La afirmación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, de que los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado forman parte “del contrato social de los argentinos” se pone a prueba en diversos puntos del país, donde sectores del Poder Judicial resisten el avance de esos procesos.

La fundadora y ex presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorobik de Mariani, Chicha, declaró el martes 12 en la causa por el plan sistemático de robo de bebés sobre la desaparición de su nieta, Clara Anahí, en noviembre de 1976. Pese a sus 86 años y precarias condiciones de salud, con ceguera casi total y altibajos de presión, el Tribunal Oral Federal 6 no esperó que concluyera su testimonio y pasó a cuarto intermedio para almorzar. Mariani fue aislada en una oficina, sin las personas que siempre la acompañan. Sólo permitieron que se quedara con ella la directora del programa de asistencia a testigos, Fabiana Rousseaux. El juez del mismo TOF 6 José Valentín Martínez Sobrino irrumpió en la sala e interpeló a Mariani. Había sido apartado de la causa a raíz de una recusación presentada por la propia Chicha Mariani, por la entrega de hijos de detenidos desaparecidos a familias de represores. La denuncia se extendió al ahora juez de la Cámara Nacional de Casación Penal Wagner Gustavo Mitchel y al ex secretario tutelar José Alevatto. En julio de 1976 el juez Mitchell y sus secretarios Allevato y Martínez Sobrino entregaron al subcomisario Osvaldo Parodi el bebé de veinte días Simón Riquelo, secuestrado junto con su madre, Sara Méndez. De no haber sido por la denuncia de Mariani, Martínez Sobrino hubiera actuado en esa causa como juez y parte. El tono melifluo en el que dijo que como secretario no tenía responsabilidad no amenguó la violencia de la situación. El abogado de la abuela, Alejo Ramos Padilla, denunció lo sucedido a la presidente del tribunal María del Carmen Roqueta. Recordó la prohibición de que cualquier persona “aproveche esa situación para mantener una conversación con una testigo/víctima sobre los hechos que lo tienen como protagonista y de los que la testigo habría de deponer en la audiencia”. Roqueta, cuyo trato durante la audiencia fue encomiado por Mariani, se disculpó y prometió tomar medidas. Martínez Sobrino sigue siendo vicepresidente del mismo tribunal, mientras otro juzgado y el Consejo de la Magistratura examinan su conducta.

Si éste es un caso particular, en Cuyo toda la jurisdicción ha sido puesta en emergencia por varios camaristas, acusados por complicidad en crímenes de lesa humanidad. Coordinados por el hombre fuerte de la justicia cuyana, Otilio Roque Romano, han dejado en libertad a todos los procesados por gravísimos delitos, primero en Mendoza y ahora en San Juan. Uno de esos jueces, Luis Miret, fue suspendido por el Consejo de la Magistratura y presentó su renuncia; otro, Julio Petra ya está citado a declarar ante el Consejo, que con alta probabilidad también lo suspenderá. Pero quien encabeza la resistencia es Romano, quien con un ardid burdo y la firma del propio Petra y del juez miembro del Consejo de la Magistratura Miguel Gávez, consiguió el apartamiento del juez Walter Bento, que lo había procesado. También obtuvo un certificado médico falso para impedir que avanzara su enjuiciamiento, amenazó de muerte al fiscal Omar Palermo, que impulsó las investigaciones y, con la complicidad de un juez subrogante amigo suyo, desconoció las facultades constitucionales del Consejo de la Magistratura que había comenzado el procedimiento de juicio político en su contra. Romano dice que el Consejo no puede juzgar actos que realizó cuando era fiscal. Pero como ahora es juez, tampoco podría enjuiciarlo el ministerio público, lo cual le garantizaría completa impunidad. Al exponer ante el Consejo de la Magistratura, el Procurador General Esteban Righi dijo que el apartamiento de Bento no sólo había tenido efectos jurídicos sino también médicos, ya que de inmediato Romano se curó y dio por terminada su licencia. El Consejo no se decide a reivindicar sus facultades constitucionales. La semana pasada, Petra, Alfredo López Cuitiño y Enrique Sosa Arditti (un juez jubilado, padre del defensor del ex represor Carlos Rico Tejeiro) dejaron en libertad a todos los procesados de San Juan por las torturas al actual gobernador José Luis Gioja, a la actual jueza Margarita Camus y a la ciudadana francesa Marie Anne Erize, quien además fue violada y asesinada. Entre los liberados está el mayor del Ejército Jorge Antonio Olivera, pese a que estuvo prófugo de la justicia y fue detenido con un documento falso. Olivera consiguió fugarse una vez de Roma, con ayuda de la inteligencia del Ejército, que falsificó un documento y con la asistencia del abogado de la Logia P2, Augusto Sinagra. En la última sesión del Consejo de la Magistratura el abogado Santiago Montaña, los legisladores radicales Ernesto Sanz y Oscar Aguad; los oficialistas Marcelo Fuentes, Nicolás Fernández, Carlos Kunkel y Héctor Masquelet, plantearon avanzar con el juicio político a Romano pese a la medida cautelar que en forma inconstitucional paraliza al Consejo. Pero la oposición de los jueces Luis Bunge Campos y Luis Cabral, del académico Mariano Candiotti, del abogado Pablo Mosca y la diputada Diana Conti hizo que se decidiera pedir una audiencia pública a la Corte Suprema para destrabar esta absurda situación, en la que un grupo de amigos ha convertido el fuero federal cuyano en una barricada de resistencia contra la Constitución y las leyes, para asegurar la impunidad de su caudillo. Más allá del burdo error del Consejo que resignó sus facultades ante el capricho de un abogado de la matrícula mendocina, se impone la intervención de la Corte en respaldo de las definiciones de su presidente, para que no se transformen en palabras vanas y se consume la peor burla a la Justicia.