de un 69 por ciento, mientras que la caída de la pobreza rondaría el 30 por ciento. En términos de desigualdad, la diferencia de ingresos entre los sectores más ricos y más pobres se estaría viendo reducida, en especial en las regiones del Noreste y Noroeste del país. En tanto, según las cifras del Ministerio de Educación, se habrían incorporado al sistema unos 250 mil chicos, sobre todo en el nivel secundario, un segmento donde suele ser más alta la deserción. Además, la AUH es también una activa política macroeconómica, impulsando el consumo y el despegue en la actividad, que en el acumulado del año supera el 8 por ciento.

“La recomposición de la Asignación Universal por Hijo permite recuperar lo que la inflación erosionó desde que existe esta medida. Es importante sostener el valor de este beneficio y ahora sería necesario avanzar con la franja de los monotributistas y los indocumentados, para terminar de saldar la deuda con ese sector de la sociedad, que no puede acceder a derechos básicos”, sostuvo Hugo Yasky, titular de la CTA, a Página/12. La centroizquierda también reclama que la movilidad de la AUH, tal como sucede con las jubilaciones, se establezca por ley.