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Si hay algo que distingue a la Corte Suprema actual, y que marca una diferencia abismal respecto de su antecesora, es su voluntad de comunicar: sacar los expedientes de las tinieblas, hacer audiencias públicas, poner los fallos en Internet al alcance de cualquier mortal. Como parte de esa política, el tribunal creó el Centro de Información Judicial (CIJ), una agencia de noticias que difunde lo que pasa en causas de cierta trascendencia y las novedades de carácter más institucional. A esta altura, es un sitio de consulta diaria para quien quiera que tenga algo que ver con el mundillo judicial y una herramienta para los periodistas. Lo que se publica allí repercute siempre en alguna parte. Y tiene un plus de credibilidad y aspecto de neutralidad por el hecho de pertenecer a la Corte, a esta Corte. A pesar de todo esto, el lunes pasado ocurrió algo desconcertante: el CIJ publicó una noticia que no era cierta. “El Poder Ejecutivo recortó casi el 40 por ciento del presupuesto de la Corte”, tituló.

Tal como estaba presentado, el tema tenía una sola interpretación posible: el Gobierno le saca fondos a la Corte. Pero al avanzar en la lectura en detalle se advertía que la realidad era otra. Que al enviar el proyecto de Presupuesto 2011 al Congreso, el Poder Ejecutivo había propuesto darle menos de lo que la Corte pedía. Pedía 1273 millones, le conceden 918 millones, casi 40 por ciento menos. Tampoco es menos de lo que tenía: el tribunal empezó 2010 con 745 millones de pesos.

Denunciar un “recorte” parecía una respuesta, o un ataque, o una defensa, según como se mire. No era una noticia cualquiera ni en cualquier contexto. Se difundió un día antes de la concentración para pedir la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y unas horas después de las críticas de Cristina Kirchner y su marido a los jueces que son dóciles al poder económico. El clima ya venía caldeado tras el fallo contra el gobernador de Santa Cruz, y el que ordenaba extraditar al chileno Galvarino Apablaza Guerra.

La noticia del CIJ (que quizás, aclaremos, no hayan alentado todos los supremos) recorrió las pantallas de televisión y la tapa de los grandes diarios, los mismos que le piden a la Corte que impida aplicar la ley de medios. En el caso del grupo Clarín, hay una demanda concreta en la que el tribunal aún debe decidir si lo exime del plazo de desinversión de un año. La Corte tiene muchos caminos para expresar su descontento por el presupuesto o por lo que digan de ella. Utilizar su agencia de noticias no parece la vía más feliz, en especial por el modo elegido, que reproduce la lógica de moda en los medios poderosos, basada en instalar mensajes tramposos, con gran influencia en el humor social. Es como cuando informan que la viuda de David Graiver declaró que vendió Papel Prensa estando en libertad: nadie discutía eso, sino si vendió bajo presión dictatorial y empresarial. O cuando dicen que los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble fueron sometidos a un procedimiento “vejatorio” para obtener muestras de su ADN aunque la policía, al interceptarlos, les permitió estar a solas diez minutos, lo suficiente para haberse cambiado la ropa que tenían puesta desde hacía cuatro horas y entregar prendas que impidieron realizar los estudios genéticos (para determinar si son hijos de desaparecidos) por tener ADN mezclado de varias personas.

Es cosa de todos los años que ministerios, organismos y poderes públicos piden una cifra de presupuesto y reciben menos. Al Poder Judicial le pasa siempre, pero no es motivo de quejas tan resonantes. Lo que pone en evidencia la sobreactuación es que si se toma el presupuesto judicial total (Consejo de la Magistratura más la Corte) de los últimos seis años, no sólo fue en franco aumento sino que la quita para el año próximo sobre lo pedido por la Justicia es la menor de todas.

Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, suele pedir que no se judicialicen los conflictos políticos. Volvió a hacerlo el viernes, en Santa Cruz. Sin embargo, es evidente que la propia Justicia está en una etapa de alta y desembozada politización, que trasciende a este episodio del presupuesto pero quizá lo explique en parte. Sin ir más lejos, los jueces y abogados que más lugares ganaron en las elecciones para renovar el Consejo de la Magistratura hicieron campaña presentándose al mundo como antikirchneristas. Uno de ellos, Ricardo Recondo, un camarista civil de origen radical, festejó su triunfo al grito de: “Ahora vamos a ser mayoría en el Consejo.” La frase apareció reflejada, precisamente, en el CIJ.

La elección de consejeros blanqueó una situación que venía ganando fuerza desde el verano, al punto de que la jueza María José Sarmiento, que bloqueó el uso de las reservas del Banco Central y ordenó reponer a Martín Redrado, integraba la lista de Recondo. También figuraba Olga Pura de Arrabal, la jueza de Mendoza que suspendió la ley de medios en todo el país porque se lo pidió el diputado peronista federal Enrique Thomas. El juez Elvio Sagarra, que frenó la caducidad de la licencia de Fibertel, es apenas una partecita casi anecdótica del entramado.

El reclamo presupuestario aglutina a los jueces como corporación. Sus señorías quieren manejar su dinero y maldicen por necesitar la autorización del jefe de Gabinete para partidas o gastos extras. Piden un cambio en la ley. Denunciar un tijeretazo, aunque no sea tal, no sólo es parte del juego de presiones entre poderes del Estado que pugnan por afirmarse y crecer. Es un gesto de autoprotección: los jueces vienen muy cascoteados en varios frentes. Una muletilla que cultivan dice que la falta de autonomía para decidir sobre su dinero les quita independencia para actuar. La independencia es un slogan favorito en los últimos tiempos. Pero está en jaque, vaciándose de contenido, devastada, desde el momento en que hay jueces que proclaman que lo único que les importa es sacarle poder al partido gobernante.

En la masiva convocatoria del martes último frente a Tribunales se dijeron cosas esenciales sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hebe de Bonafini no fue la única oradora. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por ejemplo, pidió que se reconozca la vigencia de la ley que, destacó, será clave “poder informar y no desinformar”. Esto demuestra la importancia del fallo que está pendiente en el máximo tribunal y le da un cariz aún más preocupante a su difusión de información falsa.

La Corte tiene sintéticamente dos caminos posibles para resolver el caso del grupo Clarín: admitir su gravedad institucional, que plantea el Gobierno en su apelación, y abordar el tema en toda su complejidad; o bien ceñirse a fundamentos meramente formales, que probablemente derivarían en el rechazo al recurso del Ejecutivo, cuyo efecto sería mantener al multimedio eximido de la obligación de desprenderse de sus licencias hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

El miércoles último, el CIJ informó que la Asociación de Magistrados –que preside Recondo– cuestionaba que el Poder Ejecutivo hubiera “convocado a un acto con el único y declarado propósito de imponer a la Corte Suprema una decisión que responda a sus pretensiones y conveniencias políticas”. Pero no se difundía la postura de quienes defendían la concentración que, por otra parte, estaba convocada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que no es el Gobierno sino una amplia representación de la sociedad civil. El derecho de peticionar ante las autoridades, además, es una garantía constitucional, como recordó Mario Wainfeld en estas páginas. Los recortes de la Corte, los que se ejercen sobre la realidad palpable con el objetivo de darle otro aspecto, son los verdaderamente alarmantes, y se contradicen con su afán de transparentarse frente a la sociedad.