Mientras una foto en tamaño real de una fosa común exhumada en 2007 conmueve a quienes atraviesan la Puerta del Sol de Madrid, los diarios de España reflejaron ayer la satisfacción que generó en familiares de víctimas del franquismo y en las asociaciones que los nuclean la resolución de la Cámara Federal porteña, que ordenó investigar en la Argentina los delitos de lesa humanidad cometidos durante la larga noche de la dictadura, entre 1936 y 1977.

“Esperanza por la reapertura en Argentina de la causa del franquismo”, tituló El País. “La Justicia argentina reabre la investigación de crímenes del franquismo”, informó El Mundo. La Cámara le ordenó a Servini de Cubría “que anule el ‘carpetazo’, abra una causa penal y tome medidas”, resumió su corresponsal Juan Irigaray. “Las víctimas, satisfechas por la reapertura de la causa contra los crímenes del franquismo en Argentina”, tituló La Vanguardia. “Alegría y expectación embargan a las víctimas”, sintetizó Público.es.

Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que en abril se presentó como querellante junto con un grupo de organismos de derechos humanos argentinos, admitió que existía “mucha ilusión en este proceso”. Máximo Castex, uno de los abogados que presentó el escrito, celebró también la segunda resolución de la Cámara, por la que se aceptó como querellante a Inés García Holgado, sobrina-nieta de un ex alcalde de Salamanca fusilado en 1936. “Las víctimas del franquismo son en muchos casos sobrinos-nietos”, que “ahora pueden presentarse en la causa como querellantes”, explicó.

Desde la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, que esta semana instaló en el kilómetro cero de Madrid la imagen de una fosa común con 27 esqueletos en el norte de La Andaya, en Burgos, calificaron como “lamentable paradoja” que España, ejemplo de desarrollo del derecho internacional frente a delitos de lesa humanidad, deba recurrir a terceros países para saldar cuentas con su pasado. “Esperamos que, al margen de los asuntos políticos, se haga una lectura honesta de la realidad y de cómo están actuando los jueces”, ya que han acudido en muy escasas ocasiones a la apertura de decenas de fosas que se han practicado, afirmó un portavoz de la organización.

Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Memoria Social y Democrática, calificó de “acertada” la decisión del tribunal argentino y destacó que no existe incompatibilidad entre los avances que puedan registrarse en los juzgados territoriales y la investigación que pueda realizar Servini de Cubría.

El vicepresidente de la ARMH se mostró escéptico sobre la respuesta que podría dar el gobierno español al exhorto diplomático ordenado por la Cámara. “Cuando presentamos la querella, José Bono (socialista, presidente de la Cámara de Diputados) dijo que locos había en todas partes. Si responden que en España ya se ha investigado, estarían mintiendo, y todo el que está afectado tiene derecho a saber por qué. Lo único que hay es una ley de memoria que da subvenciones a los familiares para que busquen a sus desaparecidos”, explicó. “Si el gobierno respeta tanto a la Justicia como dice, incluso cuando toma la decisión que ha tomado sobre el juez Baltasar Garzón (suspendido en su cargo, acusado de prevaricar), debería respetar también a la Justicia argentina, que en este aspecto ha hecho bastante más que la española”, planteó Macías. También criticó a los magistrados de su país. “Es muy grave que los jueces no estén cumpliendo la ley a sabiendas”, dijo, y recordó que cuando las asociaciones les informan del hallazgo de fosas, los jueces “dictan sobreseimientos sin ver los restos”.

Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, destacó que “el Estado español no reconoce los delitos de lesa humanidad que provocó el franquismo”. “La Justicia argentina le está recordando a la española la negación de esa situación y, por ello, la falta de una investigación” con vistas a obtener justicia. Escudero consideró que, aunque no existan medidas coercitivas que fuercen la voluntad del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, “el Estado español estaría incumpliendo con las responsabilidades que adoptó al suscribir los tratados en Cooperación Judicial” si su Poder Judicial no se abocara a investigar los crímenes, o bien a responder a los pedidos de Argentina.